Desahucios
La triple condena de la familia de María y Pedro

A las doce del mediodía del 3 de mayo en Carrús (Elche), el barrio más pobre de España, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se prepara, una vez más, para paralizar el desahucio de una familia. En el balcón del segundo piso están Pedro, gitano de 32 años y padre, y María, madre de tres niñas de 13, 9 y 6 años de edad. Las menores no están presentes en el acto: para evitarles la desagradable situación, María las ha dejado con su madre en un pueblo cercano. La negligencia de los servicios de Bienestar Social los ha empujado a esta circunstancia que trae consigo absentismo escolar, la desesperación y una agonía innecesaria para esta familia.

Arropada por los activistas de la PAH, María cuenta a los periodistas los detalles de su historia. Pero es al final de la calle, en la esquina, donde se está dirimiendo su futuro. La Policía Nacional, CaixaBank/BuldingCenter SAV y el representante del juzgado discuten si efectúan el desalojo de inmediato o les dan una prórroga de siete días más, pues ya es la tercera orden de desahucio. La familia acepta la moratoria y los miembros de la PAH lanzan vítores por esta pequeña victoria que no supone más que prolongar la agonía de la familia una semana más. Una prórroga para que la sociedad —con sus leyes y sus instituciones— no los excluya ni los margine. Ellos han puesto todo el empeño en evitarlo.

La familia, procedente de Monforte del Cid (Alicante), había vivido durante ocho años en una vivienda de alquiler social. Complementaban los ingresos necesarios para garantizar el sustento familiar a través de trabajos precarios en los que no cotizaban. Pero ser gitano todavía trae consigo limitaciones por ambas partes de la sociedad. Por un lado, se les obligó a cumplir con sus propias leyes debido a un conflicto entre familias en el que se ve implicado un familiar de Pedro. El patriarca de los clanes gitanos les sentencia a abandonar el pueblo: “Se reunieron las familias y el patriarca dijo que teníamos que irnos en menos de 24 horas”, subraya Pedro. Y así lo hicieron en noviembre del 2013, cuando cargaron el coche con sus pertenencias y, junto a sus tres hijas, pusieron rumbo a Villalonga (Valencia) donde viven algunos familiares y amigos.

Despiste en Monforte y dejadez en Elche

En efecto, 24 horas son muy pocas para cambiar de vida. Entregaron las llaves de la casa, cogieron sus cosas y cumplieron la condena. Pero la excepcionalidad del caso de María y Pedro hizo que los servicios sociales de Monforte del Cid, municipio que habían tenido que abandonar apresuradamente, tuvieran un despiste al gestionarlo. La asistente social que llevaba el caso de María y Pedro se quedó hundida tras conocer las consecuencias de tal descuido: en la base de datos de la Generalitat Valenciana, constaba que el matrimonio había abandonado la vivienda por impago. Y eso hizo que contara con la peor puntuación en la lista de la Comunitat Valenciana para recibir una vivienda social.

El impago no era cierto. Los servicios sociales de Monforte del Cid reconocieron su error y se pusieron en marcha para arreglarlo. Ahora son los técnicos de Bienestar Social de Elche quienes llevan su caso que, conocedores de este hecho a través de un documento que emitieron los servicios sociales de Monforte del Cid, estuvieron casi dos años sin ofrecer alternativa habitacional a la familia y mintieron deliberadamente cuando se les preguntó por la situación de la pareja, afirmando que abandonaron la vivienda social de Monforte por impago, tirando por tierra la credibilidad de la familia.

Dos obligaciones a cumplir

Ya en Villalonga, María consigue trabajo en un restaurante y Pedro se dedica a echar peonadas en la huerta valenciana, lo que les permite alquilar un piso a una conocida por 220 euros al mes, empadronarse y escolarizar a las niñas. La familia comienza poco a poco a prosperar y a integrarse en la sociedad local, pero son gitanos y los problemas de su familia son también sus problemas por más que intenten mantenerse al margen de los conflictos. De nuevo, un enfrentamiento por parte de un familiar les salpica a la par que la dueña de la casa en la que viven necesita la vivienda para su hijo. En pleno período de luto y con un plazo para salir de la vivienda deciden empezar de nuevo en otra ciudad.

Y por fin llegan a Elche en mayo del 2017 con todas sus pertenencias en el coche. Durante días recorren el barrio de Carrús y se ubican por la zona de la Plaza Barcelona, el distrito más pobre de España según el informe que dio a conocer a primeros de año la Agencia Tributaria sobre renta declarada en el IRPF de las grandes ciudades.

Las hijas de María y Pedro dormían en el coche mientras que ellos, durante el día, trataban de conseguir algo de dinero ejerciendo la venta ambulante en el barrio, a la vez que iban dándose a conocer y cultivando cierta amistad con los vecinos. Fueron estos quienes les indicaron que en la calle Patricio Ruíz Gómez, cerca de donde tenían aparcado el coche, había una vivienda vacía que no tenía cerradura. Ante la posibilidad de tener que pasar una noche más con sus hijas durmiendo en el auto no lo dudaron y entraron en el piso. La casa estaba en unas condiciones deplorables pero María la adecentó como pudo e hizo de ella durante casi dos años un hogar para sus hijas.

