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Argentina
La motosierra de Milei se ceba con los hospitales públicos y las personas con discapacidad

“Es un hospital que salva vidas de Argentina y de toda Latinoamérica, sus trabajadores son esenciales, no pueden ganar una miseria”, dice Pablo Wong, el padre de dos niños que nacieron siameses y que fueron separados en junio de 2005. La intervención, el posterior tratamiento y acompañamiento médico, que duró 18 años, lo realizaron en el Hospital Garrahan, el hospital pediátrico de alta complejidad más grande de la región. En los últimos días, sus trabajadores y trabajadoras intensificaron las protestas laborales por sus bajos salarios y el ataque constante por parte del gobierno de Javier Milei.
Paros, marchas, festivales de música e intervenciones públicas, como maniobras de Reanimación Cardiopulmonar en las puertas de la Casa Rosada, son los métodos que encontraron para denunciar su situación laboral. Así lo explica Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Garrahan: “Lo que estamos viviendo es un choque frontal entre el gobierno y los trabajadores. Es un conflicto que el punto de partida es el salario, pero hay una conciencia muy extendida de que lo que hay de fondo es una crisis que se puede llevar puesto al principal hospital pediátrico del país”.
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En las últimas semanas, el conflicto escaló ya que los y las médicas residentes tomaron la palabra para denunciar el desfinanciamiento y la pérdida salarial. En la actualidad, en promedio reciben un sueldo mensual que no llega a los 800.000 pesos (menos de 675 dólares), por debajo de la línea de pobreza, que es de 1,1 millones de pesos (936 dólares). La semana pasada, ante el anuncio de que los y las médicas residentes se iban a sumar al paro del Garrahan, el gobierno de Javier Milei anunció un bono de 300.000 pesos (253 dólares) para destrabar el conflicto, pero el ofrecimiento fue rechazado por insuficiente. Ante este rechazo, lo que terminó haciendo el presidente argentino fue apretarlos y amenazarlos con despedirlos si se adherían al paro. Finalmente, no pararon.
“El punto de partida es el salario, pero hay una conciencia muy extendida de que lo que hay de fondo es una crisis que se puede llevar puesto al principal hospital pediátrico del país”
Además del conflicto salarial, los y las trabajadoras del Garrahan exigen que el gobierno de Javier Milei refuerce las partidas presupuestarias. El 80% de su financiamiento proviene de Nación, mientras que el 20% le corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El presupuesto anual con el que cuenta el hospital por parte del gobierno de Javier Milei es de 169.000 millones de pesos (142,5 millones de dólares). Se trata del mismo que en 2024. Según sus trabajadores, este número significa un 30% de caída con respecto al año pasado.
Luis Campos trabaja en el Garrahan hace 20 años. En ese entonces, empezó como administrativo: “Las luchas de mis compañeros enfermeros y esa motivación por estar con los pacientes me inspiraron a cambiar de profesión”. Hoy, es enfermero y trabaja en el turno noche de la terapia intensiva. “El punto de lanza fueron los residentes, pero ahora también despertó enfermería. Somos la columna vertebral del hospital, somos 1.300 enfermeros y enfermeras”, dice mientras explica que el salario promedio para un ingresante es menor a 850.000 pesos (717 dólares).
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A diferencia de los y las médicas residentes que no pueden tener otro empleo, el resto de los y las trabajadoras del Garrahan tienen que encontrar otra fuente de ingreso para poder completar su sueldo. Una de ellas es Valeria Cabral, licenciada en enfermería. Ella es especialista en cuidados críticos en la atención del paciente pediátrico, neonatal y adulto. Trabaja en el Garrahan desde hace seis años, pero cuando ingresó no había un llamado para quienes tuvieran la Licenciatura, por lo cual entró como Técnica en Enfermería: “Desde ahí, no se volvió a abrir un concurso. Hoy no cobro por mi especialidad, no cobro como licenciada”. Valeria explica que debería cobrar un 100% más de lo que gana en la actualidad y que hay otros 200 trabajadores que están sin poder concursar, por lo que también ganan menos de lo que les corresponde por sus estudios. Además de su trabajo como enfermera, detalla que como docente da clases en tres lugares diferentes para poder sostenerse a ella y a sus cuatro hijas.
A diferencia de los médicos residentes que no pueden tener otro empleo, el resto de los trabajadores del Garrahan tienen que encontrar otra fuente de ingreso para poder completar su sueldo
“Me partiría el alma tener que irme de este hospital, que es donde me formé, pero es una de las posibilidades”, reflexiona Valeria ante una situación que se viene profundizando en los últimos meses: la renuncia de varios de los profesionales. Según Alejandro Lipcovich, estiman que en el último año más de 100 profesionales tuvieron que renunciar e irse del hospital pediátrico por el conflicto salarial.
