Vertidos ilegales, el negocio de contaminar

En junio de 2015, en plena ola de calor, los vecinos de la zona oeste de Rivas Vaciamadrid y del Ensanche de Vallecas se despertaron al respirar un humo pestilente que entraba a bocanadas por sus ventanas. El motivo: un ‘volcán’ de varias toneladas de basura situado en Madrid junto a la A-3, muy cerca del vertedero de Valdemingómez, se había incendiado a consecuencia del calor.

Los desechos que allí se amontonaban, a lo largo de 16 hectáreas, incluían materiales tóxicos de todo tipo, desde bombonas de butano hasta amianto, muebles, electrodomésticos o escombros. Durante 20 días, los bomberos trataron de sofocar las llamas, hasta que lograron cubrirlo con arena. Pocos meses después, la combustión continuaba bajo la superficie y se abrían grietas y fumarolas, amenazando con volver a emitir gases tóxicos a la atmósfera; de nuevo, la respuesta fue cubrirlo con arena. Finalmente, y casi dos años después, un acuerdo con una asociación de empresas constructoras sirvió para cubrir definitivamente el terreno con 24.000 toneladas de arena, que fue repoblado con árboles. 

Menos de un año después, otra columna de humo, esta vez mucho más negro y de enormes dimensiones, ponía en vilo a los vecinos de Seseña y alrededores: el mayor vertedero ilegal de neumáticos de Europa se convertía también en pasto de las llamas, provocando el confinamiento de cientos de personas y, de nuevo, la alarma sanitaria por las emisiones de estas sustancias tóxicas a la atmósfera. Este último suceso tenía un denominador común con el anterior: durante años, cientos de camiones habían ido descargando en ambos lugares los residuos sin ningún tipo de control, a la vista de todo el mundo, y sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

Durante años, cientos de camiones han descargado residuos sin ningún tipo de control, a la vista de todo el mundo, y sin que nadie hiciera nada por impedirlo

En el caso del vertedero de la A-3, la persona que se lucraba cobrando a los transportistas cantidades mucho más bajas que las que pagarían en el vertedero legal, situado a escasos metros, acumulaba multas por delitos medioambientales por valor de más de 117.000 euros; en el caso del vertedero de neumáticos de Seseña, la cuantía de las sanciones superaba los 600.000 euros. Ninguno de los dos ha llegado a pagar, hasta el momento, por lo ocurrido. 

El problema de los vertidos ilegales afecta a casi todos los municipios, en mayor o menor medida. “Se trata de una práctica habitual en polígonos o naves medio abandonados, o en terrenos de difícil acceso”, explica Jesús Pérez, de Ecologistas en Acción. “Lo que más abunda son residuos de construcción, aunque se suelen mezclar con plásticos, pinturas... Las empresas que cometen estas infracciones hacen acopio de un mismo tipo de residuos y hacen una gestión ilegal. Por ejemplo, en cuanto a los frigoríficos, cuyos gases son muy contaminantes y deben ser extraídos en instalaciones especializadas, suelen separar el metal, que es el negocio fácil, y abandonar el resto”, añade Pérez.

ZONAS CASTIGADAS

Sin embargo, hay focos donde se concentran especialmente este tipo de actividades. Y es que las zonas más castigadas por los vertidos ilegales de la Comunidad de Madrid se concentran en el sur y, sobre todo, en el este. El vertedero situado junto a la A-3 que ardió en 2015, por ejemplo, reunía las condiciones ‘perfectas’, ya que la entrada a esa zona se realiza por la misma vía por la que se accede al vertedero de Valdemingómez, por lo que el ir y venir de camiones cargados de residuos por la zona no despierta ninguna sospecha.

Tras el incendio, y la posterior recuperación del terreno, los responsables de los vertidos se han ido desplazando a lo largo del eje de la Cañada Real, una zona donde en los últimos años las escombreras se han multiplicado de manera alarmante. Allí, la vía pecuaria ejerce de límite entre los términos municipales de Madrid y Rivas Vaciamadrid; los terrenos colindantes pertenecen a empresas y organismos tan dispares como Adif, la junta de compensación de Los Ahijones o particulares; y el Seprona, cuerpo de la Guardia Civil encargado de la vigilancia medioambiental, se encuentra bajo mínimos, con apenas tres agentes que vigilan 19 municipios.

Los responsables de los vertidos se han ido desplazando a lo largo del eje de la Cañada Real, una zona donde en los últimos años las escombreras se han multiplicado de manera alarmante

Estos terrenos se encuentran a escasos metros de viviendas de la parte oeste de Rivas, pero lo suficientemente ocultos de la zona urbana como para pasar desapercibidos, y de la M-50, desde donde apenas se divisan hileras de frigoríficos a medio desguazar que se extienden a lo largo de cientos de metros. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid tiene localizados a día de hoy 11 focos de vertidos ilegales, la mayoría en el término municipal de Madrid, a escasos metros del núcleo urbano ripense.

La situación, en palabras del edil de Medio Ambiente del municipio, José María Álvarez, es “desesperante”: cada vez que se cierra un camino para impedir el acceso de los vehículos o se limpia una porción de terreno, a los pocos días los vertidos vuelven a hacer acto de presencia. Los vecinos de la zona respiran, prácticamente a diario, el humo de pequeños incendios, muchos de ellos intencionados, de quema de todo tipo de residuos. “Y ese no es el único problema —apunta Pérez, de Ecologistas—, ya que, además de las emisiones de gases nocivos a la atmósfera que producen estas quemas, los suelos y las aguas subterráneas se contaminan con todo tipo de sustancias”.

