Residencias en precario

Profesionales, familiares y expertos afirman que la falta de personal es uno de los principales problemas en las residencias de la Comunidad de Madrid, que aún se guían por ratios fijadas en los años 90.

Residencia de mayores de Mirasierra
Concentración a las puertas de la residencia de mayores de Mirasierra el 21 de julio de 2017.

publicado
2018-09-19 06:33:00

El 9 de mayo de 2017, Jesús Navarro era el único enfermero que trabajaba en el turno de noche de la residencia para personas mayores de Arganda del Rey (Madrid). Junto a él había diez auxiliares para atender a 343 residentes. Más de 30 ancianos por trabajadora a los que cambiar pañal, cambiar de postura, dar ‘recenas’ y pastillas. Jesús, por su parte, se encargaba de preparar la medicación para el día siguiente. Una dosis por paciente y por comida, seleccionadas cuidadosamente. Más de 1.300 bandejitas preparadas, como cada noche desde hacía ocho años.

El día ya se asomaba a la puerta cuando Jesús recibió un mensaje de WhatsApp. Eran las seis de la mañana y los auxiliares le avisaban de que debía subir de manera urgente a la sexta planta. “Ha pasado algo gordo”, pensaba para sus adentros mientras se apresuraba a socorrer la urgencia.

“Me encontré a una mujer tirada en el suelo, en el lado izquierdo de la cama, con la pierna derecha semiamputada a la altura del tobillo, atrapada en la barandilla. Bajé a por material, volví a subir, llamé a la policía, a los bomberos… Era un enfermero solo y era incapaz de ayudarla sin recibir ayuda; me generó un gran estado de estrés y ansiedad”, describe atropelladamente. Al mismo tiempo se encargó de comunicar lo ocurrido al director del centro. “Le llamé tres veces y no me lo cogió. Llamé a su mujer, que también trabajaba en la residencia, tampoco lo cogió. Aquella noche fue la gota que colmó el vaso. Decidí denunciar los hechos ante la Fiscalía, que ha abierto una investigación”.

Cecilia, de 93 años, fue trasladada al hospital y murió a los pocos días por las heridas de la pierna. La Comunidad de Madrid describió lo ocurrido como un “accidente”, pero Jesús insiste en que fue totalmente evitable. “Que una persona muera porque una barandilla no tenga un buen mantenimiento es un accidente evitable. Yo hice vídeos de cómo estaban las barandillas, todas tambaleándose. Ahora todas tienen que ir con centinelas, cojines que van entre la barandilla y la persona para que no puedan meter ni la pierna ni el brazo”, relata. La Comunidad también dijo que la ratio se cumplía. Aseguraron que aquella noche había 14 auxiliares, tres enfermeros y un fisioterapeuta. “Eso es mentira”, sentencia el enfermero.

A vueltas con las ratios

Profesionales, familiares y expertos coinciden en que la falta de personal es uno de los principales problemas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Los centros aún se guían por ratios fijadas en los años 90. Concretamente en el Decreto 91/1990. En él se establece que el porcentaje de personal debe ser de 25 trabajadores por cada cien usuarios no dependientes y de 35 trabajadores por cada cien usuarios dependientes. El problema es que los tiempos han cambiado y hoy la tasa de grandes dependientes es mucho mayor.

“En la actualidad hay un 80% de personas con grado 3 de dependencia, que son personas a las que se les tiene que hacer todo. La gente que no tiene dependencia suele apurar al máximo para estar en su casa”, explica Raúl Camargo, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y ponente de una nueva ley que se está cocinando en el Parlamento autonómico.

Por otro lado, en la ley no se diferencia entre categorías profesionales, por lo que es fácil cumplirla si se incluye a cocineras o recepcionistas en los cálculos, estrategia que denuncian familiares y profesionales. Todo esto se traduce en un personal sobreexplotado en un sector altamente feminizado. “Entre las auxiliares de enfermería, un 90% son mujeres, en un sector precarizado hasta extremos tremendos. Hablamos de salarios que pueden ser de 700-800 euros por 40 horas semanales, con mucha carga de trabajo”, explica el diputado autonómico.

