Una semana para sacar al tren de la vía muerta

El 70% de la inversión en infraestructuras ferroviarias en España se destina actualmente a la Alta Velocidad, un servicio que usa un escaso 4% de los usuarios del tren. En contraposición, solo el 30% de esos fondos públicos va dirigido a los servicios que utilizan el 96% de quienes se suben a los vagones cada día: Cercanías, Regionales y Media Distancia. Es lo que ha denunciado hoy la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, Social y Sostenible, formada por plataformas regionales, asociaciones, sindicatos y los partidos políticos Equo, Izquierda Unida y Podemos.  

Por este motivo, las organizaciones integradas en la plataforma han organizado una semana de lucha en la que se integrarán acciones, protestas y movilizaciones cuyo fin es reivindicar el ferrocarril público y social frente al AVE.

NUEVOS RECORTES

¿Por qué ahora una semana de lucha? “El Gobierno va a revisar a finales de año las llamadas obligaciones de servicio público, lo que tendrá una incidencia en los trenes regionales y de cercanías, trenes que cada día permiten acudir al trabajo, a sus centros de estudio, al médico o a realizar actividades administrativas en las capitales de provincia a más de dos millones de personas cada día”, ha expuesto esta mañana José Luis Ordóñez, portavoz de Ecologistas en Acción, en la presentación de la semana de lucha.  

En la práctica, la revisión de las obligaciones de servicio público en determinados trayectos podría suponer la desaparición de nuevas líneas y la supresión de servicios, como ha venido sucediendo en los últimos años. Todo ello, denuncian, para favorecer una inversión en una Alta Velocidad que solo utilizan 23.000 personas al día.

Otro de los objetivos de la campaña es adelantarse a los recortes que el Gobierno quiere implementar, previsiblemente y según la información de que dispone la Coordinadora, un nuevo tijeretazo al sector del que aún no existen datos concretos de cómo, cuándo y dónde se producirán.

Asimismo, las organizaciones integradas en la Coordinadora buscan incidir en el futuro mapa ferroviario español: “En el conjunto de la UE se está dibujando la red ferroviaria que se va a poner en servicio en el 2030, pero que se va a definir en el 2023. En el caso de España queremos un ferrocarril que vertebre todo el territorio, con velocidades medias de 165 km/h en líneas de doble vía electrificada, estaciones en el mundo rural y líneas que permitan la circulación de todo tipo de trenes”, indica Ordóñez. Una línea contraria a la el Estado ha llevado a cabo desde la aparición del AVE en los años 90, pero que desde la Coordinadora ven “coherente con las orientaciones que plantea la UE”.

La modernización de un kilómetro de vía convencional es diez veces más barata que la construcción de un kilómetro de AVE, un medio de transporte que, recuerdan, necesita de mayores y mucho más costosas infraestructuras.

CONTINUA PRECARIZACIÓN

La portavoz del Sector Federal Ferroviario de CGT (SFF-CGT, uno de los sindicatos integrados en la Coordinadora), María del Mar Aguilar, ha denunciado la continua merma de la plantilla y de las condiciones laborales, lo que crea “dificultades y cargas en las condiciones de trabajo y estrés, habiendo incluso situaciones que pueden afectar a la seguridad”.

Aguilar ha recordado que en 2005, cuando Renfe y Adif se separaron en dos empresas diferentes –un proceso en el que se perdieron 4.000 puestos de trabajo– la plantilla contaba con unas 29.000 personas, muy lejos ya de las 130.000 de los años 60 y las 70.000 de los 80. Sin embargo, desde 2014 “con los ERE masivos, se han perdido alrededor de 1.500 personas por año”, recuerda la portavoz.

Además, la nueva disgregación de estas empresas –Renfe Operadora en cuatro empresas y ADIF en ADIF y ADIF Alta Velocidad– y la externalización de servicios ha provocado “que en las últimas desvinculaciones en Renfe y jubilaciones en ADIF se hayan perdido 1.300 personas al año”, señala Aguilar. El resultado: “Una media de edad de la plantilla de 55-56 años” y “una falta de reposición de puestos de trabajo”.

Por ello, desde la Coordinadora exigen “una reposición del 100% del personal que se ha ido”, más teniendo en cuenta los próximos recortes de personal. Como expone la sindicalista, “para 2018 Renfe lanzó una oferta más de desvinculación de la empresa y, para hacer una estimación de cuántas personas podría prescindir, hizo una encuesta de la que salió que más de 1.200 estarían dispuestas a una jubilación anticipada”.

Desde CGT recuerdan que el proceso de privatización y externalización que está en marcha en el ferrocarril público, en el que pronto podrían entrar operadores de viajeros privados, ha precarizado de forma constante las condiciones laborales de la plantilla.

OPORTUNIDAD MEDIOAMBIENTAL

La Coordinadora ha resaltado la oportunidad perdida que sería abandonar el tren convencional modernizado frente al modelo AVE. Elena Díaz, portavoz de Ecologistas en Acción, ha señalado que “la reivindicación del tren responde a unas necesidades del presente y es una apuesta imprescindible por el futuro”. 

Mientras en Bonn discuten sobre cambio climático en la Cumbre del Clima COP23, el transporte es el sector que más emisiones de CO₂ produce: en España, más de un 30% del total. “Cada español recorre cada día 50 kilómetros en coche" y "más del 70% del petróleo que llega a España se dedica al sector transporte”, ha señalado Díaz, recordando que “no hay ninguna medida para paliar estos efectos”. 

Por ello, la ecologista ha denunciado que “es urgente un cambio y es ahí donde el ferrocarril tienen enorme ventajas: dispone de una extensa red que vertebra el territorio, es un medio óptimo para mover personas y mercancías, con gran capacidad y su eficiencia energética es mucho mayor que cualquier otro medio de transporte”.