Elche, dos años en tensión

Una vez instalados, María y Pedro se dispusieron a regularizar su situación. En primer lugar acudieron a la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche. Seguidamente pidieron asesoramiento a la PAH, que les indicó que informaran a CaixaBank —entidad a la que pertenecía a la vivienda— de la ocupación de la misma. La intención de la familia era pagar un alquiler social acorde a los ingresos que recibían, pero se encontraron con la negativa del banco, que les exigía para ello un nuevo informe de los servicios sociales que les fue negado por los técnicos de la concejalía ilicitana. “Me dijeron de muy malas maneras que no tenían la obligación de hacerme un informe nuevo”, afirma María.

La familia con tres niñas menores de edad ha estado durante dos años ocupando la vivienda de Caixabank, queriendo pagar un alquiler que les fue denegado una vez tras otra, a través de la correspondiente orden de desahucio. La PAH ha sido la mediadora y la encargada de paralizar los desahucios de la familia mientras Bienestar Social se ocupaba, supuestamente, de buscarles una alternativa. Pero las opciones que les presentaba desde la concejalía no reunían las condiciones para albergar una familia de cinco miembros.

En primer lugar les ofrecieron un piso en el barrio San Antón de un propietario particular, pero la vivienda requería una gran reforma para que fuera habitable. María y Pedro rechazaron realizar una inversión de tal envergadura y negaron rotundamente que desde Bienestar Social les hubieran propuesto condonar meses de alquiler por los costes que les hubiera supuesto la reforma, como a última hora afirmaron los técnicos del Ayuntamiento. La segunda opción consistía en separar el núcleo familiar a la espera de encontrar una vivienda adecuada. Mientras los padres se alojaban en una vivienda en la que habitaba una anciana, las niñas vivirían con la madre de María en Monforte del Cid, perdiendo, así, las clases del colegio. La intervención severa de los técnicos no se dio hasta la tercera orden de desalojo emitida por la entidad bancaria, y no fue casualidad.

En una “pegatinada” que organizó la PAH en una sucursal de CaixaBank, próxima a la sede del Partido Popular de Elche y estando presentes los concejales del PP, Sergio Rodríguez Meseguer y Mª Teresa Mendiola, estos, al conocer el caso de Pedro y María se pusieron en contacto con la concejala de Servicios Sociales Mª Teresa Maciá Milla quien, en presencia de numerosos testigos, afirmó que la vivienda ofrecida a la familia no era habitable.

A partir de este momento interviene Nieves Lillo, jefa de Sección de programas de Bienestar Social, y se pone manos a la obra en busca de una vivienda para María y Pedro que, debido a su pertenencia a la etnia gitana, son burlados por las inmobiliarias de la ciudad. Porque el racismo no se palia con dinero: aunque Pedro a finales de abril había recibido una ayuda económica denominada renta de inclusión social, destinada a personas con muy pocos recursos, no tuvieron éxito en la búsqueda de una vivienda. María explica indignada que, “cuando los agentes quedan con nosotros, nos enseñan casas con unos precios muy superiores a lo que podemos pagar, para quitarnos de encima”. Un desprecio que, afirman, han sufrido de manera continuada por parte de las entidades inmobiliarias de Elche a las que han acudido en busca de una residencia donde poder empezar de nuevo.

Medidas de urgencia

A partir de la crisis, la popularidad de los bancos ha caído en picado debido a los abusos que han cometido respecto a las hipotecas y los desahucios. Sin ir más lejos, la propia Caixabank es la segunda entidad que más sanciones ha recibido por parte del Banco de España al detectar irregularidades y abusos en sus distintas gestiones hipotecarias. Concretamente ha sido sancionada con 4,8 millones de euros, de la que ha recibido una rebaja del 40%. No es de extrañar que en aras de lavar su imagen y debido a la gravedad del caso de la familia que han desahuciado, la entidad se haya comprometido a pagar la estancia en un hotel a María y Pedro como parte de la adopción de medidas más solidarias, mientras que Nieves Lillo gestionaba el nuevo alquiler.

Dos semanas después del último desahucio, la familia ha conseguido una vivienda cerca del piso que habían ocupado, lo que ha permitido a las niñas regresar al mismo colegio donde estudiaban, evitando un perjuicio mayor para las pequeñas.

A pesar de que Bienestar Social cuenta con un plan local específico de inclusión social, casos como el de María y Pedro evidencian la falta de aplicación real de medidas que favorezcan la convivencia y una necesidad imperante de que el funcionariado de este ámbito aplique la sensibilidad que requieren los casos de extrema vulnerabilidad.