Elena Romero es auxiliar de enfermería en la residencia de mayores de Alcorcón y corrobora esta situación. “Llevamos alrededor de 20 residentes por persona. Por las noches se han llegado a quedar tres auxiliares para 220 mayores. Nos hacemos cargo del aseo, reparto de medicación, desayunos, hacemos las camas… todas las tareas asistenciales. La mayoría son grandes dependientes con movilidad cero. No contamos con ayuda de celadores, cuentas con tus manos y con la de alguna compañera. Movilizar a un gran dependiente es difícil, se le termina dando un trato indigno, aunque no quieras. El 80% de las compañeras tiene lesiones en hombros, muñecas o cervicales”, cuenta Romero, quien es delegada sindical del Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS). Y es que el hartazgo les ha llevado a denunciar su situación ante el juzgado de guardia de Alcorcón y, además, han creado una sección sindical.

Las residencias como negocio

Este panorama de precariedad laboral cristaliza en unas condiciones poco dignas para los residentes. Los familiares denuncian que estos establecimientos se han convertido en una máquina de hacer dinero en la que prima el beneficio al bienestar de los mayores. En Madrid existe un total de 427 residencias, de las cuales tan solo 73 son públicas, tal y como reflejan los datos del informe nº 18 de Envejecimiento en red, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid es la novena por la cola en toda España en proporción de residencias públicas.

Dentro de las públicas, una buena parte cuenta con su gestión externalizada. Y aquí es donde muchos hacen caja. “Muchas están concedidas a amigos del PP, como el caso de Aralia, empresa que era de José Luis Ulibarri”, denuncia Camargo. Este empresario, que ha salido recientemente de prisión, está envuelto en la trama Enredadera y también está siendo investigado dentro de la trama Gürtel. A los familiares de los usuarios de la residencia de mayores Parque los Frailes de Leganés no se les escapó este detalle cuando Aralia Servicios Sociosanitarios ganó el concurso en octubre de 2017.

Rafael Adrián, portavoz de los usuarios y familias de la residencia, explica que, ya desde su llegada, con la oferta más barata, hizo gala de ahorro y austeridad. De los más de 14 millones de euros que aparecían en el pliego de convocatoria, el servicio pasó a adjudicarse por 12,5. El resultado de esta “puja a la baja” es la “merma en la calidad de los servicios”. “Hay una falta de personal constante, no se cubren las bajas ni las vacaciones. Esto lo ha comprobado la propia Comunidad de Madrid y les ha sancionado en dos ocasiones”, asegura Adrián.

“También hay muchos problemas con la comida; ponen pescados con espinas. Y la ropa igual, han subcontratado la lavandería y se pierden prendas. Ahora pretenden que las sujeciones las paguemos nosotros”, se queja el portavoz de un grupo de familiares que ante las deficiencias ha pasado a la acción. “Hemos registrado muchas denuncias ante la Comunidad de Madrid, hemos hecho dos concentraciones a las puertas del centro y una manifestación”. Su lucha ahora está focalizada en el servicio de farmacia.

Aralia ha cambiado de proveedor y no dispone de robot para emblistado de medicamentos. Estos se suministran a mano, no garantizando las medidas de seguridad. “En una ocasión se equivocaron con la medicación de uno de los usuarios. Le dieron la medicación de su mujer y estuvo muy malito, para morirse”, expresa el portavoz de los familiares.

Reclamaciones que se acumulan

Pese a la precariedad, estamos ante un servicio que las personas deben afrontar con buena parte de sus ingresos. María Ángeles Bueno, presidenta de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), señala que en las residencias privadas los precios pueden alcanzar los 2.000 euros al mes. “En la pública, a la que se accede a través de la Ley de Dependencia, el precio que se paga es del 80% de la pensión del usuario”, añade.

Bueno lidera una plataforma nacida en 2017 y que agrupa a un centenar de familiares pertenecientes a una veintena de residencias de Madrid. Les unen las miles de denuncias que se acumulan en cada centro. Unas reclamaciones a las que la Comunidad de Madrid contesta “tarde, mal y nunca”. “Tal y como está el sistema montado, la persona no está en el centro de la atención. Están pensadas como negocio y se está mirando el máximo beneficio. Recortan en atención y en personal para conseguir los máximos beneficios”, sentencia.

