Unión Europea
Por unas finanzas europeas para la mayoría

Detrás de las grandes decisiones políticas está la necesidad de dotarlas de recursos suficientes para ponerlas en marcha. Estos meses el Consejo Europeo dirime dos decisiones cruciales para la Unión Europea: cuál será la nueva estructura de ingresos de su presupuesto y el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que delimita los presupuestos para los siete años posteriores a 2020. Todo ello definirá la estructura material de la UE. En resumidas cuentas, pierde gran parte del sentido hablar del presupuesto anual de la UE (su política de gasto) si previamente no se trata la cuestión de los recursos propios (los ingresos de la Unión) y el MFP que lo delimitará.

En esta última década, la UE se ha visto sacudida por grandes retos a los que no ha dado la respuesta correcta ni suficiente, como la crisis económica o la gestión de los flujos migratorios. Demasiados problemas para que su presupuesto siga suponiendo aproximadamente un 1% del PIB europeo.

El sistema de ingresos de la Unión ha quedado obsoleto. Como ya se apuntaba en su día, tanto en 1970 en el Informe Werner como en 1977 en el Informe McDougall, la Unión necesita aumentar mucho más sus recursos para poder compensar las divergencias en las balanzas externas que causa el mercado único. Para poder hacer frente a esto es preciso alcanzar el 4% del PIB europeo como transición hasta alcanzar el 8%. Todo ello sin dejar de establecer mecanismos compensadores —por ejemplo, los países en superávit han de elevar sus salarios, y los deficitarios recibir apoyo para potenciar su inversión pública—. Frente a esto, la propuesta de aumento que plantean las instituciones es escasa: se queda en apenas el 1,3%.

Necesitamos más recursos públicos, no menos, y por supuesto, ubicados en manos con más legitimidad democrática

El aumento del presupuesto de la UE no debe ir en ningún caso en detrimento de los nacionales. Los dos han de complementarse y reforzarse en cantidad y progresividad. Necesitamos más recursos públicos, no menos, y por supuesto, ubicados en manos con más legitimidad democrática. Para poder reforzar y hacer más redistributivo el presupuesto de la UE deberíamos empezar por corregir la aportación de los Estados (que representa el 83% de los ingresos de la UE) en función de su renta per cápita, haciendo pagar más a los países con mayor nivel de vida y que se benefician de la arquitectura del modelo económico europeo. Además, es necesario acabar con los cheques o descuentos a países ricos que han creado beneficios injustificados además de un sistema poco transparente y claro.

Habría que aplicar una lucha efectiva contra la evasión fiscal, emprendiendo medidas contra los territorios offshore, con baja tributación, con cualquier rasgo de opacidad o que no sean cooperativos fiscalmente, estén dentro de la propia UE o mantengan una relación comercial. Un método efectivo como registro de propiedad a escala europea sería que se armonizara el impuesto de patrimonio, en sintonía con lo propuesto por el economista Thomas Piketty.

Proponemos crear la cada vez más apoyada Tasa a las Transacciones Financieras y sustituir el actual mercado especulativo de emisiones ETS por ecotasas a la emisión de gases de efecto invernadero

Por último, proponemos crear la cada vez más apoyada Tasa a las Transacciones Financieras y sustituir el actual mercado especulativo de emisiones ETS por ecotasas a la emisión de gases de efecto invernadero, empujando también el necesario cambio de modelo productivo.

En definitiva, el esfuerzo debe recaer en los que se han privilegiado del modelo económico existente: las rentas del capital, de las finanzas y del patrimonio, armonizando bases imponibles y tipos mínimos efectivos a escala europea. Además de que se reduzcan los impuestos indirectos como el IVA por su carácter regresivo.

Más allá de 2020

El Marco Financiero Plurianual pretende dar continuidad a los programas europeos a medio plazo, sin embargo, resulta ser, más bien, un instrumento que encorseta el uso de los recursos dados los márgenes de flexibilidad sumamente reducidos. Este esquema ha sido responsable también de la insuficiente e inadecuada respuesta que se ha dado a los retos de la UE en la última década, así como de la política económica procíclica aplicada junto a la austeridad. Sin embargo, el alcance de las reformas que se plantean como realizables y aceptables por el Consejo Europeo de los 27 gobiernos son sumamente tímidas.

Las revisiones del MFP en cada legislatura (gracias al cambio de modelo de siete años por el de diez años con revisión intermedia a los cinco) sumado a la eliminación de los techos convertiría el MFP en un sistema de planificación flexible a medio plazo, mejor dotado de recursos y mejor adaptado a las necesidades del momento.

Es preciso dotarse de un gran programa de inversión pública a nivel europeo que contribuya a una transición justa en términos ecológicos y sociales, lo que implica cuestionar el modelo privatista y basado en el Plan Juncker

Importante es también que se destinen los recursos a políticas que contribuyan a cambiar el modelo productivo europeo, corregir las desigualdades y contribuir a una convergencia real y a una mayor cooperación entre los pueblos europeos. Para ello es preciso dotarse de un gran programa de inversión pública a nivel europeo que contribuya a una transición justa en términos ecológicos y sociales, lo que implica cuestionar el modelo privatista y basado en instrumentos financieros del Plan de Inversiones Estratégicas (Plan Juncker). Desde su creación, el 52% de los proyectos aprobados bajo este plan se han repartido solo entre 3 países: Reino Unido, Italia y Francia. Además, en el sector del transporte, el 68% de los fondos han ido a proyectos de alta emisión de carbono, como autopistas o aeropuertos. El Plan Juncker es, por tanto, un plan contrario a objetivos de cohesión y transformación del modelo productivo.

En segundo lugar, a día de hoy, con un 40% del presupuesto europeo, la Política Agraria Común apoya más al modelo de agricultura y ganadería industrial de la UE que está teniendo un impacto devastador en nuestra salud, medio ambiente y clima. Sabido es por todos y todas los desequilibrios en su reparto en el Estado español, donde el 74% de los fondos va a parar al 13% de las personas beneficiarias. Debemos pues reformarla para que sea por fin un instrumento que apoye la soberanía alimentaria, la agricultura de proximidad sostenible y que facilite el cooperativismo.

Sólo un presupuesto más amplio y mejor invertido conseguirá atender los crecientes retos del contexto europeo e internacional sin detrimento de programas o fondos europeos que no deben recortarse, sino reforzarse; como los programas de investigación, el Erasmus+ o los fondos de cohesión. No compartimos la prioridad que el presidente de la Comisión Europea expresó —y no ha tardado en poner en marcha— sobre militarizar la UE aumentando o duplicando el gasto militar y ‘securitizarla’ reforzando un control migratorio excluyente.

Sólo poniendo sobre el papel cuál es la Europa alternativa que queremos, conseguiremos constatar las limitaciones y contradicciones del actual marco de los tratados europeo, marco que hace prácticamente imposible llevar a cabo las reformas necesarias para que la UE deje de ser un proyecto contra Europa y sus gentes.