Temporeros
Vidas exprimidas en temporada de cosecha

Fátima es marroquí, tiene dos hijos y ha venido por primera vez a España a trabajar en la fresa. No sabe castellano y apenas unas palabras de francés, pero lo suficiente para explicar que en la finca en la que trabajaba había “muchos problemas y mucha violencia”. También para contar que el contrato en origen que firmó en Marruecos, de seis horas de trabajo diario por 40 euros, no se cumple. Hasta 10 y 12 horas en el tajo por menos de 30 euros al día, trabajo que la empresa aún no ha remunerado. Y que sus condiciones de vida —seis mujeres en un pequeño contáiner— eran deplorables.

Fátima no es su nombre real. Ella forma parte del grupo de diez mujeres rescatadas a principios de junio por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y cuya denuncia de graves abusos laborales y sexuales en una finca de Almonte (Huelva) ha recorrido medios nacionales e internacionales. Antes de despedirse, acierta a decir que muchas chicas “tienen miedo de hablar”.

Pepe Blanco, el responsable del SAT que se encuentra con ellas, repite que llevan años denunciando estos abusos y que tiene que haber “complicidad de la Guardia Civil, la Policía y jueces de la zona para que esto se haya producido durante años”. También habla de cientos de partes médicos que ratifican abusos y violaciones que nunca se han tramitado en los juzgados. Ahora intentan prolongar los visados de las denunciantes para que puedan ratificar su denuncia en los tribunales. “Hay una banda criminal que está actuando, y hay connivencia de la Administración marroquí y la española”, dice Blanco.

“El sistema de contratación en origen está totalmente basado en una finalidad productiva de la migración”, según Pastora Filigrana, del SAT

Además de los abusos sexuales, están la explotación laboral y el incumplimiento total de los contratos y del convenio, “y eso lo han sufrido las 17.000 que han venido”, dice Blanco.

los “contingentes”

En diciembre de 2017, según el último informe de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, había en España 1,8 millones de personas extranjeras dadas de alta en la Seguridad Social, un 7,3% más que en 2016. De ellas, 218.216 lo estaban bajo el sistema especial agrario. Cerca del 40% de ellas —86.870— se dieron de alta en Andalucía y otro 34,4% en Murcia o Alicante —41.829 y 33.106, respectivamente—. El país de origen más común: Rumanía —58.415 personas— y Marruecos —80.973—.

“Hay dos épocas —explica Javier Velasco, responsable del sector del Campo en CC OO—, una con el boom de la construcción, cuando la gente abandonó el campo para trabajar en la construcción y trajeron mano de obra extranjera de Europa, de Rumanía, de Bulgaria”. Cuando explotó la burbuja, muchos trabajadores españoles abandonaron la construcción y volvieron al campo. “Eso dio lugar a importantes bolsas de personas sin papeles ni trabajo”, añade.

Estas personas se convirtieron en los “contingentes”, trabajadores disponibles para el sector de la agricultura a los que se acudía cuando eran, más que necesarios, indispensables, pero que después quedaban olvidados.

Inmigración productiva

“En Huelva, al último llamamiento han acudido 15.000 personas de Marruecos porque la gente de allí no cubría el trabajo”, añade Velasco. Son contrataciones en origen, planificadas para nutrir de mano de obra trabajos con condiciones tan pésimas que la mano de obra de aquí se niega a cubrir. “Lo venden como una manera de migración regulada y ética para luchar contra la migración irregular y consiste en traer a un determinado número de personas para hacer un trabajo y devolverlas cuando no son necesarias”, dice Pastora Filigrana, abogada especializada en derechos humanos y portavoz del SAT. “Está totalmente basado en una finalidad productiva de la migración”, añade. En Huelva, la mayoría de personas contratadas en origen son mujeres marroquíes. Filigrana explica que los empresarios buscan unos perfiles determinados: “Los más explotables posibles: mujeres antes que varones, porque en el imaginario del empresario es menos combativa cuando no se cumplen sus derechos, y con hijos a cargo para que la posibilidad de pelea sindical se aborte porque tienen que alimentar a sus hijos”.

