Migración
Decenas de colectivos sociales exigen un corredor de emergencia para llevar agua a los asentamientos en Huelva

A pesar de que se haya acabado la temporada y la mayoría de trabajadores migrantes hayan vuelto a sus países de origen tras varios meses de arduo trabajo en las plantaciones de fresas y frutos rojos en Huelva, miles de personas siguen habitando, en pleno verano, los más de 20 asentamientos repartidos por la zona.

Los temporeros viven en los asentamientos en chabolas construidas con material prefabricado en su mayoría con lonas de plástico que acumulan el calor, rodeados por la basura acumulada al no llegar servicios de recogida de la misma y sin acceso a agua potable ni electricidad. Unas condiciones que infringen los derechos humanos como expuso el relator de la ONU, Philip Alston, en su visita a varios asentamientos en 2020: “las condiciones de vida aquí rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”. Una realidad que lleva más de 20 años en la provincia de Huelva sin que las condiciones hayan cambiado, y donde habitan las trabajadoras que sostienen un sector que en 2023 generó 616 millones de euros.

La Escuela de Pakita, clases autogestionadas en los asentamientos de jornaleras de Huelva

Aurora Báez Boza

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Temporeros

Temporeras La Escuela de Pakita, clases autogestionadas en los asentamientos de jornaleras de Huelva

Aurora Báez Boza

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Las temporeras migrantes que trabajan en Huelva tienen dificultades para acceder a aprender castellano, una herramienta esencial para poder desenvolverse en su día a día. En los asentamientos surgen iniciativas autogestionadas de aprendizaje.

Temporeras Bajo la rueda de los tractores: las jornaleras migrantes en Andalucía siguen sin derechos

Unas condiciones que en la época estival se vuelven aún más cruentas por las altas temperaturas. Por ello más de 20 organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y colectivos han realizado una petición a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera y a la Oficina Técnica de Doñana para que impulsen de manera “inmediata” las acciones contempladas que se encuentran en el Marco de Actuaciones para Doñana para la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas. Los colectivos exigen de manera urgente en que el ministerio coordine “una respuesta con las distintas administraciones competentes con el fin de activar un corredor de emergencia que asegure el abastecimiento de agua potable y salubridad en los asentamientos onubenses”.

La Asociación La Carpa, que presta apoyo a las personas que se encuentran en los asentamientos ha definido la situación de los asentamientos actualmente como “dramática e inhumana” durante la distribución de garrafas de agua a la zona durante el mes de julio.

Los colectivos creen que la situación mejoraría con el reparto de agua en camiones cisterna, algo que ya pasó durante la pandemia en los asentamientos de Lepe. Además, añaden que “la solución a corto plazo pasaría por la instalación de los módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica, como recoge el Marco de Actuaciones para Doñana” y la retirada de residuos.

Decenas de personas han muerto por la falta de servicios en los asentamientos que permite la proliferación de incendios e imposibilita el acceso de estas personas a los servicios sanitarios. El pasado 9 de julio un trabajador de origen ghanés, Ata, fue hallado muerto en su chabola de Lucena del Puerto tras haber sufrido varios ictus. A principios de junio un incendio en otro asentamiento del municipio afectaba a varias decenas de chabolas. Los incendios pasan de forma continuada en los asentamientos como fue el gran incendio de El Walili en Almería de 2023 o los que llevan sufriendo los asentamientos de Lepe o Lucena todos los años.

25 años de asentamientos chabolistas de migrantes en las zonas freseras de Huelva

Pepa Suárez

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Asentamientos chabolistas 25 años de asentamientos chabolistas de migrantes en las zonas freseras de Huelva

Pepa Suárez

La demanda de mano de obra del sector agrario o la ausencia de soluciones habitacionales, entre otras causas, han llevado a la cronificación del chabolismo. El Protocolo suscrito hace un año puede suponer el comienzo de su fin.

Los colectivos además han hecho hincapié en denunciar “la alarmante inacción de empresarios y administraciones”. El pasado 19 de julio la Junta de Andalucía anunciaba la puesta en marcha de un plan para la erradicación de asentamientos chabolistas con “más de 79 propuestas en todas las áreas de intervención”, según la consejera Loles López. Un proyecto que desde los colectivos sociales ponen en duda de si va a suponer una solución real a la problemática.