Opinión
Ley de libertad sexual, la paradoja de castigarnos por víctimas

La penalización de la tercería locativa comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país.
Derechos para trabajadoras sexuales
Acción de @pegadas_sevilla que reclama derechos y no rescate, para las trabajadoras sexuales.

Trabajadora sexual e integrante de Putxs en Lucha

21 jul 2021 11:46

Se llamaba Mercy, era nigeriana y ejercía el trabajo sexual, junto con otras compañeras, en un piso de Noruega. Un día, un agresor, haciéndose pasar por cliente, se presentó en el piso, las robó y las violó. La policía tardó tres horas en llegar. Tras prestar declaración en comisaría, fueron alojadas en un hotel. Cuando volvieron a su casa, el arrendador las echó, alegando que habían ejercido prostitución en ella. El resultado de denunciar una agresión fue quedarse sin casa: las habían desahuciado por putas.

El motivo fue que, en los países abolicionistas, es ilegal alquilarle una vivienda a una prostituta, ya que se considera delito de proxenetismo. La consecuencia de esta medida es la clandestinidad y, por ende, la indefensión. Así lo señala el informe de Amnistía Internacional El coste humano de “machacar” en el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega.

Alquilar un espacio destinado a ejercer la prostitución es lo que en el Estado español se denomina “tercería locativa”. Una de las medidas que contempla la Ley de libertad sexual, aprobada en el Consejo de Ministros en segunda vuelta el 6 de julio, es su penalización, puesto que considera que extraer un beneficio del ejercicio de la prostitución de otra persona —aunque este beneficio se limite a un alquiler— es violencia. Pese a su enunciación feminista, esta penalización comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales. Y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país. Así, de modo paradójico y nada inocente, el Ministerio de Igualdad pretende proteger la integridad física y psicológica de la mayoría de mujeres, al tiempo que expone al peligro a las mujeres que no cumplan con la nueva política sexual que impulsa. En otras palabras: castiga a toda mujer a la que considere un mal ejemplo para el resto.

El castigo estatal hacia las trabajadoras sexuales ha ido in crescendo en los últimos años: en un principio, se limitaba a un estigma simbólico, alimentado por las campañas publicitarias —financiadas con dinero público— que afirman que “se paga por nuestro sufrimiento”. Estas campañas, además de estigmatizantes, aunaban en la misma imagen trabajo sexual y trata, alimentando un discurso social que, además de obviar el papel de la Ley de extranjería como motor de la trata, definió a todas las prostitutas como víctimas sin voz. Más adelante la reproducción del estigma se convirtió en penalización económica, mediante la ley mordaza y las ordenanzas municipales. Una penalización destinada a las compañeras que captan clientela en la calle; precisamente las más vulneradas y precarizadas. A las represalias se sumó la invención de fábulas conspiranoides acerca de las trabajadoras sexuales politizadas, con las que nos acusan de ser proxenetas encubiertas tras una falsa identidad de trabajadoras sexuales o de defender los intereses de los mismos.

El Ministerio de Igualdad pretende que las malas mujeres entremos en el Código Penal, resucitando un delito tipificado por el Código Penal del franquismo: la tercería locativa.

Ahora, el Ministerio de Igualdad pretende que las malas mujeres entremos en el Código Penal, resucitando un delito tipificado por el Código Penal del franquismo: la tercería locativa. Así, como segunda paradoja, encontramos que el partido que se alimentó de un discurso de conciencia de clase y democracia participativa castiga a las empobrecidas mediante una lógica penal franquista. No podemos olvidar, asimismo, que el PSOE, el mismo partido que despenalizara la tercería locativa durante la democracia y que tantas licencias ha concedido a clubs de alterne, esgrime ahora el argumento del cierre de los clubs como medida para acabar con la explotación.

No es sin motivo que este tipo de feminismo —defensor de la libertad, la integridad y el consentimiento de las mujeres privilegiadas, a costa de la penalización de las pobres— fue bautizado por Bernstein como “feminismo carcelario”. Tal y como reflejan los informes de Amnistía Internacional, los resultados de este tipo de medidas, no sólo en Noruega, sino también en Argentina, han resultado devastadores, tal y como recoge el informa Lo que hago no es un delito, también de Amnistía Internacional. Su gran logro igualitario ha sido aumentar el poder, abuso y control policial sobre las mujeres, así como la entrada de éstas en las instituciones penitenciarias: según la investigadora argentina Cecilia Varela, el 40% de las personas procesadas por la Ley de trata son mujeres.

Este tipo de legislaciones se venden a la opinión pública como “garantes de los Derechos Humanos”. Sin embargo, pese a este discurso propagandístico, acaban por violar diversos de estos derechos. Noruega, tercer país europeo en implantar el modelo abolicionista, es un perfecto escenario de análisis.

