Andalucía
Cuatro leyes que el adelanto electoral en Andalucía ha dejado en el cajón

El 8 de octubre de 2018, Susana Díaz, jefa del gobierno autonómico, firmaba el decreto de disolución de la X legislatura en el Parlamento de Andalucía. A partir de ahí, comienza la dinámica electoral: partidos políticos intentando convencer de que representan la mejor opción para la comunidad y lo malas que son el resto, analistas que hacen cábalas sobre la composición de la próxima cámara, posibles alianzas y desencuentros.

Mientras la precampaña aumenta la intensidad en cruces de promesas futuras, van quedando más lejos las promesas adquiridas en formas de proyectos o proposiciones de ley. Varias se han quedado en el camino de la arena parlamentaria a las puertas de una aprobación probable y, con ellos, aplazadas ilusiones personales y colectivas para una solución posible. Algunas de esas leyes “probables” destacan por su repercusión o por las movilizaciones y aportaciones sociales que las han propiciado. 

1. Bioclimatización de los Centros Educativos

La imagen de profesores sujetando termómetros marcando más de 30 grados dentro de un aula repleta de niños y niñas es la que ilustra un problema que tienen que afrontar miles de estudiantes andaluces, así como el profesorado de muchos colegios e institutos. Lo que no se ve en la imagen son los consecuencias de la exposición prolongada a esas temperaturas o la dificultad para poder llegar a un rendimiento escolar adecuado bajo esas condiciones.

#AulasSíSaunasNo ha sido uno de los lemas de las movilizaciones llevadas a cabo desde hace año y medio, más intensamente al inicio y al final de curso con el verano andaluz haciendo sentir su rigor. AMPAs, alumnado y sindicatos han hecho patente de varias formas una situación insufrible en muchos casos. En bañador —o con bata y manta cuando el frío del invierno también llega a suponer un problema— la repercusión que han tenido las acciones de protesta en varias localidades andaluzas situaron sus reivindicaciones en la agenda política.  

Como respuesta, la propuesta planteaba soluciones más allá de la instalación de aparatos de aire acondicionado o la modernización de las calderas. De hecho, la proposición de ley está presentada “para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables” y establece como objetivo conseguir que la actividad docente se desarrolle “entre 17 y 24º C en invierno y entre 23 y 27º C en verano”.

El día en el que Susana Díaz disolvió el parlamento aplazó la previsible aprobación de la Ley de Bioclimatización de los Centros Educativos, a la que se opone 

En el horizonte está cambiar la panorámica de un patio de hormigón y aulas prefabricadas —como aún existen en algunos centros— para poner el acento en los materiales constructivos, el uso de vegetación y el estudio de cada caso para optimizar sus alternativas de ventilación, entre otros métodos.

La ley de bioclimatización en las aulas ha visto la línea de meta muy de cerca. Impulsada por Podemos Andalucía, todos los grupos parlamentarios dieron luz verde a su tramitación en febrero, a excepción del PSOE-A, que insistía en que se trata de casos excepcionales como argumento para oponerse a dar rango de ley a este asunto.

Ya en septiembre, con los rumores de un adelanto electoral en el aire, el Sindicato de Estudiantes convocó para el 3 de octubre una huelga en las provincias de Huelva y Sevilla que concluyó con un seguimiento del 80%. El 5 de octubre, la Comisión de Educación aprobó el dictamen final, último paso para su debate y votación en el Pleno de la cámara legislativa andaluza. Y lo hace con los mismos apoyos políticos con los que se inició y con un partido de Gobierno enrocado en su rechazo.

El 8 de octubre es el día en el que Susana Díaz disolvió el parlamento y con él la previsible aprobación de la Ley de Bioclimatización de los Centros Educativos. Con ello, también se ahorra el trance de que su gobierno hubiera tenido que ejecutar y hacer cumplir una ley a la que se ha opuesto desde el inicio.

