Migración
Atención o detención para las personas migrantes rescatadas en el mar

Tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 18 de enero, el Gobierno ha aprobado la construcción de un nuevo CATE (Centro de Atención Temporal para Extranjeros) en el puerto de Alicante. Se trata de un espacio que utilizarían agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y FRONTEX para identificar e investigar a las personas migrantes rescatas por Salvamento Marítimo en la costa alicantina.

Con un presupuesto inicial de 1.600.000 euros, este acuerdo —que figura en el apartado del Ministerio del Interior— busca sustituir y ampliar las dependencias ya existentes en el muelle de Poniente de Alicante. Las carpas y barracones que se venían utilizando de forma intermitente en este puerto, fueron ampliadas el verano pasado y pasaron a quedar fijas en el puerto.

Actualmente, en estas infraestructuras también está presente Cruz Roja, que realiza una primera atención socio-sanitaria a las personas recién llegadas. “Les tomamos la temperatura, las constantes vitales, los niveles de glucosa y buscamos síntomas de hipotermia o alguna dolencia que requiera un traslado hospitalario”, explica Carla Pérez, portavoz de la organización en Alicante. También les facilitan alimentos, artículos de higiene, ropa y mantas. “Hacemos nuestro trabajo en el marco de una intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, puntualiza. Preguntada por el anuncio del nuevo CATE, advierte que la entidad no ha recibido hasta el momento ningún tipo de información al respecto.

De hacerse efectivo, el de Alicante sería el quinto centro de este tipo en la península —junto con San Roque (Algeciras), Málaga, Motril (Granada) y Almería—. En Cartagena (Murcia) existe también un CATE aprobado, aunque de momento continúan funcionando con carpas y aseos portátiles

De hacerse efectivo, el de Alicante sería el quinto centro de este tipo en la península —junto con San Roque (Algeciras), Málaga, Motril (Granada) y Almería—. En Cartagena (Murcia) existe también un CATE aprobado, aunque de momento continúan funcionando con carpas y aseos portátiles, también ubicados en una zona del puerto. “Las condiciones allí son indignas para atender la acogida de personas”, reclaman desde la plataforma Convivir Sin Racismo en Murcia.

A estos peninsulares, debe sumarse el CATE de Barranco Seco (Gran Canaria) y al menos otros tres espacios que actualmente funcionan de manera informal —con incluso menos garantías que los CATE— en Arona (Tenerife), la ‘nave del queso’ en Fuerteventura y una nave industrial en Arrecife (Lanzarote). En este último caso, colectivos locales denuncian que cientos de personas migrantes permanecen allí encerradas, en condiciones de hacinamiento y bajo custodia policial.

Opacidad y falta de regulación

Desde su creación, diversos informes y organizaciones han documentado y denunciado la opacidad y las carencias en la gestión humanitaria de las llegadas a través de los CATEs. Su analogía en otros países europeos son los Hotspots de recepción e identificación, creados en Grecia e Italia conforme al modelo securitario y de contención policial. Aún así, las organizaciones y el Defensor del Pueblo insisten en denunciar que en el caso español no responden a ninguna declaración formal de la Comisión Europea ni existe una normativa de rango legal que los regule.

“Estamos en una especie de vacío de rango legal. Ni la ley de extranjería ni el reglamento preven la creación de este tipo de centros, dependientes del Ministerio de Interior”, señala Iker Barbero, profesor de derecho en la Universidad de País Vasco y autor de la investigación “Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros como nuevo modelo de gestión migratorio”, publicada en 2021 por la revista Derechos y Libertades. “Al no estar regulados, se desconocen sobre todo los derechos de las personas que están allí detenidas”, explica el letrado. “A base de analogías se puede entender que están detenidas como si estuvieran en una comisaría y que sólo pueden estar allí un máximo de 72 horas”, añade.

Organizaciones como APDHA, Iridia, CIEs NO e instituciones como el Defensor del Pueblo han denunciado en diversas ocasiones la vulneración de derechos y la falta de control democrático en los CATEs, así como la ausencia de garantías para las personas allí detenidas

Esa ausencia de definición legal dificulta también los mecanismos de control que se podrían ejercer sobre los CATEs. Desde Salvamento Marítimo en València, el coordinador sindical Ismael Furió también advierte de la opacidad y de la falta de información que rodea estos espacios. “Aquí la información se va perdiendo en cada eslabón. Yo puedo saber cuántas personas he rescatado pero no cuántas han llegado al CATE y al final los números varían. El tema es que no son números sino vidas”, remarca Furió.

Organizaciones como APDHA, Iridia, CIEs NO e instituciones como el Defensor del Pueblo han denunciado en diversas ocasiones la vulneración de derechos y la falta de control democrático en los CATEs, así como la ausencia de garantías para las personas allí detenidas. La falta de espacio y el hacinamiento, la prohibición de salir del centro, las malas condiciones para el descanso y la higiene, la falta de asesoramiento jurídico individualizado o la falta de traductores, son algunas de las denuncias y quejas que figuran en el historial de los CATEs y que han quedado mucho más patentes en el caso de Canarias.

Nomenclatura, siglas y eufemismo

Aunque han ido instalándose de forma más o menos silenciosa, existe ya una evolución de la nomenclatura que el Estado y diferentes agentes institucionales han ido dándole a los CATEs. El Defensor del Pueblo fue de los primeros en nombrarlos, incluyéndolos en su informe anual de 2017 como Mecanismo para la Prevención de la Tortura y refiriéndose a ellos como “centros de primera acogida y detención”.

“El concepto de ‘centro de atención’ nos envía mentalmente a una especie de espacio de acogida pero no es así. La realidad es que se les atiende con la ley de extranjería y con la detención”, reclama Diego Boza, coordinador general de APDHA. De hecho, el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, publicado por APDHA, define los CATEs como “grandes calabozos para personas migrantes recién llegadas” y advierte de la utilización de esta figura “sin cobertura jurídica suficiente”, que se ha ido ampliando en la costa andaluza y recientemente en Canarias.

Con el paso de los años y el uso de las siglas, la palabra detención ha ido desapareciendo pero sus funciones continúan siendo principalmente las mismas: identificar, investigar y hacer una especie de ‘triaje’ o clasificación entre las personas rescatadas dependiendo de su nacionalidad.

Tal y como explica Barbero, una vez realizado el procedimiento de identificación (filiación, toma de huellas y envío de las fichas a bases de datos europeas) y de investigación por parte de agentes de Frontex, aquellas personas que proceden de países con acuerdos de devolución —personas clasificadas como ‘fácilmente expulsables o ‘retornables’ —son enviadas a los circuitos de expulsión, entre los que se encuentran los CIE (Centros de Detención de Extranjeros). En el resto de casos es habitual que se inicie un expediente de devolución y que las personas sean puestas en libertad pero quedando en situación irregular y pendientes de la expulsión.