El primer derecho vulnerado con estas políticas punitivas es el derecho a la vivienda, puesto que, al tipificar, como delito de proxenetismo el alquiler de un inmueble destinado al ejercicio de la prostitución, en muchas ocasiones se desahucia a las trabajadoras sexuales de sus viviendas. Un claro ejemplo de esto fue la “Operación sin techo” (Noruega, 2007-2011), en la que se desalojó sistemáticamente a las trabajadoras sexuales de sus hogares. A fin de obtener su dirección y echarlas de sus domicilios, la policía noruega hostiga incluso a las trabajadoras que captan clientela en la calle, pese a que no ejerzan en sus casas. Los arrendatarios, a sabiendas de las dificultades habitacionales ante las que se encuentran estas compañeras, les exigen un alquiler más elevado. Estas medidas violan, por tanto, el derecho a no sufrir discriminación, a la intimidad y a la vivienda.

Enumerando las paradojas que encierra la Ley de libertad sexual, en su importación del punitivismo, añadimos la de un partido que se hizo con la confianza de la clase obrera por señalar el problema de acceso a la vivienda, la especulación urbanística y el impago de las hipotecas y al que ahora, con sus medidas, no le importa desahuciar a las menos privilegiadas.

La “ley de sólo sí es sí” pretende garantizar la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, pero al mismo tiempo empuja al peligro a las trabajadoras sexuales, utilizándonos como el castigo ejemplarizante

En segundo lugar, otro de los derechos que se ven afectados por la propuesta de la “ley del sí es sí” es el de la seguridad de la persona: puesto que la policía actúa como cuerpo represor, las trabajadoras sexuales no denuncian los abusos a los que puedan verse sometidas; por tanto, los perpetradores gozan de impunidad. Dada la situación, en ocasiones, las trabajadoras sexuales optan por realizar los servicios en la casa de los clientes, exponiéndose al peligro: muchas veces, incluso los hoteles identifican y echan a las trabajadoras sexuales. También se penaliza a las compañeras que, por garantizar su seguridad, compartan espacio. Esta inseguridad a la que se ven abocadas las que viven bajo el punitivismo arroja luz sobre otra de las paradojas de la “ley de solo sí es sí”: una ley que pretende garantizar la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, al mismo tiempo, empuja al peligro a las trabajadoras sexuales, utilizándonos como el castigo ejemplarizante de quienes no sigan los mandatos de la nueva política sexual.

En tercer lugar, la criminalización de la tercería locativa supone un aumento de la presión policial sobre los lugares donde se ejerce prostitución. En esta persecución de prostitutas, la policía ha llegado a considerar como prueba de que en un inmueble se ejerza la prostitución el que haya preservativos. Con esto, se está violando el derecho a la salud sexual y reproductiva. En este mismo sentido, tal y como denuncia ONU SIDA, la criminalización aumenta el contagio del VIH: los clientes problemáticos, conocedores de la clandestinidad y la vulnerabilidad a las que se ven sometidas las trabajadoras, acaban por exigir prácticas de riesgo.

En ningún caso estas medidas ayudan a acabar con la trata, pese al argumento populista de que están destinadas a acabar con la explotación. Tal y como señala Amnistía Internacional, de las 280 denuncias presentadas en Noruega, en el ámbito de la prostitución forzada, entre 2006 y 2014, solo se han dictado 32 sentencias. Paradójicamente, no se protege a las víctimas de trata, sino que sucede lo contrario: al recaer la sospecha de prostitución especialmente sobre las migrantes, se dan muchos casos en que las víctimas de trata acaban siendo perseguidas.

En cuanto a Argentina, la ley vigente es la Ley de trata, la cual, al igual que la Ley de libertad sexual, anula el consentimiento de la trabajadora y tipifica como delito todo lo que rodea al trabajo sexual (alquiler de inmuebles, transporte, limpieza, ayuda con la organización, etcétera). En consecuencia, las trabajadoras sexuales se ven expuestas al acoso, abuso e incluso sobornos policiales, ya sea éstos a cambio de avisar de un allanamiento o de una declaración favorable ante el juez.

En Argentina, esgrimiendo como justificación la Ley de trata, las trabajadoras sexuales padecen de constantes allanamientos, detenciones, arrestos con armas de fuego e interrogatorios coercitivos

Esgrimiendo como justificación esta ley, las trabajadoras sexuales argentinas padecen de constantes allanamientos, con conductas violentas y robos de sus efectos personales, detenciones, arrestos con armas de fuego e interrogatorios coercitivos —incluyendo en éstos a los psicólogos que, lejos de respetar la confidencialidad exigida por el código deontológico, suelen colaborar con la policía—. También se ven sometidas, pese a que su actividad no está reconocida como trabajo, a inspecciones normativas por parte de los funcionarios, quienes en ocasiones también les exigen sobornos a cambio de no multarlas o no clausurarles el piso.

