Laboral
Las secciones sindicales de CNT se abren paso en el País Vasco sentencia a sentencia

En diciembre el Tribunal Supremo paró los pies a la Diputación de Bizkaia. Ahora ha sido el Juzgado de lo Social de Bilbao quien ha frenado a la empresa Tubos Reunidos, ubicada en la comarca alavesa de Aiaraldea. En ambos casos, la institución pública y la empresa privada trataron de evitar que las secciones sindicales pudieran desempeñar sus labores. 

La sentencia más reciente, la de Tubos Reunidos, reconoce que debe dotar y reconocer el derecho a la CNT a disponer de sección sindical y que esta disponga de los mismos medios de comunicación con la plantilla del taller que el resto de secciones sindicales, estas últimas representadas en el comité de empresa. 

La marginación a la central anarcosindical empezó por el uso del tablón de anuncios para asuntos sindicales. Tubos Reunidos prohibió que CNT colgara allí sus comunicaciones y le emplazó a utilizar un tablón genérico, que se usa para la compra y venta de objetos. 

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El sindicato llevaba tiempo rumiando la idea de crear un espacio político financiado con un establecimiento hostelero que permitiera la creación de autoempleo. El cierre de un mítico bar bilbaíno y el aumento del paro entre sus afiliados aceleró el proyecto.

“La empresa desde un principio ha entorpecido el derecho de libertad sindical, negándonos derechos sabedores de su obligación, por lo que continuaremos defendiendo los derechos de las secciones sindicales”, apuntan desde la central.

Cinco años litigando

En el caso de la Diputación de Bizkaia, el gabinete de abogados del ente foral batalló judicialmente durante cinco años tras la creación de la sección sindical de CNT en 2016. Agotó las vías judiciales cuando el pasado diciembre el Tribunal Supremo inadmitió el último recurso de la Diputación, convirtiendo en firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que afirmaba que el ente foral “infligió la libertad sindical al no reconocer la sección sindical de CNT, ni al delegado de la misma su condición”.

Entonces, CNT del País Vasco mostró “una dura crítica y preocupación por la conducta de una administración pública que, en lugar de ser garante de derechos, deviene en vulneradora sistemática y, para ello, no ha dudado en derrochar dinero público en recursos para impedir el derecho a la actividad sindical”.