Aunque se ha presentado como un modelo que permite al trabajador extranjero disponer de los mismos derechos que uno comunitario, “este marco legal no ha prevenido, e incluso parece haber fomentado, formas específicas de explotación, principalmente de género”. Lo dice el informe The vulnerability to exploitation of women migrant workers in agriculture in the EU (“La vulnerabilidad frente a la explotación de las mujeres trabajadoras migrantes en la agricultura en la UE”), publicado en mayo por el Parlamento Europeo. Este tipo de contratación crea una “fuerte dependencia con respecto a los empleadores, que pueden decidir contratar al trabajador nominalmente para la próxima temporada”, lo que “a menudo lleva a los trabajadores a ser más ‘dóciles’ y más dispuestos a aceptar condiciones de trabajo abusivas”.

En el caso de Huelva, además, cuando las marroquíes no cubren la producción, “se tira del ejército de reserva, que son los subsaharianos que viven en los asentamientos, muchos de ellos sin papeles. La patronal se beneficia porque es más fácil saltarse el convenio y pagarles menos de los 40 euros fijados”, dice Filigrana.

En el peor de los casos, la explotación se convierte en trata de seres humanos. El agrícola es “uno de los sectores potencialmente más sensibles en cuanto a la problemática relacionada con la trata de seres humanos, la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social”, sobre todo durante las campañas de recolección en las explotaciones agropecuarias, según un informe de la Guardia Civil. En 2016, 11.427 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación laboral, un 32% en el sector agrícola. Pero esto no es más que la punta del iceberg, según el Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que el 20 de junio instaba al Gobierno español a reforzar las inspecciones laborales en el ámbito de la agricultura.

8.000 lechugas, menos de 50 euros

Mustafá Ziani, secretario general de la Agrupación Laboral Autónoma de Fuerza Agraria (Alafa), sindicato nacido en 2016 a raíz de una huelga de trabajadores en el Campo de Cartagena, fue temporero desde 1999 hasta 2006 en Murcia. Allí, según explica, no son habituales los contratos en origen: “Hay miles de trabajadores, cada vez más”. Muchos son de Marruecos, pero también del África Subsahariana y Europa del Este, y se encuentran con duras condiciones de trabajo. “Son contratos basura: te contratan un mes, te despiden, te vuelven a contratar para una campaña sí y la siguiente no. Todo para no hacerte fijo, así es imposible conseguir los 180 días necesarios o trabajar tres temporadas seguidas”.

El trabajo en el campo está regulado en convenios provinciales, pero hay ocho provincias sin convenio propio en las que rige el Estatuto de los Trabajadores. Según Velasco, son convenios similares en los que hay variaciones sobre todo en los salarios: “Los más altos suelen ser los de Navarra, La Rioja... el norte, como siempre, y los más bajos los del sur, en línea con el salario medio de cada comunidad autónoma”.

“Una empresa te paga a 3,50 euros la hora, otra a 3,80, otra a 4,50, pero la mayoría no paga por hora, sino a destajo”, explica Mustafá Ziani, de Alafa

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Si el salario que marca el convenio de La Rioja asciende a 7,42 euros la hora —5,05 euros para menores de entre 16 y 18 años— para una jornada de siete horas diarias, el de Alicante son jornadas de 40 horas semanales, con hasta 10 horas diarias y 6,35 euros hora, y en Murcia un poco más: 6,69 euros. Pero, según Ziani, en la región “hay siete u ocho convenios, algunos de empresa y otros colectivos, pero no se aplica ninguno. El derecho a vacaciones, la paga extra, las horas nocturnas, la baja, la antigüedad, eso es un sueño para Murcia”. Y arremete contra los grandes sindicatos, CC OO, UGT y USO, “que tienen representación mayoritaria en las empresas y en 20 años no han movido un dedo”.

Desde el SAT también hay fuertes críticas hacia el papel de las grandes centrales. “CC OO y UGT son los que firman los convenios pero no están en el tajo, la patronal los tiene para legitimar los convenios, que son una mierda”, dice Pepe Blanco.

A día de hoy, según el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2017, el salario mínimo para los temporeros está fijado en 34,85 euros por jornada. Pero lo que dice el papel es una cosa y la realidad es otra. “Una empresa te paga a 3,50 euros la hora, otra a 3,80 euros, otra a 4,50…, alguna a 6 euros, pero la mayoría no paga por hora, sino a destajo [por trabajo realizado]”, explica Ziani.

