Feminismos
La justicia patriarcal en el foco de la lucha feminista global

A finales de la década de los 90, tanto en los países de América Latina como en el Estado español, la lucha de los feminismos contra la violencia machista tuvo como estrategia fundamental la movilización y la incidencia para lograr mejores leyes e instrumentos de política pública para la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas frente a la violencia. Fruto de las movilizaciones, se aprobó la ley española contra la violencia de género de 2004 que, si bien superaba el enfoque “familiarista” de los marcos anteriores, reducía el objeto de protección a la violencia contra las mujeres cometida en la pareja o la expareja. En América Latina se llegó a una legislación más avanzada, que establecía una respuesta integral frente a las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Esta tendencia de mejora normativa comenzó en 2007, en México y Venezuela, y fue seguida, en 2008, por Colombia y Guatemala, en 2009, por Argentina y Costa Rica, en 2010, por El Salvador, en 2012, por Nicaragua, y en 2013, por Bolivia y la República Dominicana. Supuso también la reforma de un buen número de códigos penales nacionales para incluir las muertes violentas de mujeres por razones de género como un crimen especial, bajo la denominación de femicidio/feminicidio.

Pero, más allá del presupuesto, el sistema de justicia aparece como responsable último del fracaso de los avances legales

Sin embargo, tras la aprobación de estas normas, un conjunto de datos y una cantidad abrumadora de testimonios de mujeres alertan cada día sobre su inconsistencia para enfrentar la violencia y dan cuenta de la violencia institucional vivida por muchas mujeres que judicializaron sus casos. La falta de voluntad política de los gobernantes, que se refleja en la ausencia de presupuestos adecuados para la implementación de estas leyes o en la falta de formación profesional obligatoria, son un ejemplo. Pero, más allá del presupuesto, el sistema de justicia aparece como responsable último del fracaso de los avances legales. La reacción machista a la conquista de derechos por parte de las mujeres, impregnada por la llamada “cultura de la violación”, despliega todo su arsenal en este ámbito clave de la aplicación normativa.

El hecho de que el movimiento feminista en cada vez más países haya colocado el foco en el sistema de justicia y su actuación discriminatoria supone un paso importante ya que genera un clima de exigencia y rendición de cuentas frente a un espacio de poder tradicionalmente opaco y discrecional. Pero, además, esta lucha está aliviando una enorme carga de los hombros de las mujeres sobrevivientes de la violencia. En mi labor de acompañamiento he encontrado a muchas mujeres que creían que era su responsabilidad obtener justicia cuando la ley ya les ampara, pero saber que la impunidad está presente no solo en su caso, sino que afecta a miles de mujeres porque forma parte de la misma estructura que sostiene la violencia, supone una toma de conciencia fundamental.

En este afán de desvelar la injusticia y construir alternativas de justicia feminista, en América Latina se han producido recientemente expresiones colectivas muy interesantes. El Tribunal Ético Popular y Feminista que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires los días 28, 29 y 30 de junio de 2019 culminó el proceso de “Juicios a la Justicia Patriarcal” promovido por Feministas del Abya Yala con el fin de evidenciar la forma en la que el sistema judicial “condena, revictimiza, discrimina y estigmatiza a mujeres, lesbianas, travestis y trans por el simple hecho de serlo” ¹. Más recientemente ha tenido lugar el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe sobre Justicia, celebrado el pasado mes de septiembre en Quito (Ecuador). En el Estado español las movilizaciones masivas frente a la sentencia del caso de violación múltiple conocido como “La manada” o el apoyo al caso de Juana Rivas han supuesto “correr el velo” de los prejuicios e injusticias en el sector judicial, hasta ahora muy poco cuestionado de manera masiva.

En estas experiencias de denuncia y reflexión se están planteando alternativas desde la justicia feminista, como el acompañamiento a las mujeres que judicializan sus casos. Es esencial que desde el movimiento feminista se construyan estrategias de resistencia frente a la impunidad que, en un escenario (¡tan habitual!) de ausencia de justicia formal, contribuyan a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de la violencia. Sin embargo, desde un enfoque de derechos humanos, resulta esencial también que nos apropiemos del sistema de justicia por el que transitan a diario millones de mujeres para analizarlo de manera crítica y realizar propuestas de corto y largo alcance. Tanto como lo puede ser analizar y proponer mejoras sobre el sistema público de salud o de educación. Lo cual es perfectamente compatible con la construcción de estrategias de justicia feminista como las descritas y otras muchas.

Para ello, el sistema internacional de derechos humanos cuenta con instrumentos interesantes que deberíamos utilizar para denunciar la violencia judicial y formular propuestas. Un ejemplo es la recomendación del Comité CEDAW de Naciones Unidas sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Esta recomendación, quizá la más específica sobre justicia y discriminación de género realizada por un Comité internacional, plantea una serie de obligaciones de servicio público con las que los Estados deben garantizar el derecho a la justicia sin discriminación. De ella se extraen al menos tres desafíos importantes.

Se debería abordar, por tanto, la legitimidad de los sistemas de justicia ancestral, indígena, en una definición de sistema de justicia que los reconozca.

El primero es comprender y denunciar la discriminación en el sistema judicial como una cuestión compleja, interseccional, que afecta con mayor rigor a mujeres con identidades no hegemónicas como mujeres migrantes, gitanas, indígenas, lesbianas o trans. Esta cuestión debería atravesar a todos los análisis que se realicen del sistema de justicia formal. El segundo es incluir como cuestión prioritaria la exigencia de una justicia cercana —desde una punto de vista geográfico, cultural, lingüístico y psico-físico—, pronta y eficaz. Se debería abordar, por tanto, la legitimidad de los sistemas de justicia ancestral, indígena, en una definición de sistema de justicia que los reconozca. Desde ahí, establecer propuestas para eliminar los sesgos discriminatorios en ambos ámbitos (el formal y el informal) y reclamar un diálogo entre ellos como condición fundamental para el acceso de todas las mujeres a la justicia.

Y, por último, el más complejo de todos los desafíos: la exigencia de no impunidad, que supone poner en el debate los riesgos de las respuestas “punitivistas” planteadas a menudo por sectores contrarios al feminismo. Pero también nos conmina a debatir sobre qué respuesta judicial exigimos desde los feminismos, teniendo claro que el castigo sin transformación sólo contribuye al mismo caldo de cultivo de la violencia.

¹ Hacia una justicia feminista, juicio a la justicia patriarcal Artículo Camila Parodi