Presupuestos Generales del Estado
Estado de Bienestar o ajuste y “finanzas sostenibles”: ambos no son posibles

El fortalecimiento del Estado del Bienestar español es incompatible con las normas vigentes de sostenibilidad financiera. Atender a las necesidades sociales de los ciudadanos más vulnerables exige la derogación del artículo 135 de la Constitución y de la LOEPSF que lo desarrolla.

ATTAC
17 oct 2018 12:08

El Gobierno acaba de formular una propuesta presupuestaria para 2019 con un incremento de gastos e ingresos de aproximadamente 5.000 millones de euros. Como tenemos compromisos de cumplimiento de déficit con Europa, lo llevará a aprobación comunitaria. En su momento, la Comisión estuvo dispuesta a considerar un margen parecido, de 6.000 millones de aumento de gasto, incluso si suponía algunas décimas de aumento del déficit. Italia está en un proceso parecido a nivel de Unión Europea (UE) por un monto más alto: 10.000 millones de euros. Los italianos dicen que no es negociable, aun cuando supone un incremento de la senda de déficit del Estado pactada. Argumentan que es dinero necesario para garantizar una renta básica para todos los ciudadanos e incrementar las pensiones más bajas de los jubilados italianos.

En España, el pacto presupuestario 2019 entre Podemos y PSOE se fundamenta en un abanico amplio de mejoras en subsidios, ayudas, pensiones, sanidad, dependencia, etc., dirigidos a los sectores de ingresos más precarios de la población española. El acuerdo partidario se extiende más allá del gasto propio del Estado y afectará, entre otros, a empresas con asalariados y autónomos, con medidas como la subida del salario mínimo a 900 eros y las cotizaciones para la Seguridad Social de los autónomos.

A diferencia del Gobierno italiano, la propuesta española no incrementa el déficit al elevar las previsiones de ingresos. Para ello se propone incrementar la progresividad del IRPF para los tramos más altos, subir modestamente el impuesto sobre el patrimonio y establecer un suelo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Otras medidas adicionales de carácter tributario sugeridas, como el impuesto a las empresas tecnológicas digitales y un posible impuesto a las transacciones financieras, no se concretan.

Aprobar los presupuestos: un calvario

Sin embargo, aun cuando la UE no vaya a impugnar el anteproyecto de presupuestos para 2019 al no suponer aumento del déficit, no está asegurado que no queden en mera realidad virtual, aunque se alcancen los votos parlamentarios de mayoría. Existe el peligro latente de que el PP y Ciudadanos quieran obstaculizar la aprobación de las cuentas públicas a través de los cambios legales promovidos en los años inmediatos posteriores a la crisis de la Gran Recesión. Se trata de un entramado constitucional y legislativo estructurado como un potente escudo para hacer fracasar la sanción parlamentaria del presupuesto. El artículo 135 de la Constitución, que da prioridad absoluta al pago de la deuda, impuesto en reforma de urgencia en el año 2011 y la sanción a continuación de leyes subsidiarias de dicho artículo constitucional conformaron un formidable aparato de freno, convirtiendo cualquier aspiración de incremento de gastos públicos, excepto el financiero, en una tarea hercúlea, casi imposible. En esta carrera de medio fondo con obstáculos hay una última valla: el voto del Senado, con capacidad de bloqueo legislativo, del techo de gasto.

De todas las dificultades destaca singularmente la llamada Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la LOEPSF. Esta ley desarrolló en 2012, en forma perversa, el artículo 135 de la Constitución impidiendo aumentar cualquier partida de gasto por encima del incremento porcentual previsto del PIB de mediano plazo. Se sacralizó legalmente que la ley de presupuestos, la “ley de leyes” de la democracia parlamentaria, no dependa de la delegación de la voluntad soberana de los ciudadanos en los legisladores, sino de una previsión macroeconómica discrecional decidida en los oscuros despachos de “burócratas de negro” que no responden ni rinden cuentas ante nadie. Y lo más dramático de esta regla de gasto, “techo de gasto” la llaman, es que ese concepto no se aplica al gasto financiero de los intereses de la deuda. Éstos, en cambio, no tienen “techo”: nunca se debe despertar la “inquietud” del poder financiero.