“Nosotros trabajamos a destajo”, afirma también Ahmed, que trabaja desde los 90 como temporero en la comarca alicantina de la Vega Baja y en Murcia. “En el limón y la naranja se va a destajo y las horas dependen de las cajas, del pedido que tengas”. Ahmed señala que, cuando trabaja, su nómina nunca alcanza los mil euros y, a menudo, está entre los 500 y los 800, dependiendo de los pedidos, de si llueve o de si el limón está aún verde. Afirma que ni siquiera le facilitan los guantes, zapatos y herramientas para trabajar, a pesar de que aparece en el contrato.

“En Murcia se cobra por bandeja. Un trabajador puede recoger 8.000 lechugas en un día y no llegar a cobrar 50 euros”, dice Ziani. Lo mismo ocurre en Huelva, donde las temporeras, que deberían ganar 40 euros por convenio, “no llegan a 20” después de todos los gastos que les descuentan, dice Óscar Reina, secretario general del SAT. Para Ziani, mejorar las condiciones pasa por eliminar el trabajo a destajo.

Alojamiento, un derecho

Otro de los temas contemplados en los convenios es que el alojamiento debe ser facilitado a los trabajadores por parte de los empresarios, a cambio de un 10% del jornal. Es una imposición de la normativa estatal trasladada a los convenios provinciales con algunas variaciones en cuanto a la distancia mínima con respecto el lugar de origen. Pero tampoco esto se cumple siempre.

El 15 de junio, la televisión murciana mostraba cómo decenas de temporeros que habían llegado a Cieza para la temporada de fruta de hueso vivían hacinados en naves abandonadas. La respuesta de la Policía local fue reclamar a los propietarios de las naves que los desalojaran. En diciembre de 2016, tres temporeros de Senegal y Mali que llegaron a Rus, en Jaén, para la campaña de la aceituna, murieron a raíz de un incendio producido en el garaje en el que se alojaban. Dos de ellos llevaban una década trabajando en este municipio recogiendo aceitunas. “El convenio dice qué tipo de alojamiento hay que poner a disposición de los trabajadores, y en qué condiciones, pero aún hay gente a la que dan para dormir un camastro en un armario”, señala Gemma Casal, de Crida per Lleida. “Aunque la mayoría de los agricultores lo hacen bien, el problema son los que lo hacen mal, que provocan que haya mucha gente en esta situación”, añade.

También resalta que el alojamiento cuesta al trabajador el 10% de su salario. “Si tienes una nómina en la que igual has trabajado 30 días pero solo cotizas 10, no hay horas extra —porque es una peonada— e igual trabajas un mes de forma discontinua y luego no tienes derecho a paro ni ayudas sociales, muchas veces el agricultor ofrece alojamiento pero ellos prefieren ahorrárselo. Luego hay agricultores que no tienen alojamiento para darles y, si dicen que son de fuera, no los pueden contratar, así que los temporeros dicen que son de allí”.

En algunos casos, el alojamiento se convierte en una cárcel. Ziani detalla que en Murcia algunas empresas tienen a los trabajadores “como rehenes” y les cobran hasta por lavar la ropa. “He conocido casos en los que no dejan que nadie se acerque a las viviendas y hasta ponen vigilantes en la entrada”, afirma. Reina describe una realidad similar para Andalucía, con los trabajadores con contrato en origen. “El viaje se lo pagan ellos y también pagan la vivienda, que es un contáiner sin cédula de habitabilidad y en 12 m2 viven seis personas. Y de noche cierran como si fuera una cárcel”.

Pero, más allá del incumplimiento de los convenios, según explica Velasco, es el sistema de altas y bajas en el régimen agrario una de las principales fallas y lo que permite más el fraude.

milagro de San Isidro Labrador

El régimen agrario contempla que a los trabajadores se les dé de alta al inicio de la campaña. Es un alta teórica, las jornadas reales trabajadas se declaran posteriormente, del 1 al 10 del mes siguiente. “Aunque Inspección vaya a una finca, puede comprobar que todos estén dados de alta teórica, pero no si han declarado o no la jornada, así que se puede hacer fraude como se quiera”, explica Velasco.

Desde CC OO calculan que el trabajo en negro en el campo puede suponer entre el 20% y 30% del total. Son estimaciones, pero los datos reales y, con ellos, la solución, no son imposibles de conseguir. “El problema es que el Estado no tiene interés en acabar con la economía sumergida en el sector agrario, hay una fórmula que da resultados y es tan sencilla como cruzar los datos de la producción que se recoge en una finca y el número de jornadas que se han declarado para recoger esa producción”, explica Velasco. “Haciéndola se verían auténticos milagros: veríamos naranjas que han rodado solas hasta el camión, veríamos el milagro de San Isidro labrador y cosas que nos dejarían escandalizados, pero como el Gobierno del Partido Popular nunca ha querido cruzar los datos de los ministerios de Agricultura y Empleo con la Inspección de Trabajo, sigue habiendo lo que hay”.

