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Cádiz
Miles de trabajadores del metal continúan la huelga en Cádiz contra el acuerdo firmado por UGT y la patronal

El pasado lunes miles de trabajadores del metal en Cádiz decidieron, tras una asamblea a la puerta de Dragados Offshore, continuar con la huelga que desde el pasado 18 de junio ha llevado a más de 25.000 trabajadores a las calles.
La continuación de las protestas surge tras la firma el pasado viernes 27 de junio de un preacuerdo entre UGT y la patronal FEMCA, en el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), sin el respaldo de CCOO, pero que para ambos sindicatos ha supuesto la desconvocatoria de los parones.
Sin embargo, la huelga continúa para los sindicatos CGT y CTM que han descrito el preacuerdo como “el peor convenio de la historia” y han señalado la falta de responsabilidad y comunicación con los trabajadores de UGT y CCOO. Desde CGT exponen que continúan con las movilizaciones a modo “de repulsa contra el nefasto acuerdo y la falta de democracia en la toma de decisión sin contar con las personas afectadas y sin preguntarles para que se pronuncien, ante la certeza de que mayoritariamente sería rechazado”.
La huelga continúa para los sindicatos CGT y CTM, que han descrito el preacuerdo como “el peor convenio de la historia” y han señalado la falta de responsabilidad y comunicación con los trabajadores de UGT y CCOO
Desde CTM insisten en que “este convenio es muy malo y no es malo solo por lo que se ha firmado, también por el trato que hemos recibido el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del metal”. A modo de sacar músculo y medir el apoyo social ambos sindicatos convocaron una manifestación en la tarde del lunes desde Dragados Offshore hasta el Ayuntamiento de Puerto Real.
Una concentración bajo el lema “la huelga del metal es de todo el pueblo de Cádiz” que ha reunido además de trabajadores, a representantes políticos, a familias y vecinas de distintas localidades gaditanas. Según la organización se citaron en la marcha más de 3.000 personas. Una cantidad que la policía local cifra en medio millar.
“Aquello son verdaderas cárceles, queremos un trabajo digno y no tener que echar 170 horas extras para llegar a los mil euros”, exponía un trabajador desde la manifestación. Irene Montero, eurodiputada de Podemos, presente en la concentración, añadió en ese sentido “son cosas absolutamente de sentido común: mejoras salariales, que no haya dobles y triples escalas salariales, que se aplique a las subcontratas el convenio del metal, igual que marca la ley y que se les aplique el complemento tóxico para poder responder a esas condiciones especialmente duras de trabajo”. Por su parte desde Adelante Andalucía, su portavoz José Ignacio García, ha manifestado que “las condiciones las padecen los trabajadores que están en los talleres, no los que se sientan en las mesas”.

El acuerdo de la discordia
Antonio Montoro, el secretario general de FICA UGT Cádiz, exponía tras la firma del acuerdo con la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz que se va a lograr “dar estabilidad, progreso y trabajo a nuestra bahía y a nuestra provincia”. Desde la patronal, daban un paso más allá, y el portavoz de la FEMCA, José Muñoz, cree que Cádiz tendrá “el mejor convenio del metal de todo el país” y que la firma supone el fin “de un conflicto que tenía secuestrada la Bahía de Cádiz”.
Uno de los puntos más conflictivos del convenio es que el sindicato dirigido por Montoro ha acordado con la federación de empresas que no se podrá renegociar el acuerdo en los próximos 8 años. Además, se recoge la creación de nuevos contratos “formativos” con salarios menores a los estipulados.
Desde CGT definen el acuerdo como baldío y “absolutamente restrictivo en derechos y retribuciones para las plantillas del sector”
Una de las grandes justificaciones al acuerdo que hacen desde UGT es la recuperación del plus tóxico penoso, que los trabajadores perdieron en 2012, pero su recuperación no se hará efectiva hasta 2030. CCOO se ha negado a firmar el acuerdo alegando que “será un convenio con el que malvivir ocho años”.
Desde CGT definen el acuerdo como baldío y “absolutamente restrictivo en derechos y retribuciones para las plantillas del sector”. Exigen que la duración del convenio sea de tres años como máximo y la “recuperación paulatina del poder adquisitivo perdido”. También denuncian el “contrato de nuevo ingreso”, una de las victorias de la patronal en el texto, que implican “dobles y triples escalas salariales” y exigen que la implementación del plus tóxico-penoso se haga de forma inmediata.
La CTM considera que el acuerdo da a la FEMCA “una de sus grandes reivindicaciones”: los contratos por “el 75% del salario”. Además, añaden que el texto no mejora las condiciones de inestabilidad a través de los contratos fijo-discontinuo que asolan el gremio. La Coordinadora de trabajadores insiste en que UGT ha firmado este acuerdo “para asegurar la paz social aprovechando la importante carga de trabajo actual”.
Criminalización y persecución
Desde el inicio de la huelga, el pasado 18 de junio, al menos 15 trabajadores han sido detenidos por los agentes policiales mientras participaban en las protestas. Cinco de ellos durante el lunes pasado mientras realizaban piquetes informativos en Puerto Real.
Además de las acciones policiales, distintas declaraciones públicas han puesto el foco en los trabajadores. José Muñoz, representante de la patronal del metal, señalaba el pasado lunes como violentos a los trabajadores que continúan con la huelga: “Esto no son piquetes informativos, son actos delictivos que están poniendo en peligro a personas, instalaciones y familias”.
Cádiz
Derechos laborales Más de 25.000 trabajadores se unen a la huelga del metal de Cádiz en su primera jornada
El pasado lunes, el secretario general de CCOO Industria Cádiz, Pedro Lloret, enviaba a los trabajadores del metal un mensaje para desconvocar la huelga e insistir en la vuelta a la normalidad. El texto expone que “La Anarquía nunca es buen camino, y aún menos con utopías que se saben perfectamente que no se pueden conseguir".
Varios líderes políticos han pedido al Gobierno estatal que “cese la represión” sobre estos trabajadores. Desde agrupaciones políticas como Izquierda Unida, Adelante Andalucía o Podemos, piden a distintos cargos como la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, o la ministra María Jesús Montero que asuman sus responsabilidades en las actuaciones de los cuerpos policiales frente a los trabajadores.