Las finanzas son insostenibles, no el gasto social.

En la reciente reunión asamblea anual del FMI y el Banco Mundial de principios del mes de octubre Christine Lagarde, directora gerente del FMI, organismo guardián de las finanzas internacionales, nos ha alertado del riesgo extremo derivado de los saldos de deuda externa existentes: el 380% del PIB en los países desarrollados y el 210% en los emergentes. No tomamos en cuenta las deudas contraídas en derivados financieros que alcanzan cifras astronómicas. Son volúmenes extraordinarios en circulación de deudas manejadas por el poder financiero que nos someten económicamente a la decadencia y al empobrecimiento, al tener que destinar fracciones crecientes de la renta generada en la actividad económica a satisfacer el lucro financiero generado por el rendimiento de dichos saldos en detrimento de la acumulación productiva.

Este predominio de lo financiero sobre el panorama económico no tiene un horizonte próximo de cambio porque el manejo de este gran patrimonio financiero se ha hecho autónomo de toda dependencia. El capital financiero ya no complementa la inversión productiva generadora de riqueza mercantil y se valoriza en forma independiente y competitiva a partir de los tipos de interés, del rendimiento de los propios activos financieros creados a discreción. El capital financiero estacionado en grandes gestoras de carteras suele garantizar a los inversores recuperaciones no más dilatas de los cuatro a cinco años. Es decir, rentabilidades financieras anuales de entre el 20% y el 25%, imposibles de alcanzar en cualquier otro sector de la economía. Ahora bien, la riqueza financiera, a diferencia de la nominada en activos físicos, materiales, puede volatilizarse, evaporarse si el emisor de la misma, por la razón que sea, no la paga. Una quiebra empresarial, un default de un país, convierte en papel mojado las deudas y que éstas no se “honren”. La riqueza financiera, su valor actualizado, no es el que promete pagar, sino el que viene determinado por el tipo de interés de cada momento. Si el tipo de interés sube, el precio actual de los activos financieros baja para adaptarse al nuevo rendimiento. El dólar es el principal activo financiero al estar emitido por la economía más poderosa del mundo. Las maniobras económicas de Trump, desde la bajada de impuestos internos a las empresas hasta las ofensivas arancelarias contra países competidores, llevará con toda seguridad a un incremento del déficit público estadounidense y a un aumento del tipo de interés del dólar para contrarrestarlo. Esto arrastrará a un acomodo dramático de las finanzas mundiales, en particular la de las economías emergentes: devaluaciones competitivas y volatilidad en el precio y valor de la riqueza financiera, agravando todas las tendencias especulativas de la economía financiera a nivel planetario. El resultado, la culminación de este posible próximo ciclo económico, será un aumento de las cargas financieras de las deudas mundiales contraídas. Así se ha constatado en todas las crisis financieras capitalistas del último medio siglo. En suma, nos enfrentamos a un más que probable escenario de inestabilidad financiera profunda.

Para tener presupuestos justos y suficientes es necesario derogar al artículo 135 de la Constitución y las leyes que lo desarrollan. Hay que desacoplar las cuentas públicas de las “finanzas insostenibles”.

Tal como tenemos diseñado nuestro esquema tributario, la debilidad de las finanzas mundiales y la incertidumbre de la riqueza financiera circulante replicarán inevitablemente en nuestro déficit público. Y El conjunto de las partidas del presupuesto no financieras, las sociales en particular, las más fáciles de ajustar, deberán reducirse para compensar el incremento del servicio de intereses de la deuda pública. Les pasará a todos los gobiernos que aten la estabilidad presupuestaria del Estado a la corrección del déficit financiero. El Estado español se enfrenta a este dilema en el corto plazo si no cambia el algoritmo que somete la economía de las prestaciones públicas de la ciudadanía al equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera. Por ello es necesario reafirmar que el Estado del Bienestar no se recompondrá si no redistribuimos renta y riqueza, al tiempo que derogamos la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es un oxímoron y, además, es injusta.

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