2. Políticas públicas para el colectivo juvenil

“Las medidas con detalle no vienen recogidas en la ley, vienen en plan global” fue la respuesta de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ante la insistencia de los periodistas para conocer en más profundidad una ley que se presentaba en rueda de prensa y que tiene como destinataria a una cuarta parte de la población andaluza, la situada entre los 15 y los 34 años.

La Ley de Juventud tenía como uno de sus objetivos principales revertir la disminución del 60% de las políticas activas de empleo y del 85% de los fondos destinados a orientación laboral desde el Estado central

Tras cuatro años de aportaciones de diferentes entidades y su plasmación en un texto normativo, el Consejo de Gobierno anunciaba a principios del mes de mayo la aprobación del proyecto de ley. El 20 de junio el Pleno rechazó la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Después del parón veraniego, el 17 de septiembre se abría el plazo para que los grupos parlamentarios presentasen sus enmiendas al articulado. En ese punto se acabó su recorrido legislativo.

La Ley de Juventud tenía como uno de sus objetivos principales revertir la disminución del 60% de las políticas activas de empleo y del 85% de los fondos destinados a orientación laboral aplicados por el Gobierno de España durante los últimos seis años. Otro objetivo era incentivar el emprendimiento. Especialmente relevantes en un territorio en el que la mitad de sus jóvenes continúan desempleados.

Su declaración de intenciones anunciaba “elevar al máximo rango legal” todas las políticas desarrolladas por la Junta de Andalucía para el colectivo juvenil, especialmente las orientadas a la inclusión laboral, el acceso a la vivienda y la preservación de sus derechos sociales. Un ambicioso plan, el primero con un carácter integral para la juventud de la comunidad autónoma, cuya memoria económica suponía una inversión pública de casi 486 millones de euros para un periodo de cuatro años. 

3. caminos públicos rurales

60.000 kilómetros de estas vías, que no incluyen ni carreteras ni senderos, recorren Andalucía. Muchos de ellas continuarán sin estar catalogadas, señalizadas o conservadas. Y seguirán estando usurpadas u ocupadas para otros usos, dentro de fincas privadas o cotos de caza. 

Uno de los aspectos más destacados de esta proposición de ley era su régimen sancionador, con multas de hasta 120.000 euros para las infracciones más graves en cuanto al uso indebido de estos caminos. Otro, que abría la posibilidad a la expropiación de caminos particulares mediante su declaración de titularidad pública. Eso, tras dar carácter obligatorio para las propias instituciones públicas la inscripción registral y catastral de las vías que correspondiesen a su titularidad.

Uno de los aspectos más destacados de esta proposición de ley era su régimen sancionador, con multas de hasta 120.000 euros para las infracciones más graves en cuanto al uso indebido de estos caminos

Presentada por el Grupo Socialista y defendida por el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, como un plan de choque para vertebrar la movilidad territorial —especialmente comarcal— con perspectiva ecológica y restaurar el uso tradicional de las vías pecuarias, ha contado con su propia iniciativa, el respaldo del Consejo de Gobierno y el apoyo de Podemos Andalucía. Cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo el pasado mes de abril para su tramitación por la vía de urgencia, se daba por hecho la aprobación de una ley calificada como “histórica”. Su último paso legislativo se produjo en el mes de julio, con el registro de las 160 enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, publicadas en el BOPA del 18 de septiembre.

El intento de involucrar en un delito de tráfico de drogas mediante la colocación 47 gramos de cocaína en el coche de Juan Clavero para avisar después a la Guardia Civil ya ha quedado como ejemplo de práctica caciquil esperpéntica. El Juzgado de Primera Instancia de Ubrique, tras apreciar los indicios del montaje, declaró el sobreseimiento del caso contra este ecologista y antiguo director del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Pero el hecho de que la investigación de la Guardia Civil en relación al caso concluyera meses después con la acusación a cuatro personas —el “gancho” y tres responsables de una empresa que gestiona fincas en la Sierra de Cádiz bajo el nombre de Breña de Agua Investments— por urdir el complot contra Juan Clavero, tras participar en una marcha reivindicativa que exigía precisamente la recuperación del uso público del camino que une Benamahoma y Zahara de la Sierra y que pasa por una de estas fincas, es sintomático de los intereses que hay detrás de ello. Tras la repercusión mediática del caso, el Ayuntamiento de Grazalema decretó la recuperación de su uso público, usurpado desde 2004. Una excepción que se queda sin norma.

