Residencias de mayores
Familiares de residencias presentan una querella criminal contra Ayuso: “Muchos mayores han muerto sin pisar el hospital”

“Mi padre murió el 26 de marzo, nos avisaron de la noche a la mañana que estaba muy grave. Pedí que le llevaran al hospital. El médico nos dijo que no se le podía trasladar, que había que dejarle en la residencia. Esto ha sido la tónica. Paliativos y sedación. No ha habido ni oxígeno para todos”. Elena Valero es tajante cuando resume la crisis de las residencias que ha vivido de la mano de su padre, quien falleció, y de su madre, que resiste aislada en la residencia Domus Vi de Usera.

“Muchos mayores han muerto sin pisar el hospital. No han sido ni recibidos y las residencias no han estado medicalizadas”, remarca. Hoy presenta una querella criminal junto con otros 26 familiares ante los Juzgados de Plaza Castilla. Los demandantes piden que se investigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y a 10 directores de residencias por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

“Mi madre ingresó en el hospital el 8 de abril y fue de las primeras. Hasta el 31 de marzo ya habían fallecido 29 personas en su residencia y hasta ese momento no se habían hecho ingresos”

Más de 5.800 mayores han muerto por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid. Desde Marea de Residencias, plataforma que respalda esta querella, denuncian que este dato supone más del 50% del total ocurrido en todo el Estado y es una cifra “muy alarmante” y que queda cercana a las muertes que han ocurrido en países enteros. “En toda Francia en residencias de mayores han fallecido 7.000 ancianos y en Italia 7.200 en total (cifras a finales de abril)”, señalan.

“Ha habido cadáveres de mayores hasta 38 horas en la cama”

Sara Plaza Casares

Coronavirus

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Sara Plaza Casares

Trabajadoras del MATS de las residencias de gestión 100% pública denuncian graves deficiencias en los protocolos de aislamiento, ausencia de cuidados paliativos y material de protección inexistente. “Al final acabaremos el 95% contagiados”, denuncian.

La propia Díaz Ayuso reconocía en una entrevista de El Mundo publicada ayer que ha habido criterios para no trasladar a mayores a hospitales. “Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”, declaraba.

“Mi madre ingresó en el hospital el 8 de abril y fue de las primeras. Hasta el 31 de marzo ya habían fallecido 29 personas y hasta ese momento no se habían hecho ni test ni ingresos. Mucha gente ha muerto en la residencia sin ingresar en un hospital”. Agustín Ambrosio, otro de los querellantes, habla de negligencia y de desinformación en la residencia de Ensanche de Vallecas, gestionada por Aralia. Su madre, que enfermó de coronavirus, tuvo la suerte de presentar un cuadro leve y en cuatro días ya estaba de vuelta al centro, tras una PCR negativa.

PRÓXIMAS QUERELLAS

Las 10 residencias que recoge la demanda, que son DomusVi-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal Margarita Retuerto, Manoteras y AMAVIR-Ciudad Líneal, pertenecen al municipio de Madrid y son tanto privadas como concertadas, de gestión indirecta y públicas.

“Han estado un mes pasándose la pelota entre instituciones. La residencia decía que era responsabilidad de la Consejería y la Consejería de la residencia”

 “Durante este tiempo, en nuestra residencia, hemos escrito varios correos a la Consejería de Sanidad y a la Dirección General de Salud Pública. Han estado un mes pasándose la pelota entre instituciones. La residencia decía que era responsabilidad de la Consejería y la Consejería de la residencia”, se queja Valero mientras añade que aún hoy no se ha hecho test a todos los residentes.

Agustín Ambrosio corrobora una situación similar de desinformación en la residencia de Ensanche de Vallecas, gestionada por Aralia. “Hasta el 31 de marzo sabíamos que había 29 muertos. Hoy sabemos que hay más de 40. Y lo sabemos por la información que han ido volcando los familiares en nuestro grupo de Whatsapp.  Y no todos los familiares están en el grupo. No conocemos la cifra exacta de muertes”. Ambrosio añade que lo único que tienen es dos comunicados de Aralia en los que les informan de que están haciendo todo correctamente. En uno de ellos, al que ha tenido acceso El Salto, aseguran que la responsabilidad en la gestión del centro es de la Comunidad de Madrid.

“Al principio nos enviaban un email diario a uno de los portavoces de los familiares. Nos decían cuantos sospechosos había en cada planta. Nosotros pedíamos saber si tenían algún plan o algún protocolo de actuación. Sabíamos que ya había escasez de personal, con una doctora y cuatro enfermeras para 180 residentes. A partir del 31 de marzo no recibimos más información. Nos dijeron que ya no podían seguir mandando emails diarios  y solo han mandado dos comunicados oficiales desde esa fecha”, relata Ambrosio.

Esta querella es solo el principio del camino que ha emprendido Marea de Residencias. “Sabemos que va a haber otra tanda que la realizarán los familiares de otros municipios de la Comunidad de Madrid. También habrá otra querella más por parte de los trabajadores de las  residencias por haberse contagiado por falta de medios. Y puede haber otra cuarta donde entrarán diferentes colectivos”, avisa Valero, quien insiste en que se darán todos los pasos que sean necesarios para que las muertes no queden impunes y hasta que se consiga una ley estatal de residencias que unifique el trato en estos centros. “Mi madre y mi padre me enseñaron a luchar. Y lo voy a seguir haciendo”, concluye.

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En Madrid existen 426 residencias para la tercera edad, de las que 25 son 100% públicas y 18 tienen su gestión externalizada. El resto son privadas, un pastel que no pasa desapercibido a las empresas que buscan maximizar la rentabilidad del cuidado de personas mayores.