Uno de los ataques que realizó el gobierno de Javier Milei es acusar de “ñoquis” a los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan. Ante esta acusación de que hay gente que cobra y que no trabaja, o que está acomodada, Cabral expresa: “Quisiera saber si en el Gobierno no hay ñoquis, me gustaría saber qué rol ocupa cada uno, cuánta gente trabaja y cuánta no, y cuáles son sus sueldos, que no tienen ni comparación con los nuestros”. Por su parte, Campos explica que los “fortalecen” esas “provocaciones” de Milei: “Ellos nos quieren desacreditar con la sociedad, pero cuando marchamos hacia la Plaza de Mayo o al Congreso, la gente por los balcones nos aplaude, nos tocan bocina desde los autos, nuestras familias están con nosotros, nuestros pacientes están con nosotros, los padres y las madres también porque saben que nosotros hacemos un sacrificio por ellos, y ellos mismos, los padres y las madres de nuestros pacientes, son trabajadores, son obreros, la mayoría no tiene para pagar una prepaga”.
Quien también defiende a los y las trabajadoras del Garrahan es Pablo Wong, cuyos hijos fueron salvados allí: “Lo que está haciendo el gobierno de Milei es inhumano. Hacen un trabajo más que solidario, es un trabajo esencial, no pueden ganar una miseria”. Ian e Ignacio nacieron siameses, unidos por el abdomen, el 6 de junio de 2005 en el Hospital Santojanni. A las 24 horas de nacer, ambos fueron separados y salvados en el Garrahan. Pablo cuenta que a lo largo de 18 años, sus hijos tuvieron 15 y 16 operaciones cada uno: “Lo que abunda es la calidez humana, siempre está la salud de los niños por delante”. Pablo y sus hijos fueron a una de las marchas que realizaron los y las trabajadoras del hospital para acompañarlos: “No solemos ir a marchas, pero todo tiene un límite. Estaban tocando nuestro segundo hogar, hemos pasado navidades brindando con los enfermeros”.
Sobre el acompañamiento que recibió a lo largo de estos años en el hospital público, Wong explica: “En 18 años me he cruzado con todo tipo de gente, con toda clase sociocultural y económica, que tenían una muy buena obra social o nada. El Garrahan les daba la respuesta que en otros hospitales privados no les daban. Nuestra historia es una de las tantas en donde ningún hospital privado nos hubiese acompañado de igual forma. Como la medicina privada no deja de ser un negocio, van a hacer lo justo y necesario. Pero, en el Garrahan, te van a salvar la vida y van a hacer más, te van a mejorar la calidad de vida”.
En cuanto al ataque que hace el gobierno nacional contra los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan, Wong se pregunta: “Si Conan (el primer perro del presidente, a quien trató como a un ‘hijo’ y que en la actualidad está muerto) hubiese tenido un Hospital Garrahan veterinario, ¿actuaria de la misma manera con los médicos que hubiesen atendido a Conan?, ¿podría ser tan desagradecido con la gente que le hubiese salvado la vida a su ‘hijo’?”.
La motosierra en discapacidad
Pablo Wong cuenta que en la actualidad sus hijos tienen el Certificado Único de Discapacidad, un documento que sirve para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a derechos básicos y prestaciones de servicios. A lo largo de la gestión del gobierno de Javier Milei, diferentes colectivos vienen denunciando un ajuste y un destrato hacia ellos.
En la actualidad, no se conoce un número concreto de cuantas personas tienen algún tipo de discapacidad en Argentina. Según el Censo que se realizó en 2010, representaba al 12% de la población, unas 5.175.105 personas. Según estimaciones que se obtuvieron a partir del Censo de 2022, donde todavía no se encuentran detallados esos números, las personas con algún tipo de discapacidad ascenderían a 5.964.293.
El Gobierno firmó una resolución oficial con una nueva normativa para evaluar la invalidez utilizando las categorías de “idiota”, “imbécil” y “débil mental”
En enero de este año, el Gobierno firmó una resolución oficial donde establecía una nueva normativa para evaluar la invalidez de una persona para poder acceder a las pensiones. En dicha resolución, el Gobierno utilizó las categorías de “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Un mes después, a causa de los repudios generalizados, dieron marcha atrás con la terminología de esta resolución.
“Fue una provocación, se retrocedió a las primeras décadas del siglo 20, a un modelo de prescindencia de las personas con discapacidad, de absoluta estigmatización y discriminación”, denuncia Fernando Galarraga, quien es ciego desde los 12 años y quien fue director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) desde el 2020 al 2023.