En el caso de Jaén, explica que unos compañeros hicieron una herramienta para calcular la mano de obra necesaria según hectáreas o número de árboles. “Con ella se ha palpado que puede haber en torno a dos millones de jornadas no declaradas en Jaén. Yo mismo he estado con gente sin papeles a la que pagaban 20 euros trabajando 12 horas al día recogiendo naranjas y sin alta en la Seguridad Social, y es la gente que salta la valla, gente que tiene que vivir y comer, y abusan de ellos”, continúa. Apunta que “el problema es que no se ha metido en la cárcel a muchos empresarios que explotan a través de no dar de alta”. Aunque el Código Penal ya contempla que, cuando no se da de alta a un determinado número de trabajadores, es una infracción penal, Velasco señala que “no se aplica mucho”. Tampoco ayuda la Ley de Extranjería. “La gente, por miedo a ser expulsada, no denuncia y va tragando”.

“La ley es para ellos, para los empresarios, no para los pobres, los trabajadores”, dice Ahmed. En los años que lleva en el tajo, nunca ha visto a un inspector de trabajo. “Deberían ir a los huertos o dar un número verde para que los trabajadores podamos llamar si no se respetan los derechos, pero aquí sólo hay controles para que no se robe en las fincas, no vienen inspectores”, añade.

ETT, EL TERCERO EN DISCORDIA

Como las desgracias son lucrativas, el sector agrario es también uno de los favoritos de empresas especializadas en especular con la mano de obra: las empresas de trabajo temporal (ETT). En regiones como Murcia, el 80% de los contratos en el campo se realizan ya a través de ETT. “Los trabajadores cobran 600 o 700 euros, todas pagan por destajo, dan al trabajador un precio muy bajo por pieza y además cotizan un día de cada tres trabajados, no tienen derecho a nada, te pueden echar cuando quieran, se hacen jornadas agotadoras… Es la esclavitud total”, dice Ziani.

Con las ETT, los trabajadores llegan a cobrar la mitad que con un contrato directo. El número de temporeros atrapados en sus estructuras se ha multiplicado

Con las ETT, los trabajadores llegan a cobrar la mitad que con un contrato directo. El número de temporeros atrapados en sus estructuras se ha multiplicado, ya que a las grandes empresas les resulta más cómodo contratar a través de ellas y desentenderse de todo, aunque ello se traduzca en salarios de miseria y menos derechos laborales. También en Lleida, el número de ETT “ha crecido de manera espectacular”, dice Casal, que afirma que, poco antes de que den comienzo las campañas, muchas de estas empresas se dan de alta como sociedades limitadas para volver a darse de baja tras la campaña.

Velasco afirma que desde CC OO están planteando limitar la subcontratación y regular para que “al menos apliquen el convenio”. “Pero ¿es que no hay control sobre las ETT?”, le preguntamos. “No, son verdaderas mafias”, responde.

Ley de Extranjería

Que muchos de los trabajadores que sacan adelante las campañas sean extranjeros pone en el centro del problema otra política que trasciende lo laboral: la Ley de Extranjería. “La libertad ambulatoria no se concibe como un derecho, sino como un recurso económico, en este caso para regular la mano de obra”, señala Filigrana. “Ha sido así con todos los gobiernos que se han sucedido, la política de extranjería está orientada no a regular la migración, sino a arrinconarla en una situación que la haga más fácilmente explotable”, continúa.

Con la Ley de Extranjería como uno de los ejes, en Lleida hace un mes comenzaron la campaña “Fruita amb justícia social”. En 2017 llegaron a esta provincia 28.000 temporeros para los trabajos de recogida de fruta de hueso, pera y manzana. Este año, la gente comenzó a llegar en abril. Por toda la ciudad se ven pancartas en las que se lee: “Silencio, temporeros durmiendo en la calle”. Y es que, a día de hoy, ya son un centenar las personas viviendo en las calles de la capital de provincia, en busca de un trabajo. “En otros pueblos hay ya campamentos”, añade Casal.

