Bolkestein: el último asalto de la Comisión Europea a los ayuntamientos

En su camino hacia un mercado único, de únicas reglas, la Unión Europea (UE) está negociando la extensión de la Directiva de Servicios, conocida como la Directiva Bolkestein, a los parlamentos regionales y ayuntamientos de todos los Estados miembro.

Esta directiva, que toma su nombre de Frits Bolkestein, comisario europeo para el mercado interno durante la presidencia de Romano Prodi y gran defensor de su aplicación durante la década de los 2000, fue aprobada en noviembre de 2006 y entró en vigor a finales de 2009 entre fuertes polémicas y oposición de grupos de izquierda y los Verdes por la “deriva neoliberal” de esta medida.

Con la intención de liberar el mercado de los servicios en la UE, esta directiva pretende que no se pongan limitaciones o cláusulas que puedan favorecer a ciertas empresas a la hora de contratar servicios por parte de los Estados miembro. Pero la extensión de esta directiva también esconde un trámite necesario y polémico: si una empresa o un Estado denuncia que otro no está cumpliendo sus normas, el conflicto es elevado a la Comisión Europea (CE), que tiene varios meses para tomar una decisión. Ahora, la CE quiere trasladar estas exigencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

“Crearía nuevos obstáculos para las políticas e iniciativas públicas progresistas, afectando gravemente la democracia a nivel local”, lamentan desde CEO

De aprobarse, los municipios y gobiernos autónomos estarán supeditados a las decisiones de la CE a la hora de aprobar o negar nuevas leyes, así como otras medidas cubiertas por la directiva, que abarca temas tan amplios como leyes de zonificación y urbanismo, medidas de suministro en temas de vivienda, suministro de energía, agua o gestión de residuos. “Crearía nuevos obstáculos para las políticas e iniciativas públicas progresistas, incluso a nivel municipal, afectando gravemente la democracia a nivel local, nuestro ámbito más cercano e inmediato”, explican a El Salto desde Corporate Europe Observatory (CEO), una de las organizaciones que ha recogido las firmas de más de 160 colectivos sociales y partidos políticos para exigir que no se apruebe dicha medida.

Procedimiento de Notificación

El Procedimiento de Notificación, como se llama al modo de resolución mediante la CE, obligaría a los ayuntamientos o gobiernos regionales a informar y solicitar la aprobación de la CE de cualquier nueva medida reglamentaria que afecte a los servicios tres meses antes de tomar la decisión. La institución presidida por Juncker sería la que tendría la última palabra para evaluar si las medidas violan la Directiva Bolkestein. En caso de encontrar algo que la contradiga, emitirá una “alerta”. En dicho aviso, la Comisión identificará qué sería necesario cambiar para obtener su aprobación. Si las sugerencias de la CE, que pueden ir desde el rechazo total hasta ajustes menores, no se toman en cuenta, y el ayuntamiento o el parlamento en cuestión procede a la adopción de la medida, la Comisión podrá requerir al Estado miembro que la derogue.

Los ayuntamientos o gobiernos regionales deberán solicitar la aprobación de la CE de cualquier nueva medida que afecte a los servicios tres meses antes de tomar la decisión

Las reacciones a dicha centralización del poder y pérdida de soberanía por parte de las administraciones públicas y regionales han sido muchas: “Con sus inclinaciones neoliberales, la CE probablemente usaría estos poderes para abrir obstáculos contra una amplia gama de regulaciones progresistas”, lamenta a El Salto Emma Avilés, del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), organización social que ha estado coordinando la campaña contra la Directiva en el Estado español.

Además, esta nueva extensión en el procedimiento de resolución de conflictos de la Directiva de Servicios ofrece la posibilidad de que los “interesados”, empresas implicadas o lobbies, puedan comentar sobre las medidas notificadas por las autoridades públicas, “aumentando así el poder de cabildeo corporativo sobre la toma de decisiones democráticas en los parlamentos, asambleas regionales y ayuntamientos de toda Europa”, lamentan desde CEO. 

CARTA AL PRESIDENTE DE RUMANÍA

Más de 160 grupos de la sociedad civil organizada, sindicatos, alcaldes y formaciones políticas de distintas ciudades europeas han firmado y enviado una carta de protesta a la presidencia austriaca de la UE en noviembre de 2018 y ayer enviaron una nueva carta a la presidencia rumana entrante, rechazando la directiva propuesta, ya que “reduciría el espacio para políticas progresistas, incluso a nivel municipal” y porque es “desproporcionada y en desacuerdo con el principio de subsidiariedad”. 

Entre las organizaciones firmantes se encuentran agrupaciones municipalistas del territorio como Barcelona En Comú, Participa Sevilla o Zaragoza en Común, así como organizaciones sociales como Attac o Ecologistas en Acción entre muchas otras. “Nos estamos organizando, para parar la injerencia de la UE en nuestra democracia local”, explica Avilés. 

Las negociaciones volverán a arrancar este mes, bajo el mandato del Gobierno rumano, con la intención de dejar cerrado el tema antes de las próximas elecciones europeas de mayo del presente año. Unos meses en los que las organizaciones sociales y partidos políticos envueltos en la campaña de oposición podrán, según Avilés, “reunir más firmas y fuerzas, preparar una moción para poder usar ampliamente por Europa y otras acciones de comunicación, incidencia política y movilización”.