Estas reclamaciones, en algunas ocasiones, dan el salto a la vía judicial. En la residencia de mayores de Alcorcón ya se han vivido dos investigaciones por la muerte de dos residentes. “A Miguel le encontraron muerto en un banco y llevaba ya tiempo. A la otra mujer la ingresaron en el hospital con una obstrucción abdominal, con heces acumuladas”, cuenta Lola Parra, miembro de la Plataforma de Familiares y Residentes de la Residencia de Alcorcón, tristemente famosa por sus deficiencias. “Los usuarios se escapaban todos los días. A una mujer se la encontraron en Móstoles”, señala. “Hay muchísimos problemas y, además, bastante graves. Caídas, dejadez, falta de higiene, comida de dudosa calidad”, enumera Parra mientras destaca un dato: “Tienen un presupuesto de 5,5 euros por persona y por día para las cuatro comidas”.

Y todo en lugares que hoy copan los grandes dependientes, como el padre de Mar Martín, que se encuentra en la residencia de ancianos Vitalia Leganés, un centro privado con plazas concertadas, la tercera modalidad de ingresos que existe en Madrid. “Con los grandes dependientes hay muy poca estimulación. Mi padre está atado en una silla y le mueven muy poco. No fomentan que realice actividades. Tampoco te reportan mucho la evolución del familiar. Te mandan cada seis meses un informe, pero es casi un corta y pega del anterior”, relata Martín, quien relaciona esta situación con la falta de personal, “y eso que se llevan mucho dinero, 90 euros por persona al día”.

El pasado 10 de mayo se admitía a trámite una nueva ley, con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos. “Lo más importante de nuestra propuesta es un nuevo modelo de ratios, proponemos que aumenten y que se establezcan en función del grado de dependencia. Cogiendo el guante de los estudios de expertos en gerontología, proponemos un auxiliar por cada ocho personas con grado de dependencia 3”, describe el diputado de Podemos Raúl Camargo. El PP votó en contra alegando que ya han puesto en marcha un plan para contratar a mil trabajadores más. “Esto sigue siendo insuficiente, nada que ver con lo que nosotros proponemos”, afirma Carmargo.

Mientras tanto, Jesús Navarro sigue preparando cada noche la medicación de todos los residentes a los que atiende, sin perder el ánimo y advirtiendo de que su trabajo cada vez será más necesario. “Aquí estamos para trabajar por los residentes. Por tu tía, por tu padre, por tu abuela, por tu hermano y por todos los futuros residentes, porque el mañana lo tenemos que hacer hoy”, sentencia.

2 Comentarios
plataforma,dignidad trabajadores=dignidad residentes. 15:49 22/9/2018

La plataforma a terminado las propuestas a presentar , para que se incluyan dentro del CONVENIO MARCO ESTATAL DE SERVICIOS A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO A LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.
Uno de los más importantes objetivos de esta plataforma, por el cual , vamos a trabajar ,con todas las entidades, públicas o privadas, plataformas de familias, sindicatos, y todo el que desee ,colaborar . aportado mejoras , ideas, en positivo., facilitando reuniones, acuerdo, Para hacer posible que este objetivo se lleve a cabo .
Darle las gracias ,por el tiempo y por su aportación al compañero de la plataforma , de profesión abogado que nos a ayudado a ser posible este escrito.

CONVENIO MARCO ESTATAL DE SERVICIOS A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO A LA PROMOCIÓN DE LA AUTONÓMIA PERSONAL

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La carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 2016/C 202/02, en su artículo 25 sobre Derechos de las personas mayores dispone que : La Unión reconoce y respeta el derechos de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, igualmente el artículo 50 de la C.E. recoge que: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona.

El artículo 36 de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, sobre el Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, dispone que: Deberá garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación, en los casos y condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y practicas nacionales, el artículo 28 de dicha carta dispone que: Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluido la huelga. Asimismo expresa el artículo 35 de dicha carta que: Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana.
El artículo 53 de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea sobre Nivel de protección dispone: “Ninguna de las disposiciones de la presenta Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los estados miembros. Por último el artículo 54 de esa misma Carta sobre la Prohibición del abuso de derecho expresa que: Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que la previstas en la presente Carta.