Este año han creado una red de apoyo para denunciar la situación que sufren los temporeros como consecuencia de la Ley de Extranjería. “Hemos unido los tres ejes de lucha: lo laboral, el racismo institucional y la Ley de Extranjería, porque la mayoría de temporeros son migrantes que viven una situación de extrema vulnerabilidad y no pueden denunciar por si se les retira el permiso de residencia, se les deporta o se les lleva a un CIE”, explica Casal. Desde esta red han pedido una mesa de negociación con la Generalitat, el Ayuntamiento de Lleida y la Diputación para que ofrezcan albergues públicos y sanidad. “Hay campamentos con peores condiciones que los campos de refugiados y esta gente tiene difícil ir al centro de atención primaria. Hay gente enferma y esta situación ya se ha cobrado alguna vida”, dice.

Las sociedades mercantiles gestoras de explotaciones agrarias pasaron de 16.091 en 2003 a 24.391 en 2016

Monedas en el campo

En la última década, la distribución de la tierra presentó una dinámica lenta, pero sin pausa, hacia una mayor concentración de las explotaciones agrícolas. Las de menos de una hectárea bajaron de las 105.111 que había en 2003 a las 72.009 en 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En los mismos años, el número de explotaciones con más de 100 hectáreas subió de 50.135 a 51.942. Esto ha ido acompañado de un cambio en la gestión. Entre 2003 y 2016, el número de personas físicas que gestionaban explotaciones agrícolas pasó de más de dos millones a menos de 1,6, mientras las sociedades mercantiles gestoras de explotaciones agrarias pasaron de 16.091 en 2003 a 24.391 en 2016, según datos del INE. “La PAC fomenta la acaparación de tierras y, con ella, la mano de obra barata; estamos subyugados a sus políticas económicas”, afirma Óscar Reina.

En 2017, las frutas y verduras fueron el décimo grupo de productos en el ránking de exportaciones españolas por valor monetario, según el último informe del ICEX. En total, estas exportaciones sumaron 123.700 millones de euros, más de 3.000 millones solo contando aceite de oliva virgen y tomates.

Casal dice que, como cada año, pronto saldrá la noticia de que los agricultores pedirán a la UE tirar fruta para que suban los precios. “Es un sistema insostenible que se lleva el trabajo de los agricultores y la vida de los temporeros, y en el que, cuando caen los precios, se pueden llegar a tirar 40.000 toneladas de fruta”.

Pero más que la exportación y las políticas agrícolas europeas, Velasco señala la distribución como la causante del descalabro del sector agrícola. “En España, entre seis cadenas de distribución venden el 70% de los alimentos que consumimos”. Son estas grandes empresas —Mercadona, Dia, Carrefour, Eroski, Lidl y Auchan— las que fijan el precio final, y ellas nunca pierden. “De ahí para atrás, todo el mundo se tiene que apretar el cinturón, y el que más paga es el último de la cadena, que es el trabajador, quien está doblando el riñón”, continúa Velasco.

José Manuel García, agricultor de la Vega Baja, explica cómo estas cadenas imponen los precios: “Cuando hay mucha producción, tiran los precios por los suelos, y cuando hay poca cosecha compran solo dos o tres partidas y dejan de comprar para que los agricultores se pongan nerviosos y vendan a menor precio, esa es la estrategia”. El margen de beneficio para las grandes cadenas mayoristas en el sector de las frutas y hortalizas llega hasta el 776% en los limones, al 806,85% en las naranjas navelinas y al 417,4% en las manzanas tipo golden, según muestra el Informe del sector de las frutas y hortalizas (Oferta, Distribución y Demanda) de junio de 2004, del Ministerio de Agricultura. Desde El Salto hemos intentado encontrar comparativas de precios más actualizadas pero, según han señalado desde el propio ministerio, no han vuelto a publicarse estudios de este tipo. Según el estudio que realiza cada mes Coag en colaboración con las asociaciones de consumidores UCE y Ceaccu, los productos agrícolas tuvieron en junio de 2018 un aumento entre el precio de origen y destino de hasta el 440% en el caso de las naranjas, 547% en los albaricoques y del 1.109% en el brócoli.

“Es muy importante promocionar la agroecología y el consumo responsable porque solo cambiando el consumo podemos luchar contra la Ley de Extranjería y contra este sistema que necesita esclavos trabajando en el campo”, concluye Casal.

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Esta visión de conjunto se presenta con la intencionalidad de extender la alimentación más allá de la producción en sí.