Violencia policial
Irídia denuncia que los casos de violencia institucional en Catalunya en 2019 doblaron los del año anterior

“En el marco estatal es urgente que se prohíba el uso de las balas de goma”, reclama Anaïs Franquesa, de Irídia. Es la primera recomendación que desde esta organización han lanzado tras presentar su “Informe sobre violència institucional 2019”, en el que se recogen hasta 248 situaciones de violencia institucional en Catalunya a partir de las solicitudes de apoyo recibidas por el Servei d’Atenció i Denúncia davant de situacions de Violència Institutional (SAIDAVI), un servicio gratuito financiado en un 62% a través de donaciones de socias y socios y a través de la financiación por parte de organismos públicos entre los que se cuenta Naciones Unidas.

Más del 80% de las agresiones policiales recogidas por Saidavi en 2019 tuvieron lugar en el marco de las protestas que siguieron a la sentencia del Procés y hasta 53 de ellas fue por lesiones producidas presuntamente por balas de goma, un tipo de armamento que fue prohibido en Catalunya en 2014 por su alta peligrosidad —donde fue sustituido por las balas de foam, de mayor precisión—, pero que volvió a este territorio de manos de la Policía Nacional ante las protestas en el marco del Procés. Durante esas semanas de movilizaciones, cuatro personas perdieron un ojo por el impacto de, presuntamente, una bala de goma, aunque no se puede descartar aún que el proyectil que impactó contra algunas de las personas afectadas fueran de foam.

“Los proyectiles de foam son armas de precisiones que se disparan a través de un visor, a diferencia de las balas de goma, que son de dispersión y se dirigen, supuestamente, contra un grupo de personas”, explican en el informe. “Aún así, se han detectado malas prácticas en las cuales los agentes de los Mossos D’Esquadra lanzan estos proyectiles a la altura de la cabeza y a poca distancia, o a periodistas debidamente identificados”, continúa el informe. Hasta ahora, 43 personas han resultado heridas graves y hasta 23 ha muerto en España a causa de las balas de goma.

“En las protestas de octubre, en muchos casos los dispositivos fueron conjuntos”, señala por su parte la también abogada de Irídia Marta Bolinches en referencia a la actuación de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional. Bolinches cita el caso de las cargas en el aeropuerto de El Prat del 14 de octubre, donde un joven de 22 años perdió un ojo. También destaca que en muchos casos, los disparos de balas de goma, o de foam, no tuvieron como objetivo dispersar a personas concentradas, “sino castigar”.

“Se ha vivido un incremento muy alto de situaciones de violencia policial en el marco de la protesta”, apunta por su parte Marta Valldaura, abogada de Irídia. La abogada señala el uso de las balas de goma, pero también los múltiples casos de agresiones con las porras policiales —18 de ellas causaron lesiones graves—, o las situaciones vejatorias o humillantes infringidas por los agentes, que, según afirma, “podrían ser delitos contra la integridad moral o de tortura”.

Lucha contra la opacidad

Aunque no corresponde al 2019, desde Irídia destacan una causa judicial en la que representan a una persona racializada que fue detenida, llevada a comisaría y allí agredida tras haber tenido una discusión en la calle con una persona que resultó ser un agente de la Guardia Urbana. “Puede ser un precedente que muestre la importancia de mantener las imágenes tomadas por las cámaras de las comisarías como pruebas”, señala Bolinches.

Al igual que en las agresiones que tienen lugar en comisarías, desde Irídia señalan que la opacidad es también uno de los principales escollos en los casos de violencia institucional que tienen lugar en centros de internamiento de extranjeros (CIE). “Una de las cosas más preocupantes es que las personas que denuncian son expulsadas a los pocos días, es por eso que, cuando interponemos una denuncia, siempre solicitamos que se suspenda la expulsión de la persona afectada como medida cautelar”, explica la abogada. Frente a este problema, desde Irídia también destacan como buena noticia que en 2019 consiguieron que la Audiencia Provincial de Barcelona reabriera un caso sobre agresiones sufridas por diversas personas en el CIE de Barcelona y que fueron expulsadas del país inmediatamente. “Ahora la Audiencia Provincial obliga al juzgado de instrucción a encontrarlas y tomarles declaración”, aplaude Bolinches.

“Destacamos la fuerte opacidad que envuelve las prisiones”, suma también Bolinches. “Gran parte de las denuncias son archivadas automáticamente, y hablamos de situaciones muy graves que pueden constituir tortura o trato cruel o degradante”.

Algunos pasos en la buena dirección

Peo desde Irídia también reconocen actuaciones realizadas desde la administración catalana con el objetivo de luchar contra la violencia institucional. Una de ellas es, según destaca Franquesa, el anuncio por parte de la Generalitat de un nuevo sistema de identificación de los agentes policiales para que sea más visible y claro, una de las reclamaciones realizadas por organizaciones sociales desde hace años. También destaca la organización de mesas de trabajo en defensa de los derechos humanos en las que Amnistía Internacional, SOS Racisme e Irídia, desde 2018 y 2019, han trabajado conjuntamente con la Departament d’ Interior, o la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas de contención de los centros penitenciarios o en los asientos posteriores de los coches de la Guardia Urbana para grabar así el trato a los detenidos.  

En cuanto a las recomendaciones a futuro, desde Irídia reclaman que la mejora de la visualización de la identificación de los agentes policiales se aplique también a nivel estatal así como urgen a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una promesa realizada por el PSOE entre otros partidos antes de su entrada en vigor y que casi dos años después de la entrada del partido en el gobierno sigue pendiente. 

También destacan la necesidad de reformar el reglamento penitenciario para eliminar el aislamiento como régimen de vida dentro de las cárceles y reducir a 15 días el máximo en aislamiento en cuanto a las sanciones. “Más de 14 días es trato inhumano”, denuncia Franquesa. Por último, reclaman un protocolo de actuación contra la discriminación racial por parte de todos los cuerpos policiales y la fiscalización de las balas de foam con la publicación del reglamento que regula su uso. 

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