Interior sigue destinando miles de euros a un CIE cerrado en Fuerteventura

“Aquí lo que se va a exponer es la simulación de un poblado y una operación de búsqueda y registro de un cooperante que ha sido secuestrado por fuerzas hostiles”, explicaba el capitán Díaz Carretero. Estamos en mitad del verano de 2017 y el soldado atiende a los medios antes de la llegada de la ministra María Dolores de Cospedal.

El secarral en el que se despliega este falso teatro de operaciones podría ser Afganistán o el Sahel, pero es la isla de Fuerteventura, en Canarias. El cuartel junto al que suceden las maniobras se llama Teniente Coronel Valenzuela y está ocupado por el Regimiento de Infantería Soria, pero los vecinos del pueblo Puerto del Rosario todavía se acuerdan de que, antes de los soldados, lo que había por allí era “extranjeros”.

No hace tanto tiempo. Antes de abril de 2012, el lugar en el que ahora residen y se entrenan los militares para rescatar cooperantes secuestrados por fuerzas hostiles, era el Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral. El CIE más grande de España, con una capacidad para mil internos.

Con el descenso de llegadas irregulares a las islas Canarias —de casi 32.000 en 2006 a los 173 contabilizados el año que se cerró El Matorral—, mantener abiertos varios CIE en las islas resultaba innecesario. Por ello, el Gobierno decide prescindir del centro de Fuerteventura y mantener abiertos Barranco Seco (en la isla de Las Palmas de Gran Canaria) y Hoya Fría (en Santa Cruz de Tenerife), con una capacidad conjunta de 500 plazas.

Pero Jorge Fernández Díaz (PP), ministro del Interior en aquel momento, en una oscura decisión motivada, aparentemente, por la incertidumbre, decide no cerrar el CIE de Fuerteventura del todo. Lo hace con un cierre temporal pero indefinido. Lo deja, como quien dice, en stand-by. Pero como no es cuestión tener estas enormes instalaciones vacías, y el insigne Regimiento Soria, uno de los más antiguos de España, necesita un lugar en el que asentarse, Interior cede los terrenos al Ministerio de Defensa. Como resultado, se crea una gran zona de seguridad militarizada, con todas las excepcionalidades que ello conlleva.

Solo ese “por si acaso” —respuesta literal del Ministerio del Interior— explica que el desaparecido CIE de Fuerteventura siga generando gastos durante estos casi seis años que lleva cerrado “temporalmente”. En concreto, y según la documentación obtenida por la Fundación porCausa en pregunta al Portal de Transparencia, hablamos de 5,3 millones de euros, de 2012 a 2016, asignados a la cuenta de gastos de este CIE por la Dirección General de la Policía.

En respuesta a los primeros medios que publicaron esta información junto a la Fundación porCausa —El Confidencial y eldiario.es—, Interior dijo que esa cantidad se trataba de “un error”. No obstante, la senadora de Nueva Canarias María José López Santana recibió las mismas tablas de gastos por la vía del Senado. Y es más, de todos esos gastos posibles, y en concordancia con el pliego de licitación del servicio de alimentación de los CIE, la empresa Albie, S.A., admitió estar facturando 12.500 euros mensuales en concepto de gastos fijos por Fuerteventura. Desde la licitación del año 2013 —la última accesible por la Plataforma de Contratación del Estado— hasta junio de 2017, ese mínimo garantizado que paga el Estado para compensar posibles pérdidas económicas de las empresas contratadas —debido a la dificultad de determinar el número de internos que puede haber en cada momento— ascendería a 525.000 euros.

Con la seguridad de que al menos medio millón de euros se ha destinado a pagar a una empresa por no prestar servicio en un CIE que no existe, la respuesta de Interior sobre que los gastos están “a cero” no tiene credibilidad. Es más, una segunda petición al Portal de Transparencia ha devuelto un nuevo cuadro de gastos de alimentación sin desglosar, haciendo difícil el acceso de los periodistas a una información clara y veraz sobre la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

La investigación de la Fundación porCausa sitúa los CIE como herramienta indispensable para sostener el sistema de control migratorio. Un sistema diseñado para retener y expulsar con prioridad sobre el salvamento de vidas, la acogida y la integración. Además, es un factor costoso como parte de la industria que respalda este sistema, ya que se sostiene con inversión pública estatal y europea. Esta estructura contribuye a la movilidad de bienes y servicios —por eso lo denominamos industria— en la medida en que se alimenta de la subcontratación de servicios en el sector privado.

En el análisis de la contratación pública, entre el año 2002 y 2017, han sido identificados casi mil contratos con empresas, que responden a las necesidades del sistema de control migratorio: mantenimiento de los perímetros fronterizos, detención y expulsión. Todos aquellos costes relacionados —que hayan podido ser ubicados pero seguramente son más— con los gastos externalizados de los CIE suman unos 31 millones de euros que forman parte de los 610 millones que están identificados en esta base de datos de acceso y descarga libre.

En el caso del CIE fantasma de Fuerteventura, los gastos no se van a detener ahí, ya que los servicios externalizados siguen licitándose, a pesar de que convertir de nuevo el cuartel en CIE no parece probable en el corto plazo. En la presente década, el punto álgido de las llegadas irregulares a Canarias fue 2015 con 875 personas, una cantidad que ha ido en descenso hasta las 403 de 2017, según el Ministerio del Interior.