Caza
El lobby extremeño de la caza impone su ley

En noviembre de 2018, el PSOE presentó en la Asamblea de Extremadura la Propuesta de Ley para modificar la actual Ley de Caza, una propuesta que recogía, básicamente, las demandas de parte del sector cinegético extremeño, principalmente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).

El objetivo prioritario de la reforma es facilitar la práctica cinegética, en concreto mejorar el sector con una mayor simplificación administrativa, a través de una licencia de caza única y una rebaja de las tasas que se cobran actualmente, así como permitir la modalidad de caza de "jabalí al salto".

La diputada de Podemos Irene de Miguel puso en evidencia que habría sido necesaria una revisión más profunda de la actual Ley de Caza extremeña, teniendo en cuenta a todos los sectores afectados, y no solo a los cazadores y propietarios de los cotos. Extremadura cuenta en la actualidad con algunas de las fincas más grandes de España dedicadas a la caza, miles de hectáreas vedadas para el disfrute de algunas de las grandes fortunas del país. 

De Miguel puso especial énfasis en la diferencia entre estos "grandes cazadores" y las pequeñas asociaciones locales, cuyas reclamaciones no ha sido atendidas en la reforma propuesta por el Grupo Socialista. La candidata de Podemos defendió una caza social y sostenible, compatible con otras actividades económicas y sociales para el desarrollo del medio rural.

 Además de las asociaciones locales, otros actores como las organizaciones ecologistas y animalistas, las de agricultura, ganadería, apicultura, senderismo, ciclismo, recolección de setas, ecoturismo, astroturismo o agentes medioambientales, se han quedado fuera del nuevo texto legal, lo que da verosimilitud a las denuncias que sitúan a la nueva Ley de Caza como una norma de parte. 

En el trámite de comparecencias para sustanciar la reforma, tanto PSOE como PP y Ciudadanos solo presentaron comparecientes del sector de la caza o ganadería

Prueba de esta visión unilateral de la reforma de la Ley de Caza es que en la reunión del Consejo Extremeño de Caza de septiembre de 2018 las organizaciones ecologistas y ambientalistas extremeñas presentaron una serie de sugerencias y mejoras, de las cuales ninguna fue tenida en cuenta. Asimismo, en el trámite de comparecencias para sustanciar la reforma, tanto PSOE como PP y Ciudadanos solo presentaron comparecientes del sector de la caza o ganadería. De este modo, las críticas y mejoras a la nueva norma solo pudieron ser escuchadas a través de las comparecencias propuestas por Podemos, aunque algunas de estas organizaciones iban con sugerencias más ambiciosas que las planteadas por la formación morada.

VETO DE ENMIENDAS

El veto a 33 de las 42 enmiendas presentadas por Podemos ha dejado a los principales colectivos afectados por la reforma sin la posibilidad de que se discutieran sus objeciones. Es un hecho si precedentes, tanto por la cantidad de enmiendas vetadas como por la exclusión de grupos importantes de la sociedad civil del debate en la tramitación de una Ley que afecta a una parte muy significativa del territorio extremeño.

Finalmente, la reforma de la Ley de la Caza fue aprobada con el voto a favor del PSOE, PP y Ciudadanos, y la abstención de Podemos. Las enmiendas del PP y del PSOE fueron todas aprobadas, lo que ha propiciado que se amplíen las reducciones y exenciones al pago de las tasas, reclamaciones históricas del lobby cinegético que pasan ahora a incorporarse al cuerpo de la Ley.

El nuevo texto sí recoge medidas para fomentar el uso de prácticas agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas que promuevan la conservación y mejora del hábitat, entre otras el empleo de munición sin plomo

Con el rechazo de las propuestas de la práctica totalidad de los colectivos sociales, recogidas inicialmente por Podemos, prácticas como la caza de jabalí "al salto", pese a existir serias dudas sobre su efectividad para controlar la superpoblación de esta especie o para garantizar la retirada de los cadáveres, quedan reconocidas de facto en el nuevo articulado, algo que para los especialistas medioambientales supone un grave obstáculo para el control de enfermedades contagiosas.

El nuevo texto tampoco recoge medidas para fomentar el uso de prácticas agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas que promuevan la conservación y mejora del hábitat, entre otras el empleo de munición sin plomo cuando existan alternativas viables, o incluso su prohibición en zonas protegidas. Con ellas, la formación morada pretendía abordar, además, el grave problema del abandono en el medio natural de vainas o casquillos de munición.

Una de las principales enmiendas vetadas a Podemos, que recogía las motivaciones de algunas asociaciones de caza, era la supresión de la obligación de estar federados en la Federación Extremeña de Caza para poder cazar en el Coto Social, por considerar que tal obligación era ilegal al tratarse de una organización privada. Dichas asociaciones habían manifestado que “una federación de caza no es una entidad pública, sino privada, y ningún cazador tendría que necesitar federarse para poder cazar”, añadiendo que “obligar a federarse vulnera el derecho constitucional de libertad de asociación”.

A diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido recientemente con la modificación efectuada en Castilla La-Mancha (aprobada con los votos a favor de PSOE y Podemos), que contó con la participación y propuestas de todos los sectores implicados, la reforma de la Ley de Caza extremeña tan solo ha contentado a una parte de los actores afectados por la práctica cinegética, dejando fuera incluso las demandas de algunas asociaciones de cazadores.