Madrid
Victoria contra la Sareb: 16 familias consiguen firmar contratos después de años de lucha

Tras años de reclamos, protestas y reuniones, 16 hogares firmarán contratos de alquiler con el banco malo, que había tomado posesión del bloque en 2018 y hasta ahora se negaba a dar una solución a estas familias. El edificio está situado en Casarrubuelos, un pequeño municipio en el sur de la Comunidad de Madrid.. 

Esta victoria es fruto de años de lucha de la asamblea del bloque, junto con el nodo de la Zona Sur del Sindicato de Inquilinas de Madrid, organización a la que pertenecen los hogares, y del Plan Sareb, un colectivo que agrupa a más de 300 familias afectadas por las malas prácticas de la entidad nacionalizada en 2022.

Unas malas prácticas que convirtieron el bloque desde el momento de la adquisición en el “escenario de una amenaza de desahucio injusta y prolongada”. Aunque Sareb es una entidad de titularidad pública, dicen desde el Sindicato de Inquilinas, “ha actuado como un fondo buitre, intentando desalojar a familias”. Unas viviendas que deberían estar al servicio de la población, denuncian, son gestionadas por fondos de inversión con un largo historial de conflictos y denuncias por acoso inmobiliario: Blackstone, Servihabitat y KKR. 

“El Gobierno tiene la responsabilidad de convertir todos esos bloques en un verdadero parque de vivienda pública, expulsando a los fondos privados de su gestión y garantizando el derecho a la vivienda”, dicen desde el Sindicato de Inquilinos.

Catalunya: Inquilinas en huelga pasan a la ofensiva

En Catalunya, los 62 hogares en huelga de alquileres contra La Caixa, organizados en el Sindicat de Llogateres, han decidido pasar a la ofensiva y demandar a la entidad bancaria para reclamar 231.000 euros “cobrados ilegalmente”, según denuncian. La demanda colectiva ha sido admitida en el juzgado de primera instancia nº 36 este 29 de mayo. Los inquilinos de bloques de vivienda de protección oficial de Sitges, Banyoles y Sentmen llevan reteniendo el pago del alquiler desde abril en un depósito, como una herramienta de presión a la entidad gestora privada para forzarla a negociar. En “la huelga de alquileres más contundente que se ha organizado en Catalunya contra un único propietario”, según el Sindicat, las 62 familias llevan retenidos un total de 60.165 euros. 

Los hogares en huelga pretenden con esta acción detener el proceso de privatización de las viviendas protegidas y defienden que pasen a la empresa pública de vivienda catalana (Incasòl) para que sean públicas y protegidas para siempre. Exigen además el fin de las cláusulas abusivas, incluida la que repercute el IBI a los inquilinos, acabar con los desahucios y procedimientos judiciales y que se proceda a realizar el mantenimiento necesario en los bloques. Una decena de ayuntamientos pide que el Incasòl compre los pisos en apoyo a las familias huelguistas, entre ellos, los tres consistorios donde se ubican los bloques afectados, así como Mataró, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Olot y L’Hospitalet de Llobregat. Los huelguistas y el Sindicat esperan que Ayuntamiento de Barcelona también apoye en breve las reivindicaciones de estas familias.