En sintonía, a mitad del año pasado, la ANDis pasó de ser un organismo autárquico a depender del Ministerio de Salud. “El cambio de órbita es un retroceso ideológico muy fuerte, significa que el gobierno de Milei ve a las personas con discapacidad como personas enfermas. Está en línea con el plan del Gobierno de Milei, de destruir el Estado y de correrse de todas las intermediaciones necesarias”, manifiesta Galarraga.
Quienes también comparten que se trató de un retroceso son las diferentes ONGs que acompañan a las personas con discapacidad. Una de ellas es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Belén Arcucci, la coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, explica: “Por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina está obligada a seguir el modelo social de la discapacidad. Desde este modelo, el Estado tiene una obligación muy activa en remover las barreras que impiden la inclusión plena. El traslado de la Agencia implica un retroceso grande en la forma de entender la discapacidad”.
La semana pasada, el Congreso dio media sanción a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En uno de sus principales puntos se establecen mejoras salariales para quienes dan prestaciones a las personas con discapacidad. Desde ACIJ, explican: “Las obras sociales, las prepagas y el propio Estado tienen que brindar una serie de prestaciones integrales a las personas con discapacidad, con cobertura total. Estas prestaciones pueden ser rehabilitaciones, terapias, apoyos para la educación, transporte, hogares y centros de día, entre otros. En el último tiempo, hay un atraso muy grande en la actualización del nomenclador que fija los aranceles para las prestaciones. Se calcula que más o menos hay un 70% de atraso con respecto a la inflación”.
Otro punto que trató la Ley de Emergencia es el tema de las pensiones. En estos meses, el gobierno de Milei denunció que varias personas accedieron a las pensiones a pesar de no tener ningún tipo de discapacidad. Por ello, empezaron a realizar un proceso de auditoría donde cada persona debía presentarse personalmente para corroborar su discapacidad. Pero, la mayoría de las ONG y colectivos se manifiestan en contra de la forma que se realizan estas auditorías. Una de ellas es ACIJ. “Para acceder a la pensión se volvieron a instaurar requisitos que habían sido ya declarados inconstitucionales por la Justicia, por ser contrarios a la Convención”, explica Arcucci.
Por su parte, Galarraga expresa: “Lo que ellos celebran es que mucha gente no se presenta a las auditorías, pero no se presentan porque los domicilios han cambiado. Hemos descubierto que en muchos casos les envían la carta documento a otros domicilios. Han estigmatizado a todo el mundo que ya tiene la pensión, no solo al decir que el trámite es trucho, que no se la merecen, etc.”.
El ex director de la Agencia de Discapacidad profundiza en su denuncia y detalla cómo se están dando esas auditorías: “Son sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de consideración a la situación de muchas personas que no pueden estar largo tiempo paradas o aquellas que necesitan apoyo para comprender perfectamente lo que implica toda una tramitación burocrática de estas características. Se está avanzando de manera perversa, cínica e inhumana con una auditoría que el objetivo central es dar de baja pensiones para que esa caja quede liberada y que se pueda cumplir con el superávit fiscal que ellos quieren sostener a cualquier costo. No importan las personas que queden en el camino”.
En los últimos días, la madre de un niño de 12 años con autismo, Ian Moche, denunció que el actual director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, les dijo en una reunión que tuvieron: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
Luego de que Ian y su madre fueran a un programa de televisión para denunciar lo que habían vivido, el presidente Javier Milei tuiteó y arremetió contra el niño de 12 años con autismo.
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Fernando Galarraga, el ex director de la ANDis, se muestra indignado ante los dichos de su sucesor en el cargo: “Es de un desconocimiento total de lo que representa la discapacidad en la vida de una persona y de una familia. No sabe nada de discapacidad y, por eso, habla con ese desparpajo y con esa brutalidad casi indiferente”.
Por último, Pablo Wong también se refiere a lo que dijo el actual director de la Agencia Nacional de Discapacidad: “Es espantosa esa frase, ¿cómo puede decir eso? Es aberrante que le diga eso a un niño y a una familia, que en la intimidad siempre alguna vez nos preguntamos ‘¿por qué a mi, Dios?’. Algunos somos creyentes. El diácono de la Iglesia me dijo ‘¿Por qué a vos no?, ¿quién sos vos para que no les toque esto?, ¿tenés la vida comprada que no podés tener esta prueba?’”.
Además, Wong reflexiona: “A todos los que dicen ese tipo de frases les tiene que pegar muy de cerca como para que se retracten y vivan en carne propia lo que es tener una persona con discapacidad. El amor, la dedicación, la entrega. Dejás de lado todo. Dejás de lado familia, pareja, amigos. Tu vida se centra en ellos. Todos los que hoy siguen al lado nuestro es porque nos han sabido comprender y apoyar. Estaban ahí para apuntalarnos en cada momento”.