Movimientos sociales
Movimientos sociales exigen un giro radical en las políticas públicas del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

En el encuentro celebrado el 4 de marzo a las 11hs, movimientos sociales y organizaciones dieron a conocer un manifiesto crítico y también propositivo titulado “Por un Madrid inclusivo y sostenible”, que suscriben la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (C.E.A.R.), el sindicato Comisiones Obreras (C.C.O.O.), el colectivo Fridays For Future (F.F.F.), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (R.E.A.S.), la Plataforma del Tercer Sector, la asociación Refugio por Derecho Madrid y la Red de ONGs de Madrid.

En la declaración entregada a la prensa expresaron la voluntad de promover la construcción de “sociedades libres, abiertas, inclusivas, igualitarias, solidarias, sostenibles y cuya economía se base en el respeto a las personas y el medio ambiente”. Y destacan la importancia del tejido asociativo en la movilización y organización para articular respuestas desde la sociedad civil organizada. Todo con el objetivo de garantizar el dinamismo, equilibrio y participación de los diferentes sectores dispuestos a involucrarse. Proponen impulsar un espacio común y propositivo, del cual esta convocatoria pretenden sea solo el primer paso.

Como ejes generales de políticas concretas proponen una serie de medidas. Entre ellas figuran: Impulsar modelos económicos que no tengan como único objetivo el beneficio y que sitúen a las personas y el cuidado del entorno en el centro de las estrategia; defender en la región los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional; fortalecer los servicios públicos para que se garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales; reforzar las políticas cooperativas que han sido objeto de recortes por parte de las autoridades; marchar hacia una transición ecológica y justa. Y por último, abrir espacios de participación ciudadana para construir una sociedad mejor y propiciar un futuro sostenible social y ambientalmente para el territorio madrileño.

Demandas sectoriales

A partir de aquellos enunciados generales, las representantes de las entidades presentes desarrollaron las demandas específicas de cada sector, para articular soluciones globales y sostenibles. 

Abrió el turno de exposiciones Enrique “Quique” Villalobos de la FRAVM, quien puso de relieve la importancia de los procesos de participación de la sociedad civil organizada en las políticas públicas. Señaló también que las actuales autoridades del ayuntamiento y de la comunidad han retirado el apoyo público que el tejido asociativo ha tenido en las últimas décadas. Apuntó como anacrónicas las actuales políticas de planificación y desarrollo territorial, “son de los años 70” afirmó y demandó propuestas sostenibles en transporte, educación y salud pública.

Villalobos  apuntó a propuestas concretas: la modificación de la regulación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) regional, que permita que se convierta en derecho efectivo en mano de sus promotores, potestad actualmente usurpada por la institución; la necesidad de incluir a las organizaciones sociales más representativas en espacios decisorios para la planificación y organización de la vida, tales como el Consejo Regional de Transportes y TeleMadrid, entre otros; el fomento al asociacionismo vecinal facilitándole el acceso a la interlocución, financiación, locales y recursos públicos.

Desde la FRAVM señalan que las actuales autoridades del ayuntamiento y de la comunidad han retirado el apoyo público que el tejido asociativo ha tenido en las últimas décadas

Por su parte, la representante del C.E.A.R. informó que en 2019 España recibió casi 120.000 solicitudes de protección internacional, de las cuales 55.000 se produjeron en la CAM, lamentando que apenas el 5% fueran atendidas favorablemente. La mayoría de ellas procedieron de Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador. Señaló que estos indicadores posicionan a España muy por debajo de la media europea en materia de protección internacional. Abogó por una hospitalidad y acogida activas, que neutralicen los brotes racistas y xenófobos, sobre personas que tienen manifiestas dificultades en acceder a empleo, vivienda, salud y educación. También acusó a las actuales autoridades de falta de voluntad para coordinar a las diferentes instancias municipales y comunitarias diseñadas para atender a estas demandas y demandó la provisión de recursos humanos, técnicos y materiales para concretar una acogida e integración de las personas que necesitan protección.

Siguió Pablo Salabella, de Friday For Future, quien enfatizó la crisis particular que atraviesa el territorio local en términos de cambio climático y denunció lo que considera una actitud negacionista de los gestores públicos locales, que redunda en una marcada indolencia para atacar la emergencia que la región atraviesa por el deterioro general de los ecosistemas locales.