En consecuencia y visto que los artículos anteriores junto con la normativa estatal desarrollada en base a los mismos y a los derechos fundamentales de las personas.
Considerando que la persona ostenta la dignidad que protegen los poderes públicos y se desarrolla en leyes, reglamentos y ordenes ministeriales.

Considerando que la personas de avanzada edad están protegidas por dichas leyes.
Considerando que las residencias de la tercera edad han de prestar sus servicios directamente a estas personas, denominadas usuarios.
Considerando que el núcleo familiar a las que pertenecen estas personas, se ha de seguir manteniendo e informando sobre su estado, tanto de salud, bienestar y situación social dentro del grupo.
Considerando que los gerocultores, enfermeras/os y auxiliares son en esencia el centro mismo de dicha atención dada la gran cantidad de tareas asignadas en el convenio y visto su contacto directo con la persona necesitada de mayor protección, esto es las personas de la tercera edad a su cuidado.

Se hace necesario introducir y desarrollar un nuevo artículo en el CONVENIO MARCO ESTATAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONÓMIA PERSONAL.
En dicho artículo se ha de tener en cuenta tres premisas básicas a desarrollar que son:
La buena praxis profesional, la colaboración de todos los profesionales que intervienen y las familias del usuario.
Usuarios, trabajadores y familias. Con este fin se ha de crear un comité en el que se encuadren a las familias de los usuarios, dicho comité ha de tener como tarea fundamental la interrelación de la situación en la que se encuentra el usuario, por lo que las familias han de estar implicadas.
El comité(se podría llamar comité de Ética ) ha de estar compuesto por un delegado que pertenezca a la atención directa del usuario, gerocultores, enfermeras/os, auxiliares de enfermería, y será de un delgado/a, por cada veinte usuarios, este delegado que representará a los trabajadores en el comité ha de ser elegido por los empleados de la residencia, siendo incompatible el mismo para aquellos trabajadores que ejerzan una función sindical.

El cargo deberá de ser de un año, siendo posible la reelección del mismo.

Las familias han de saber que existe dicho comité y que su implicación es necesaria con el fin de conocer de manera neutral y objetiva la situación tanto social como de salud del usuario.

Cualquier queja o problema que pueda surgir y antes de acudir a la dirección de la residencia ha de haber una reunión de la delegada y la familia, dicha reunión será en horario laboral y en todo caso se ha de producir como mínimo una vez al mes, debiéndose hacer un acta de dicha reunión y quedando copia en el tablón de información de la residencia, a fin de que todos puedan conocer su contenido .
Las reuniones se celebrarán con un preaviso de al menos diez días antes de la citada reunión, igualmente se expresará si es necesario, los cambios oportunos en la forma de actuar de los profesionales respecto a usuarios dada su individualidad, asimismo se pondrá en conocimiento de la dirección, si así fuese necesario las carencias de material, para poder realizar estas reuniones.

Los trabajadores, siempre tendrán que informar a la dirección del centro con un acta de las reuniones. Firmada por los delegados de familias y trabajadores.

Cuando un centro tanto privado como publico no cumpla con lo anunciado en medios de comunicación , publicidad, escrito, en referente al trato , medios de trabajo, cantidad de personal cualificado, material , espacios de recreo, y condiciones generales de su propaganda. Los trabajadores y familias tendrán la obligación ética de comunicarlo y denunciarlo conjuntamente , en la administración que corresponda.

En caso de una mala praxis profesional, o sospecha de que ocurra , moral, humana causada por cualquier trabajador de atención directa en deterioro del usuario o familiar, las de mas profesionales deberán de informar a los delegados de Ética y dirección del centro. Tomando las medidas que corresponda para el beneficio del usuario ,mas denunciando el caso en donde corresponda.