Como puede deducirse, los esfuerzos de la ley, pese a llamarse “Ley de trata, no se concentran en perseguir a las figuras criminales, sino que acaban criminalizando a las mujeres a las que dicen rescatar. Una paradoja del mismo tipo se da en la Ley de libertad sexual donde, como bien señala la jurista María Luisa Maqueda, las penas por trata son menores que las de violación.

La persecución de las trabajadoras sexuales se suele fundamentar en estereotipos —apariencia, comportamiento, etcétera—. Esto puede dar pie a la discriminación de mujeres sospechosas de prostitución, como mujeres trans y/o migrantes; por tanto, se está dificultando el acceso a la vivienda a colectivos ya de por sí discriminados. Es aquí dónde se vislumbra otra de las paradojas del Ministerio de Igualdad: por un lado, impulsa una Ley trans para acabar con la discriminación de un colectivo históricamente vulnerado. Por el otro, propone una ley que supondrá una mayor precarización y la criminalización de gran parte de dicho colectivo; esa mayoría cuya única salida laboral es el trabajo sexual.

Esta ley es otro ejemplo más de cómo el Ministerio de Igualdad ha diseñado una meritocracia del buen comportamiento sexual. Así, las trabajadoras sexuales hemos quedado excluidas del IMV. De la misma forma, se entorpeció nuestra recuperación económica post-confinamiento, cuando se ordenó el cierre de nuestros espacios de trabajo.

El Ministerio de Igualdad sigue sin recibirnos, asegurando que estas reformas legales no van a atentar contra nosotras, pese a que el texto de la ley no presenta ninguna garantía de estas afirmaciones

Y, ante esta inminente criminalización, el Ministerio de Igualdad sigue sin recibirnos, para que le expongamos las consecuencias de sus políticas; más bien, se limita a desmentir nuestros temores, asegurando que estas reformas legales no van a atentar contra nosotras, pese a que el texto de la ley no presenta ninguna garantía de estas afirmaciones. Sin embargo, nosotras, las trabajadoras sexuales, somos conocedoras de cómo las medidas abolicionistas, pese a no estar dirigidas directamente a penalizarnos, sí repercuten negativamente en nuestro trabajo y nuestras vidas. Mientras no se despenalice la tercería locativa, no habrá autoorganización que se sostenga -ya que alquilarnos un espacio donde trabajar será un delito-. Así, el negocio del sexo pasará a depender de quien tenga contactos y poder. Vemos cómo este feminismo institucional da la espalda a nuestras compañeras más precarizadas y cómo las va a servir en bandeja a una justicia patriarcal, tránsfoba, racista, putófoba y clasista.

La Ley de libertad sexual no niega nuestro consentimiento por considerarnos víctimas. Más bien lo hace porque nos considera culpables y que, en consecuencia, no debemos beneficiarnos de protección legal alguna en lo que se refiere a nuestra integridad física, psicológica y sexual. Que esto lo lleve a cabo “el Ministerio de Todas las Mujeres” puede resumirse en una frase: la verdadera paradoja es un feminismo que establece jerarquías de mujeres.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Opinión
Opinión Javier Milei y el “leninismo de derecha”
Milei se apropió de la “técnica” del populismo, produjo un significante vacío (“casta versus pueblo”) y asumió el mandato de terminar con la inflación.
Opinión
Opinión Juanma Moreno será Baltasar, blackface mediante, y otras aberraciones presentes en la Andalucía colonial
El presidente andaluz será el rey Baltasar en la Cabalgata de 2026 de Sevilla dejando un claro mensaje racista y violento y sacando a relucir toda la cultura colonial en la que se sigue sustentando el territorio.
Opinión
Opinión Kneecap y Bob Vylan logran lo que el punk no pudo: aterrorizar a los medios británicos
Hasta ahora, que unos veinteañeros punkis dijeran un puñado de tacos se consideraba un escándalo, pero no un motivo para cambiar todo el modus operandi de una de las cadenas de televisión más importantes y prestigiosas del mundo.
RamonA
25/7/2021 16:32

¿Qué dicen de todo esto las mujeres obligadas a prostituirse por organizaciones delincuentes? Habrá que defenderlas de estos criminales y protegerlas, ¿no?