MAPEAR LA BASURA

Es en este ámbito donde la asociación Rivas Contaminación Zero, que se creó para combatir este problema a raíz del incendio de 2015, ha ejercido su labor en los últimos años. Esta organización se propuso combatir los vertidos desde distintos frentes: el mediático, ‘mapeando’ el terreno y difundiendo el material audiovisual que recaban en las visitas que realizan cada pocas semanas para controlar la evolución de los vertidos; el judicial, mediante denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue y castigue a los responsables; y el institucional, mediante reuniones y presión sobre las administraciones (ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y Madrid, Comunidad de Madrid, Seprona, Comisionado para la Cañada Real...) para que ejerzan sus competencias.

Este último es, precisamente, el mayor escollo que se han encontrado, ya que las competencias en esta materia están divididas. Según la ley, son los propietarios de los terrenos quienes deben mantenerlos limpios, y las administraciones podrán actuar de manera subsidiaria para recuperar estas áreas.

Son los propietarios de los terrenos quienes deben mantenerlos limpios, y las administraciones podrán actuar de manera subsidiaria para recuperar estas áreas

En cuanto a las sanciones, el Seprona es el encargado de tramitar las denuncias, mientras que la Comunidad de Madrid impone las sanciones. Otro problema añadido consiste en localizar a los responsables. La mayoría son empresas que vierten allí, por ejemplo, grandes cantidades de electrodomésticos, decenas de muebles nuevos del mismo modelo u oficinas enteras de locales que han cambiado el mobiliario; pero su identificación resulta difícil, ya que, antes de tirar los residuos, retiran cualquier símbolo o dato que pueda servir de pista para rastrear su origen.

“En las redes sociales es común leer a usuarios que echan la culpa a los vecinos de la Cañada Real, pero ¿cómo van a tirar ellos 30 frigoríficos a escasos metros de sus casas? Son empresas que, en lugar de llevar los restos de una obra o de productos retirados a un establecimiento autorizado para su correcto reciclaje, lo tiran allí y se quedan con la tasa que paga el ciudadano en concepto de reciclaje”, explica Inés de Nicolás, presidenta de Rivas Contaminación Zero.

Todos los expertos consultados coinciden en que la solución al problema no resulta fácil. La recuperación de los terrenos del vertedero junto a la A-3, que ha sido sepultado bajo toneladas de arena en la que se han plantado árboles, ha supuesto un cambio radical en apenas dos años. El Ayuntamiento de Madrid planea hacer lo propio con otras escombreras situadas en la linde con Rivas Vaciamadrid.

Sin embargo, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), Enrique Villalobos, alerta de que esta medida entraña riesgos. A su juicio, “lo que hay que hacer es retirar los vertidos, no cubrirlos, y rehabilitar la zona. La ley dice que solo se pueden enterrar residuos si han sido tratados previamente, pero en este caso no ha sido así, con el peligro de que los suelos y los acuíferos terminen siendo contaminados”, apunta.

Otro aspecto fundamental que está fallando en Madrid es la persecución de este tipo de delitos. A pesar de que los ayuntamientos aseguran haber incrementado la vigilancia, el problema les desborda; el Seprona, por su parte, se encuentra bajo mínimos, y las pocas sanciones y multas que se tramitan ante la Comunidad de Madrid (solo unas 150 en todo 2015, según datos de la FRAVM) resultan ineficaces, ya que unas veces no se pagan y, cuando se satisfacen, “a los delincuentes les sigue saliendo más barato pagarlas que gestionar de manera correcta los residuos”, dice Villalobos. “Además, aunque sí existe una Fiscalía de Medio Ambiente, no hay juzgados especializados en la materia”, apunta De Nicolás desde Rivas Contaminación Zero.

“La solución pasa por una política de gestión de residuos detallada y, sobre todo, que se haga cumplir. Aquí es fundamental que las administraciones, que no pueden llegar a todas partes, se apoyen en los ciudadanos, que al final son quienes detectan el problema cuando ven un incendio o cuando se adentran en una zona y ven los vertidos; y deben apoyarles y tomar medidas para que esta colaboración no quede en saco roto”, añade la activista.

CAMBIO DE MENTALIDAD

Todas estas medidas, con todo, resultarían insuficientes a largo plazo si no van acompañadas de un cambio de mentalidad. “La mayor parte de los residuos que se tiran por ahí se pueden reutilizar, pero no se ha invertido en inculcar a las empresas la importancia de gestionarlos correctamente”, dice Villalobos.

La solución pasa, pues, por la concienciación del daño que se causa al medio ambiente con este tipo de prácticas, y por facilitar la correcta gestión de los residuos. En la capital, por ejemplo, se han tomado algunas medidas en este sentido, como aumentar las cantidades que se pueden llevar a los puntos limpios para obras domésticas y pequeñas actividades industriales.

De Nicolás se muestra de acuerdo en este aspecto: “El problema de los residuos, en una sociedad basada en el usar y tirar, es ingente y la solución pasa por facilitar la tarea del reciclaje. Deberá obligarse a las empresas a abandonar la obsolescencia programada mediante la fabricación de repuestos asequibles para los productos, y potenciar la formación encaminada a la reparación, y no solo a la fabricación de nuevos modelos”, concluye.