Cuando una profesional o persona del centro de trabajo se niegue a realizar una mala praxis, no esté de acuerdo con los tratos y cuidados a los usuarios(horas y horas sentados en sillones , levantarlos a horas de la noche para realizarles las higienes , falta de cambios de compresas de incontinencias, tenerlos atados todo el día , medicación exseciva ) falta de material comidas( mala calidad , sin dieta adecuada a los usuarios, sin triturar, masificación de usuarios en corto plazo de tiempo para dar de comer, cenar ,desayunos.), ropa, no poder salir con ellos a los jardines , patios. No poder hablar y escucharles. Ante todo esto impuesto por las direcciones de los centros y gobernantas. Esta profesional tiene que estar amparada por los delegados de Ética y familias. Haciéndole saber a la dirección que en caso que no tome las medidas oportunas y cumpla la ley se les denunciara, desde los dos colectivos familias y trabajadores , en donde corresponda.

Cuando haya un trabajador de atención directa Auxiliares que este padeciendo acoso laboral un trato discriminado, personal, por la dirección, compañeros, de superior cargo, delegados de sindicatos, familiares de los usuarios y cualquier persona que trabaje en el centro. Inmediatamente este trabajador tiene el derecho de pedir una reunión con la los delegados de Ética y familias para exponer su caso.

Con todo lo expuesto no pretendemos hacer ni actuamos con mala fe, al contrario. Somos trabajadoras/es, que desde nuestra profesión del cuidado directo con las personas Dependientes, vemos cada día ,año tras año como en las residencias públicas y mas en las privadas, las personas son simples números, contratos para empresas, sobre todo el servicio de SAD de ayuda a domicilio y olvidan lo más importante son seres humanos en la recta final de sus vidas, cuando entran en una residencia ellos saben que hay terminará todo. Los que con suerte llegan con todas sus facultades a ese final.
Nosotras/os cada día les damos amor, empatía, respeto, vocación, sonrisas,somos sus paños de lagrimas .
No podemos dedicarles el tiempo que se merecen y necesitan por que no nos dejan.

El cuidado de las personas no puede ser el gran negocio para la mayoría, de personas eso no puede estar ocurriendo y permitiéndose entre seres humanos. Somos uno de los colectivos más duros de carga de trabajo físico , psíquico, mal mirado, poco valorado, como lo demuestran los convenios laborales, socialmente para la mayoría “las limpia culos” y los que saben lo que realmente somos son muy pocas personas los que lo expresan pero no hacen nada por ayudarnos. Por que socialmente no tienen la mentalidad que deberían. El cuidado de otra persona es un gran honor para el que lo hace cada día en su casa o desde un centro.

No tenemos el poder, pero si la mano de obra ,que es la que cuida , la que padecemos y vemos el sufrimiento de los usuarios, la dignidad que nos quitan a los tres, pilares de geriatría usuarios, trabajadores y familias.

Familias que se ven obligadas por el motivo que sea , personal ,familiar , laboral , moral , humano a ingresar a su familiar en un centro donde espera que se le trate bien,que el final de sus días sea sosegado y bien preparado para que su marcha transcura tranquila y con todo lo necesario. Otras familias simplemente los dejan y en paz, no somos nadie para juzgarlas.
Las/os trabajadores nos hemos dado cuenta ,por el bien de los usuarios que uniendo los colectivos de familias y trabajadores podremos conseguir la fuerza moral y social para cambiar la geriatría actual.
A esta fuerza se pueden unir todos los centros que anteponen su ética moral y profesional a la maxima de beneficios económicos de sus centros. Que sabemos que algunos existen .

La plataforma estatal Dignidad trabajadores=dignidad residentes, nos hemos creado para que la sociedad, la iglesia, Patronal, gobierno , políticos, sindicatos, asociaciones, plataformas, confederaciones nos unamos, , trabajemos juntos, aportando ideas, hablemos Dignamente, con un solo fin el beneficio en todos los campos y sentidos de las personas de la dependencia, las personas mayores, en sus casas y en centros.
No puede existir dependencia para ricos y dependencia para pobres mientras eso lo permitamos no seremos humanos solo gente.

PLATAFORMA ESTATAL DIGNIDAD TRABAJADORES=DIGNIDAD RESIDENTES.

Purificación García Fernandez.
Coordinadora general. 16/ SEPTIEMBRE/2018

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#23200 1:48 20/9/2018

MUY INTERESANTE

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