Militarismo
La conflictividad en el mundo aumentó un 244% en la pasada década y seguirá creciendo tras el covid-19

“Estamos en el comienzo de una recesión económica, que va a afectar a la confianza en la política, pero también a las relaciones internacionales, a los derechos civiles y a un incremento de los niveles de violencia”. Serge Stroobants, director de las áreas europea y del Medio Oriente y el norte de África del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) alerta de que el mundo entra en una fase volátil y peligrosa.

La presentación hoy de la edición de 2020 del Índice de la Paz Global (GPI, por sus siglas en inglés) está determinada por el virus covid-19, un acelerador de las tendencias que, a lo largo de la última década, han empeorado los medidores de la llamada “paz positiva” que analiza el IEP. Por novena vez desde que hace 14 años se emite el informe, se ha producido un empeoramiento general de las condiciones para la paz. Todo ello a pesar del notable descenso de las acciones englobadas bajo el epígrafe del terrorismo.

El paréntesis que se produjo entre el 11 de marzo y el 11 de abril, cuando las protestas descendieron un 90% en todo el mundo, no es más que eso, un paréntesis dentro de una tendencia generalizada y global. Desde 2011 a 2019 el número combinado de protestas antigubernamentales, disturbios y huelgas generales aumentó un 244% en todo el mundo. Las consecuencias de la pandemia en el nivel económico y social, unidas a las situaciones de carestía y carencia a la que la humanidad se expone por la crisis climática, supondrán un aumento de los conflictos: “La gente está en una gran incertidumbre y va a demandar cambios a sus Gobiernos”, resume Stroobants.

Los 163 países que aparecen en el informe (y que representan al 99% de la población mundial) afrontan los riesgos económicos, sociales y políticos de la pandemia, aunque solo hay dos categorías en las naciones más afectadas, indica Stroobants: aquellos Estados que tienen una economía resiliente, capaces de obtener mayor recaudación y, con ello, de invertir para mitigar las consecuencias del covid y los países con economías frágiles, con exceso de deuda respecto al PIB, o peligrosamente dependientes de las exportaciones de bajo valor añadido y el turismo.

Serge Stroobants cree que, de cara al mantenimiento de bajos niveles de violencia, la respuesta de los Estados debe priorizar el crecimiento económico por la base, mediante rentas y subsidios, pero también con medidas que permitan paliar el impacto de la actividad humana sobre el medioambiente.

El incremento en la última década de la polarización social ─acrecentado por el uso de la brutalidad policial como respuesta inmediata de una mayoría de Gobiernos en todo el mundo─ se suma, a raíz del covid-19, a cuestiones materiales como el incremento de los precios, que afecta a la población más pobre. El covid-19 solo va a “exacerbar las diferencias en el interior de nuestras sociedades”, explica Stroobants, quien recuerda que dos de cada tres conflictos en Europa tienen una manifestación no violenta.

En junio de 2017, España estaba en el puesto 23 en el índice de paz global, en 2020 está en el 38, como consecuencia de la situación en Catalunya

No obstante, para el director europeo del IEP, los problemas de hambre y privación severa, que afectaban ya antes de la pandemia a 113 millones de personas en todo el mundo, van a aumentar como consecuencia de la depresión económica. Países con conflictos abiertos y dependientes de la ayuda humanitaria (Sudán del Sur, Afganistán, Liberia o Burundi), con crisis de su sistema financiero (Argentina, Pakistán o Brasil) o en mitad de una crisis política y económica como Venezuela, se verán seriamente afectados en muchos de los indicadores de paz positiva del informe. “La pandemia deshará muchos años de desarrollo socioeconómico para varios países, exacerbando las crisis humanitarias y disturbios y conflictos”, corrobora el informe.

El informe asociado al índice sobre los efectos del covid-19 advierte de serios riesgos de incremento de la violencia como consecuencia del aumento del paro, la inestabilidad política y el aumento del autoritarismo. Solo se pueden producir determinadas mejoras en la reducción de gasto militar, como consecuencia de la mayor inversión en políticas sociales a la que se verán obligados los Gobiernos.

España, en el puesto 38

Mientras se reproduce una crisis que no tiene precedentes en el mundo globalizado del siglo XXI, el informe del IEP muestra pocos cambios en cuanto a los países con mayor índice de paz global. Islandia, Nueva Zelanda, Portugal, Austria y Dinamarca son los cinco países con mejores resultados de una clasificación que pondera 23 estadísticas de tres categorías principales: el nivel de seguridad de las sociedades, la existencia de conflictos civiles o con terceros países y el grado de militarización del país. 

Especialmente a partir de 2017, año marcado por el referéndum del 1 de octubre en Catalunya y la represión subsiguiente, España ha caído 15 puestos. En junio de 2017, estaba en el puesto 23, en 2020 está en el 38, aunque ha mejorado una posición respecto al año pasado. España tiene un nivel medio-alto de militarización de la vida pública (incluye fuerzas de seguridad), un nivel medio-bajo en conflictos internos y falta de seguridad ciudadana. El coste económico de la violencia en nuestro país es bajo, en comparación con el resto de países; supone un 4% de su PIB, es decir 3.254 euros per cápita.

17 de los 25 primeros países del Índice pertenecen a la Unión Europea, sin lugar a dudas la región mundial con más estabilidad. Por detrás de España están países como Reino Unido, Grecia, Francia y Turquía, que está en el puesto 150 de los 163 del índice.

Afganistán, Siria, Iraq, Sudán del Sur y Yemen siguen ocupando las últimas posiciones del ránking. A lo largo del año pasado, el indicador que más ha crecido es el de desplazados internos, un porcentaje que aumentado hasta un 204% desde 2008. Casi 43 millones de personas en todo el mundo se han visto obligados a desplazarse de sus hogares como consecuencia de conflictos armados o condiciones de vida insegura en sus países. Se suman a los 22 millones de refugiados y solicitantes de asilo, una cifra que se ha incrementado un 116% desde 2008.