0
0
Crisis climática
Investigación El cambio climático multiplicó las muertes por doce en Madrid y por seis en Barcelona durante la ola de calor
Un estudio estima en 2.300 las muertes durante la pasada ola de calor en Europa. Barcelona ha sido una de las urbes con más fallecimientos y Madrid, la que más ha visto incrementarse la mortalidad por culpa del cambio climático.
Instituciones culturales
Real Decreto Ley El BOE nombra varios “acontecimientos de excepcional interés público” y los patrocinadores se frotan las manos
El nombramiento como acontecimientos de excepcional interés público concede beneficios fiscales a patrocinadores, donantes y mecenas de eventos como el BBK Live o el Barcelona Mobile World Capital.
Sphera
Minería La inacabada historia de la minería en Asturias
VV.AA.
Uno de los accidentes recientes más graves en la minería asturiana vuelve a cuestionar el sistema de controles y ayudas públicas para las minas en proceso de reestructuración.
Genocidio
Genocidio La segunda consultora más importante del mundo es señalada por su papel en el despiece de Gaza
Boston Consulting Group está considerada una de las “big three” del sector. Ahora, una serie de informaciones señalan cómo ha estado detrás de la fundación antiUnrwa encargada de la distribución de ayuda y de los planes de expansión en la costa.
Perú
Literatura José Carlos Agüero enseña en ‘Persona’ que recordar es necesario cuando olvidar se convierte en la norma
‘Persona’, segunda obra del autor peruano José Carlos Agüero, se convierte en una exploración profunda sobre los cuerpos desaparecidos, la identidad fragmentada y las múltiples formas que puede adoptar una misma vida marcada por el conflicto.
Opinión
Opinión Javier Milei y el “leninismo de derecha”
Milei se apropió de la “técnica” del populismo, produjo un significante vacío (“casta versus pueblo”) y asumió el mandato de terminar con la inflación.
Transición ecosocial
Transición ecosocial El Informe Albanese: neutralizar la impunidad, reinterpretar el derecho
Poner negro sobre blanco los nombres y apellidos de buena parte de las mayores corporaciones del mundo ligadas a la extensión del capitalismo colonial que hace negocios arrasando las vidas de miles de personas, representa un paso relevante.

Últimas

Andalucía
Derechos Humanos Decenas de barrios en Sevilla, Granada y Almería viven otro verano récord en calor con cortes de luz diarios
Endesa mantiene a miles de vecinos de decenas de barrios populares en las ciudades de Granada, Sevilla y Almería sin electricidad. Las instituciones siguen sin atajar una situación que lleva enquistada más de una década en muchas zonas.
Comunidad de Madrid
Sanidad a la madrileña Camas cerradas y urgencias saturadas: el verano en los grandes hospitales de Madrid
Los pasillos de las urgencias del Gregorio Marañón rebosan de camas, mientras se cierran 300 en planta. En el conjunto de la comunidad los hospitales vivirán un verano con un 30% menos de camas, de media.
El Salto Radio
El Salto Radio Que no sean
Ellas lo conocieron como Dani. Ellos, como Sergio. Pero ni Dani ni Sergio existieron jamás. Estas son las consecuencias de las infiltraciones policiales. Y también, las formas de resistirlas.
Más noticias
Comunidad de Madrid
Sanidad a la madrileña Solo dos pediatras se incorporarán a los centros de salud de la Comunidad de Madrid
85 médicos y médicas de familia entrarán en la plantilla. 15 de ellos irán en grupo a levantar centros de difícil cobertura que estaban caídos.
Opinión
Opinión Sindicatos estadounidenses en la larga lucha contra Amazon: ¿una luz al final del túnel?
Amazon es el paradigma de la política empresarial antisindical en Estados Unidos, pero su suerte puede cambiar en los próximos años. El movimiento sindical se juega su supervivencia en ello.
Opinión
Opinión Kneecap y Bob Vylan logran lo que el punk no pudo: aterrorizar a los medios británicos
Hasta ahora, que unos veinteañeros punkis dijeran un puñado de tacos se consideraba un escándalo, pero no un motivo para cambiar todo el modus operandi de una de las cadenas de televisión más importantes y prestigiosas del mundo.

Recomendadas

Unión Europea
Unión Europea La sociedad del miedo al declive
La angustia ante el futuro acompaña a las sociedades europeas desde hace tiempo y precede a la Unión Europea. Se manifiesta con mayor claridad en los períodos de declive económico y las turbulencias políticas y sociales que los acompañan.
Laboral
Laboral Reivindicar los derechos laborales en microempresas, el reto de los sindicatos
Nuevas estrategias hacen frente a realidades como las de los falsos autónomos o los puestos en remoto, mientras el PP quiere restringir aún más los comités de empresa.