Exclusión sanitaria
Nueva iniciativa contra la ley y las políticas que perpetúan la exclusión sanitaria

La plataforma Yo Sí Sanidad Universal lanza la campaña A Juicio la Exclusión Sanitaria con la que se proponen llevar a los tribunales a las administraciones por denegar a amplios colectivos el acceso a la salud. 


publicado
2019-12-04 06:30

Al contrario de lo que anunció en su momento el PSOE, el Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio sobre “el acceso universal al Sistema Nacional de Salud” no supuso la reuniversalización de la Sanidad. Los límites de esa legislación han sido experimentados desde entonces por miles de afectadas y afectados. Algunos de sus casos han sido documentados por la plataforma Yo Sí Sanidad Pública que ha elaborado un informe a partir de testimonios de personas que se vieron privadas del acceso al sistema de sanidad durante el primera año de vigencia de un decreto que fue presentado como “la vuelta a la universalidad”, la primera medida social anunciada por el  ejecutivo de Pedro Sánchez —tras el cambio de gobierno que trajo la moción de censura contra Rajoy— quien declaraba retornar así al acceso universal a la salud, clausurado bajo el gobierno del presidente saliente a través del Real Decreto 16/2012.

Frente a la persistencia de la exclusión y ante la falta de voluntad política para garantizar el acceso al sistema público de salud de todas las personas, la plataforma ha decidido pasar a la ofensiva con la campaña “A juicio la exclusión sanitaria” con el fin de dar la batalla judicial a las prácticas contrarias al derecho a la salud y avanzar hacia la derogación de las leyes que las propician. “Tenemos la determinación de explorar todos los cauces administrativos necesarios, apoyar legalmente a las personas afectadas, y llevar ante los tribunales a los organismos competentes en materia de sanidad a nivel estatal y autonómico por incumplimiento de la legislación estatal y europea”, exponían en un comunicado de prensa.

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Para poner en marcha esta iniciativa, la plataforma ha recurrido a un crowfunding a efectos de financiar la actividad judicial prevista. “Sentimos que hay una sensibilidad con este tema y estamos contentos pues llegamos al mínimo del crowfunding durante el primer día de financiación, estamos muy cerca de alcanzar el máximo”, se felicitaba ayer 3 de diciembre Ignacio Revuelta, miembro de la plataforma, durante la presentación de la campaña en el Colegio de Médicos de Madrid. 

Por procesos judiciales, concretaba el abogado Javier Moreno Gómez durante el acto, se refieren a la preparación de un recurso de amparo contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  y, tras agotar las instancias nacionales, traspasarlos esfuerzos al ámbito europeo, llegando al Tribunal Superior de Justicia Europeo. Desde la plataforma piensan que las vulneraciones al derecho a la salud que vienen regristando en los últimos tiempos ameritan profundizar en ese frente.

MENORES Y EMBARAZADAS: HISTORIAS DE ANGUSTIA E INDEFENSIÓN

El informe elaborado por Yo sí Sanidad Universal recopila algunos testimonios entre más de 300 casos atendidos que, para la plataforma “son la punta del iceberg de las miles de personas que siguen sin recibir la atención sanitaria a la que tienen derecho”. Personas como Tomasa, una solicitante de asilo colombiana que participó en la presentación de la campaña. Su caso ilustra demasiado bien las distintas formas de exclusión que se están dando en el INSS.

Embarazada, tras algunas semanas en España, Tomasa fue al hospital de Alcobendas Infanta Sofía para empezar con el seguimiento de su embarazo. No la atendieron. Tras ese primer rechazo se volvió a su casa pero, preocupada por la evolución del embarazo tras una serie de dolores, decidió volver a consulta. Regresó de nuevo al Infanta Sofía y esta vez insistió: “En el hospital busqué a la trabajadora social quien llamó a facturación y a Médicos del Mundo”. Le decían que tenía derecho a asistencia pero esto no se concretaba: ocho horas tardó en ceder el centro médico y atenderla.

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No fue esta la única vez que Tomasa se topó con la exclusión sanitaria. En una ocasión llevó a su hija de tres años al pediatra, preocupada por una alergia. No la quisieron atender. Fue su casera quien, tras enterarse de la visita frustrada al ambulatorio, la acompañó de vuelta al centro de salud confrontado a los profesionales en su decisión de denegarle a la niña la asistencia médica. hasta que accedieron a evaluarla.

De hecho el informe recoge varios testimonios de mujeres embarazadas angustiadas ante la imposibilidad de que se atienda su embarazo y preocupadas por el desacople entre los ritmos burocráticos y la progresión de su gestación. La demora en la atención a embarazadas supone un riesgo para madre y criatura y es particularmente perjudicial en caso de necesitar acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, que está sujeta a plazos muy acotados. El acceso a la sanidad por parte de embarazadas y menores estaba garantizado ya desde el decreto de 2012, aunque los testimonios que denuncian la exclusión sanitaria de ambos grupos, muestran la distancia entre el texto legal y las realidades de muchas personas.

BARRERAS BUROCRÁTICAS

Una de los elementos más criticados de la nueva normativa es lo que la Plataforma yo sí Sanidad Universal llama la “norma de los 90 días”. Aduciendo a la necesidad de detener el turismo sanitario, desde las administraciones obligan a las personas a demostrar una estancia en el país de tres meses antes de poder acceder a una tarjeta sanitaria.

