Medio rural
Hachazo al pilar agrario de la UE

Cerca de 400.000 millones de euros. El 38% del presupuesto comunitario entre 2014 y 2020. Sustento básico para la supervivencia de las zonas rurales, de miles de familias y, a su vez, regalo en forma de subsidios millonarios —en varios casos de decenas de millones— a familias de terratenientes a priori tan poco necesitadas de ayudas como los Mora Figueroa, los Domecq o los Hernández Barrera.

Hasta el actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, está relacionado con el cobro de subsidios millonarios: está casado con Micaela Domecq, quien recibió solo entre 2012 y 2013, cuando él era ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 311.00 euros —si hablamos de toda la familia, la cifra se multiplica—. Todo eso es la Política Agraria Común (PAC), uno de los pilares del sistema de la Unión Europea, cuya organización y presupuesto para el período 2021-27 se están negociando estos días en las instituciones comunitarias.

Si usted vive, aunque sea parcialmente, de la agricultura o la ganadería, lo que viene, probablemente, no le va a gustar. La Comisión Europea (CE) ya venía preparando el terreno. Su presidente, Jean Claude Juncker, apuntaba en febrero tres posibles escenarios para el nuevo presupuesto: quedarse en la situación actual, reducirlo un 15% o minimizarlo con un recorte del 30%. “Son los globos sonda que mandas para decir luego que te hemos rebajado solo un 5%”, dice con sorna el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos.

Esa es la propuesta que presentó la Comisión el 1 de junio, 365.000 millones, una reducción del 5% respecto al presupuesto actual —“que realmente es mucho más, porque no se cuenta la inflación”, corrige Ramos—, que ahora toca debatir en las instituciones europeas. El hachazo se ve más claro si se compara con su peso en el presupuesto comunitario: en el período 2014-20 la PAC era el 38% del total; ahora se reduciría al 28,5%.

Cómo quedará está por ver, aunque nadie duda del peso que tiene la propuesta de la CE. El nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas, que estrena cartera ahora separada de Medio Ambiente, ya ha señalado que defenderá mantener el presupuesto, y las organizaciones agrarias son una piña en lo que respecta al rechazo a los recortes. Pero no las tienen todas consigo: la nueva titular de Economía, Nadia Calviño, ha sido una de las promotoras del tajo a la PAC como directora general de Presupuestos de la Comisión.

dictado liberal

Los mercados mandan en una UE defensora de los tratados de libre comercio. TTIP y CETA son los más nombrados, pero hay una decena más en marcha. La austeridad lleva reduciendo el presupuesto de la PAC desde 1988 y las probabilidades de que ocurra de nuevo son altas. “Es una barbaridad, va a ser muy doloroso para nuestro campo”, señala la eurodiputada del grupo Izquierda Unitaria Europea por Podemos Estefanía Torres, quien resalta además la pérdida de peso de la PAC. “Se está quedando vacía de contenidos. En su momento fue muy importante para establecer una serie de pautas a nivel europeo, pero toda aquella soberanía alimentaria no era tal, sino que la tienen las grandes corporaciones y con los años, los agricultores pierden cada vez más la capacidad de defender su producto”.

El responsable de UPA también rechaza de plano el tijeretazo. “Si queremos mantener un mundo rural, no se puede aceptar ningún recorte. Si Europa necesita más presupuesto, debería sacarlo de una mayor aportación de los Estados”.

El peso de la PAC en el presupuesto comunitario se reduce del 38% actual al 28,5%, según la propuesta de la Comisión

Ramos señala además otra de las claves de esta historia: “Todo lo que se pierde con el Brexit quieren sacarlo de los fondos para ganadería y alimentación”. El antiguo ‘cheque británico’ era clave para los fondos de los que salen los subsidios. Reino Unido ha sido históricamente el segundo mayor contribuyente a las arcas comunitarias tras Alemania, con una contribución anual que ronda los 14.000 millones de euros. “Era un país pagador, mientras que España es un país receptor, el segundo después de Francia”, señalan fuentes de CC OO. Para paliar este problema, este sindicato propone un aumento de la contribución de los Estados del 1% al 1,3%.

Una de las novedades de la propuesta es incrementar la capacidad de los Estados para gestionar los fondos. Esto, que para el vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, ayudará a “incrementar la eficacia de la política”, es un “paso atrás” para Ana Carricondo, responsable de Conservación de SEO Birdlife. “Si luego los países toman decisiones en un sentido o en otro, la PAC podría tener, por ejemplo, un desarrollo ambiental mayor, pero en nuestra experiencia eso no suele ocurrir”.

En la misma línea, la eurodiputada de Podemos ve negativo darle más libertad a los Estados “sin tener criterios comunes de defensa del Medio Ambiente y de un objetivo de soberanía alimentaria real más que de una liberalización del comercio”. Tampoco lo ve con buenos ojos Ramos, quien destaca que “lo que se decida se debe aplicar por igual en todas las regiones”. El peligro, dice, es que un Estado decida apoyar a unos sectores concretos en detrimento de otros y que se produzcan situaciones de competencia desleal dentro de la UE .