4. Agricultura y ganadería

Con un peso del 10% del PIB y un tercio de las exportaciones, estos sectores son claves en la economía andaluza y, como en el caso de la de juventud, hubiera supuesto la primera regulación de forma integral en su historia autonómica. Partía de un planteamiento de base: establecer relaciones más justas en la cadena alimentaria y conciliar las actividades agrícola y ganadera con el medioambiente, dentro del paradigma de la economía circular.

Aprobado el proyecto de ley por el Consejo de Gobierno el 24 de abril, pasó sin enmiendas a la totalidad por la percepción de todos los grupos de que la dimensión del área y de sus retos requería de un mecanismo jurídico con un alcance similar. Se quedó pendiente en medio del plazo que tenían los grupos parlamentarios para presentar enmiendas parciales. 

El posicionamiento de los diferentes partidos políticos ante esta ley tuvo su espacio de expresión, por boca de los portavoces parlamentarios, en el debate de totalidad. Desde Izquierda Unida, partido históricamente ligado al movimiento jornalero andaluz, llegó el rechazo a la derogación de la ley de reforma agraria de 1984 incluida en el proyecto o la enajenación prevista de las casi 4.500 hectáreas de tierra pública gestionadas por el extinto IARA.

Para Ciudadanos, el texto ofrece poco apoyo a la innovación, así como para fomentar el relevo generacional para que se incorporen jóvenes y mujeres y reducir los trámites administrativos. Un elemento en el que la formación naranja y el PP coinciden es que puede suponer una carga burocrática mayor en las relaciones de agricultores y ganaderos con la administración. Otro elemento introducido desde las filas populares es la necesidad de una ley que sirva para acabar con algunas situaciones de “semiesclavitud” que se producen en el campo andaluz.

Algo que sí ha contado con la aprobación común es el reconocimiento de la protección de los espacios agrarios, como las dehesas.

no son las únicas

Una treintena de leyes aprobadas sirven de resumen a la actividad parlamentaria desde mayo de 2015. La última, la Ley Audiovisual de Andalucía, en la sesión plenaria del 26 de septiembre.

En el lado contrario, la web del Parlamento de Andalucía recoge 27 expedientes correspondientes a la X Legislatura cuya tramitación aparece todavía “en curso”. Además de los ya relatados, se quedaron en el cajón proyectos de ley como el de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público, que inició su trámite parlamentario en diciembre de 2016, superó una enmienda a la totalidad del Grupo Popular y mantiene más de 300 enmiendas a su articulado. El Proyecto de Ley de Formación Profesional tampoco llegó a tiempo, al igual que algunas proposiciones de ley, como la de promoción de la igualdad de género o la que iba a regular la atención infantil temprana. Incluso, una Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos contra la Pobreza Energética o una ILP orientada a la estabilización del personal interino y eventual de carácter público.

Tres semanas antes de la última sesión plenaria, en la escenificación de la ruptura del pacto que ha mantenido con el PSOE-A durante esta legislatura, el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, puso sobre la mesa algunas de las medidas acordadas en el acuerdo de investidura y que no han llegado a ver la luz. En especial, las orientadas a la “regeneración democrática”, como la supresión de los aforamientos y las puertas giratorias, la reducción del número de cargos de libre designación o la reforma de la ley electoral. La aprobación de socialistas y populares del dictamen que venía a decir, en resumen, que un cambio en las normas electorales no era tan necesario en Andalucía fue la gota que colmó el vaso para Ciudadanos. Marín prometió días después que no volvería a “hacer presidenta a Susana Díaz”.