Los activistas denuncian que en algunas administraciones es el empadronamiento lo que se pide, suponiendo esto ya un obstáculo insalvable para quienes no tienen la posibilidad de empadronarse. El periodo de carencia de tres meses supedita el acceso al sistema de sanidad pública a un informe favorable de los servicios sociales que certifique la situación de vulnerabilidad de las personas. Este requerimiento, denuncian en la plataforma, está siendo usado por las Comunidades autónomas para restringir el acceso, al no facilitar las citas con los y las trabajadoras sociales. En el informe se resalta cómo, tanto los inmigrantes sin documentación ni planes de salida del país, como los solicitantes de asilo, son considerados como personas en estancia temporal.

En caso de haber superado estos tres meses, se levantan otras obstáculos difíciles de salvar: Para empezar, la documentación requerida para acceder a la tarjeta sanitaria es en muchos casos muy difícil de obtener. Los solicitantes de asilo son otro colectivo que se ve excluido del acceso a la salud como consecuencia del colapso del sistema de acogida y la tardanza en dar turnos para ingresar al sistema. Todas estas barreras se traducen en la no atención cuando se acude al centro sanitario, o a la denegación de asistencia si no se firma una hoja de pago comprometiéndose a cubrir económicamente la intervención.

El informe señala también la pérdida de derechos a la que se enfrentan numerosas personas, en situación irregular, beneficiarias del DAR (tarjeta que cubre a quienes se hallan en situación de vulnerabilidad, no contando con papeles en regla). Denuncian como en el último años ha habido una descenso significativo en el número de estas tarjetas, dando de baja a personas beneficiarias de la misma sin previo aviso, y no comunicando el procedimiento por el cual pueden recuperar su DAR. Muchas de estas personas acaban accediendo a solicitar una TIR, acogiéndose a un modelo que no da derecho a la cobertura farmaceútica.

Ya en 2018 un informe del Defensor del Pueblo, interpela a la Comunidad de Madrid y Galicia, donde se dan numerosos casos de exclusión, recordando el deber de las administraciones autonómicas de salvaguardar estos derechos. El texto incorpora una serie de recomendaciones “para proteger el derecho a la salud y garantizar la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a ciertos colectivos vulnerables excluidos de la normativa vigente”.

EXCLUIDOS DE LA SANIDAD PÚBLICA POR LEY

Por último, la Plataforma reitera la necesidad de revertir una de las consecuencias con más impacto del cambio de legislación y que implica que familiares ascendientes de españoles, con permiso de residencia por reagrupación familiar no tengan acceso a la sanidad pública. Se trata de personas de edad avanzada, que se ven obligadas a contratar un seguro privado cuyas familias en muchos casos no se pueden permitir. De hecho el texto denuncia cómo muchos de los, beneficiarios del DAR pierden esta tarjeta al adquirir el NIE cuando regularizan su situación a través de sus hijos, generando quebraderos de cabeza inabordables para las familias.

No es la primera vez que se judicializa la no atención de los excluidos. Como recuerdan desde Yo Sí Sanidad Universal, ya han sido 80 las sentencias favorables ante la administración que ha tenido que reconocer el derecho a la sanidad de las personas demandantes. Sin embargo, el Tribunal Supremo falló que la exclusión sanitaria de los ascendentes reagrupados era conforme a la ley, asestando un golpe a quienes se movilizan por que nadie quede afuera.

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“A veces el primer obstáculo no es la ley si no el funcionario”, afirma por otro lado el abogado Javier Moro quien apunta que la responsabilidad ante estas situaciones es tanto personal como colectiva. “Resulta especialmente inhumana la arbitrariedad con la que el sistema trata a las personas que solo buscan atender sus problemas de salud”, se duele el informe.

Más allá de la estrategia judicial, la plataforma apuesta por potenciar la formación, por lo que ha empezado a difundir materiales dirigidos tanto a profesionales de la sanidad como a usuarias, para que conozcan la ley —en el primer caso— y sus derechos, en el segundo. El colectivo maneja cifras que revelan un amplísimo desconocimiento de la nueva legislación por parte del personal sanitario.

Según una encuesta que compartió la integrante de la plataforma Clara Benedicto durante la presentación, el 65% del personal sanitario tendría entre ningún y escaso conocimiento acerca de las normativas de acceso a la sanidad y su aplicación en la CAM y solo un 5% declararían tener un conocimiento amplio. Además, más de un cuarto del personal sanitario entrevistado cree que efeectivamente el RDL 7/2018 ha restituido la universalidad.

En cuanto a las personas usuarias, desde Yo Sí Sanidad Universal, consideran que poner en mano de las personas afectadas documentación para hacer valer sus derechos evitará que queden al arbitrio de las denegaciones orales.

Mientras avanzan en estas estrategias, Ignacio Revuelta, miembro de Yo Sí Sanidad Universal invitó a unirse para hacer eco de cómo las leyes y las prácticas reproducen la exclusión sanitaria, ante la falta de voluntad política, de un gobierno que, teme, no tiene en sus planes revertir la situación para garantizar, esta vez sí, la universalidad del acceso a la Sanidad.

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