Lo que sí tiene buena acogida entre los pequeños productores es la propuesta de fijar un límite de ayudas por explotación de 100.000 euros, con recortes del subsidio a partir de los 60.000. Es una antigua exigencia de colectivos como UPA que, en teoría, implicaría más redistribución de los fondos y favorecería a los más modestos. La responsable de SEO Birdlife, más cauta, recalca que “siempre hay margen para la trampa”—por ejemplo, dividiendo las explotaciones en varios titulares— y vaticina “poco impacto real” a la medida, aunque mantiene que, “si se hiciera de una manera real, podría liberar presupuesto para ayudas que no sean pagos directos”.

Concentración de la tierra

Desde Podemos, Torres plantea que “un techo a las ayudas por arriba está muy bien, pero luego habrá que ver cómo las reparte cada Estado, porque en el caso del Estado español es un escándalo”. Basta con recordar las cifras millonarias de subsidios cobradas por grandes terratenientes. Como recuerdan desde CC OO, el 20% de los perceptores se lleva el 80% de las ayudas de la PAC, un modelo que no ha ayudado a parar la concentración parcelaria y el desarrollo imparable de la agricultura intensiva industrial, la antítesis del desarrollo medioambiental sostenible.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística referentes a la extensión de las explotaciones agrarias señalan una progresiva concentración de la tierra en España. La superficie agrícola utilizada media por explotación ha pasado de 22,07 hectáreas a 25,06 entre 2003 y 2016, y mientras el número de las pequeñas y medianas explotaciones no ha dejado de mermar, solo han aumentado las de más de 50 hectáreas y las de más de 100 hectáreas, suponen el 56,9% de la superficie utilizada para actividad agrícola. 

Una reivindicación histórica de los pequeños y medianos productores es que las ayudas vayan al productor real. “No es justo que haya gente que no tiene nada que ver con el sector, o que es propietaria de fincas, y cobre las mismas ayudas que el que solo tiene para vivir su explotación”, denuncia Ramos. En 2015 se introducía la figura del ‘agricultor activo’, que, como señala Torres, “fija que haya al menos unos ingresos agrarios del 20% para percibir ayudas”.

Gran parte del sector defiende que ese porcentaje aumente a un 30%, aunque desde organizaciones como UPA o CC OO hablan de la necesidad de, como plantea Ramos, “unas ayudas ligadas directamente a la producción, y cuanto más mejor”. La última propuesta de la CE introduce la figura del ‘agricultor genuino’, pero serán los Estados quienes decidan qué porcentaje de actividad agraria debe realizar un beneficiario para poder optar a los subsidios.

Lorenzo Ramos, secretario general de UPA: “Si queremos mantener un mundo rural no se puede aceptar ningún tipo de recorte”

El recorte del 15% en el llamado segundo pilar de la PAC, los fondos para Desarrollo Rural, tampoco ayuda a la fijación de población en el medio rural. “No entendemos que uno de los objetivos de la PAC sea luchar contra el despoblamiento y donde primero recortan, y con mayor cuantía, es en Desarrollo Rural”, dice el secretario general de UPA. “Si no hay servicios para que la gente viva en el campo, se irán a las cabeceras de provincia”.

Escepticismo VERDE

A pesar de la retórica de la CE, con un supuesto 40% del presupuesto que contribuye a “acción por el clima”, los ecologistas se muestran escépticos. Los principales grupos del país planteaban el 14 de junio sus Diez medidas para una transición ecológica , entre las que se encontraba “avanzar en una política agroalimentaria respetuosa con el medio ambiente”, asegurando en la nueva PAC “más controles a la condicionalidad ambiental y que prioritariamente la financiación se destine a fines ambientales”. Sin embargo, como señala Carricondo, “la propuesta es un retroceso respecto a la última reforma”.

Una de sus principales críticas es la desaparición del greening , el pago verde que vinculaba la obtención de ayudas a condicionantes medioambientales y que, según SEO Birdlife y WWF, implica la desaparición del 30% del presupuesto destinado a pagos directos para objetivos medioambientales. “Se elimina de un plumazo a cambio de, supuestamente, reforzar la condicionalidad, algo que no está muy seguro y que ni siquiera se asocia a un presupuesto concreto”, denuncia Carricondo.

Con todo ello, desde Podemos la eurodiputada apunta que la PAC “no está donde debería enmarcarse”. Tal como plantea, “lo que hay que hacer es favorecer los circuitos cortos, facilitar que la gente consuma a pequeña escala. Debería haber una reflexión profunda sobre el cambio de sistema agroalimentario a nivel mundial, un sistema basado en los combustibles fósiles y, por tanto, al borde del colapso”. Y ante la nueva propuesta de PAC, su conclusión es clara: “Una PAC que diga que quiere defender a los agricultores no es compatible con una política comercial liberalizadora del mercado y con los tratados de libre comercio que está aprobando la Comisión”.