Salabella bregó por la ampliación del Madrid Central —promovido por el anterior ayuntamiento— mejorando el Plan A y se sumó a las demandas vecinales de Vallecas en la exigencia del cierre para 2025 de la Incineradora de Valdemingómez, así como una mejor gestión y el fomento de la separación de los residuos en sus diferentes fases. También se declaró a favor del fomento de la economía circular y con bajo uso de plásticos, y una política activa para inhibir los vertidos ilegales en los ríos, así como la restauración de sus ecosistemas y la creación de un protocolo a ser activado cada vez que se superen ciertos límites de toxicidad.

El representante de REAS denunció los índices alarmantes de desigualdad instalados en el territorio municipal y autonómico, donde la brecha existente entre el 20% más rico y el 20% más pobre es la más alta del estado.

En su turno, el representante de Red de Economía Alternativa y Solidaria (R.E.A.S.) señaló índices alarmantes de desigualdad instalados en el territorio municipal y comunitario. Puntualizó que la brecha existente entre el 20% más rico y el 20% más pobre es la más alta del estado. Que la tasa de trabajadores pobres llega a un alarmante 12,3% y que el 16,2% de los habitantes de la CAM se encuentran en exclusión social. Cifras que contrastan con el hecho de que la de Madrid es una de las comunidades más ricas de España.

Desde REAS abogaron por la promoción de la Economía Social, por fomentar un desarrollo inclusivo, reducir las desigualdades y generar un crecimiento sostenible. Como propuestas concretas, avanzó la necesidad de llevar adelante la Agenda 2030, así como de hacer efectivo a nivel municipal y comunitario el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la CAM del 3 de mayo de 2018, que se comprometía a la reserva de contratos públicos con prioridad para entidades de la economía social. Finalmente, propuso utilizar Sellos de Certificación como una forma de Auditoría Social sobre los artículos que se producen y desarrollan en la comunidad autónoma.

Ángela, representante de Comisiones Obreras (CCOO), remarcó también las desigualdades instaladas en la CAM con una de cada cinco habitantes en riesgo de exclusión.  Para atacar este flagelo, demandó priorizar el fortalecimiento y acceso universal a los servicios públicos, que atraviesan un fuerte proceso de privatización y precarización. Abogó por garantizar empleos dignos y estables y el refuerzo de los sistemas sanitario y educativo. Exigió la aplicación efectiva de la Renta Mínima de Inserción (R.M.I.), que valoró como instrumento decisivo de protección social y de contención de la pobreza.

Le siguió Encarni Pampanas, de la Plataforma del Tercer Sector, quien puso de relieve que las desigualdades señaladas se expresan con mayor agudeza entre las mujeres, que padecen –señaló- un agravio comparativo en la reducción en sus derechos. Y puso en valor el papel determinante de la sociedad civil organizada en los procesos de transformación, frente a los proverbialmente lentos y erráticos avances en el terreno institucional.”

“La Ayuda Oficial al Desarrollo de la CAM disminuyó de 40 millones a poco más de un millón de euros, que implica bajar del 0,21% al 0,01% del PIB comunitario” 

Cerró el turno de exposiciones la representante de la Red de ONGs de Madrid que desveló que entre 2008 y 2013, durante el período llamado “de la crisis” los recursos públicos destinados a cooperación internacional sufrieron severos recortes y algunos directamente desaparecieron. La Ayuda Oficial al Desarrollo de la CAM disminuyó de 40 millones a poco más de un millón de euros, que implica bajar del 0,21% al 0,01% del PIB comunitario. Destacó que, aunque en la legislatura pasada este valor se incrementó, lo hizo en una magnitud muy por debajo de la necesaria y que la CAM en 2019 dedicó un irrisorio 0,02% a dichas asignaciones.

En la batería de propuestas, destaca al pedido de incremento –gradual- de las partidas dedicadas a cooperación hasta llegar al 0,7%, antes del 2030 y, como mínimo al 0,4% al final de la legislatura 2019-2023. Exige una gestión más transparente y eficaz a través de planificaciones plurianuales que permitan coordinar los diferentes niveles de la administración pública. Y la provisión de personal técnico formado y estable en las administraciones. Señaló dos líneas de acción prioritarias: Ayuda Humanitaria y Educación para una Ciudadanía Global.

Los ponentes cerraron el acto expresando el deseo de que esta haya sido solo la primera jornada de una estela de hitos que tengan al protagonismo de la ciudadanía organizada como actor principal.