Solo el 3% de las peticiones de asilo de solicitantes de Centroamérica son favorables

“No sabía si iba a salir viva”, resume Nuria, que llegó a España desde El Salvador en 2012 “huyendo como una delincuente de mi país” tras haber sido víctima de un secuestro. Nuria tuvo que huir por decir “no”. “En El Salvador estaba a merced de un hombre que se encaprichó conmigo, un jefe de una mara que reaccionó de manera violenta a mi negativa”, explica la salvadoreña, a quien le fue denegada la solicitud de asilo que hizo en 2014.

“Soy lesbiana y todas las personas que tenemos una preferencia sexual diferente estamos expuestas a que nos maltraten”, explica. Tras decir “no” al marero, Nuria fue objeto de acoso, amenazas e intentos e secuestro. “Este hombre, un alto jefe de una de las maras de San Salvador, tenía 40 o 50 personas a su disposición que hacían lo que les pedía”, dice. Y lo que les pidió fue que la mantuvieran vigilada.

“Una noche, en mi casa, estando dormidas, empezaron a disparar hacia dentro de mi casa; tuvo que salir mi padre con un machete y pegarle en el brazo exponiéndose a recibir una bala: nunca apareció la Policía”, explica. Después de este episodio, fue a interponer su denuncia junto a su pareja y “salimos más asustadas de lo que entramos, porque el mismo policía nos dio a entender que podía decirle al marero que había ido a denunciarle”.

En su barrio, en pleno día, en la vía pública, a la vista de mucha gente y a punta de pistola: así se produjo el secuestro. Luego, la llevaron a una pensión abandonada donde “me propinan todo tipos de golpizas y torturas”, cuenta a El Salto. En las casi 30 horas que calcula que duró el secuestro, alguien se apiadó de ella: un niño de 14 años que trabajaba para la mara y era amigo de la familia de Nuria le ayudó a huir. “Yo tuve la oportunidad de recuperarme, pero él no, lo mataron con más de 50 balas”, explica en presencia de su abogado y de su pareja.

Cuando Nuria llegó a España gracias al esfuerzo que hicieron sus padres para comprarle un billete de avión, no tenía intención de quedarse. Pero en la casa de sus padres, con quienes vivía, se seguían produciendo llamadas, preguntaban por ella. “Me acerqué la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y me dijeron que podíamos intentar solicitar asilo”, explica.

La experiencia que vivió en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dice Nuria y confirma Arsenio García Cores, su abogado, fue revictimizante. “Me explicaron poco o nada del procedimiento, le intenté contar la historia a una funcionaria pero no me dejaba que le diera detalles y resumió mi historia en medio folio”. Pasado algo más de un año, le comunicaron la denegación del asilo.

¿Qué hubiera supuesto una respuesta favorable? “Hubiera sido una tranquilidad, me hubiera abierto la posibilidad de estudiar y de que me viera un médico, como yo necesitaba, en un país al que yo había llegado con tres vaqueros y dos camisetas”. Nuria no quiso recurrir y consiguió permiso de residencia por motivos de arraigo. Hoy no tiene esperanzas de poder volver a su país porque la situación, cuenta, es aún peor.

Denegación sistemática

En el encuentro internacional De las violencias contra las mujeres en Guatemala y Centroamérica a la (des)protección internacional organizado por la Asociación Mujeres de Guatemala y que tuvo lugar este martes en la plaza de la Villa de Madrid, Nuria y su abogado compartieron mesa para analizar esta denegación sistemática de las solicitudes de protección internacional de personas procedentes del Triángulo Norte. Un día antes del Día Internacional de las Personas Refugiadas que se celebra el 20 de junio, reconocidas expertas analizaron a lo largo del día el feminicidio, los desafíos de la defensa del territorio y el derecho al asilo para las mujeres.

“Nuria no era lo que se imaginan que era la típica víctima, y eso coadyuvó a que se le denegara el asilo”, explica Arsenio García Cores. Lo justificaron en que la violencia que había sufrido se enmarcaba en la delincuencia común. Tampoco tuvieron en cuenta el hecho de que era perseguida por ser mujer y lesbiana, y no aplicaron la garantía del artículo 46 de Ley de Asilo, que prevé tener en cuenta la situación específica de las personas “en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos”.

“Los casos de violencia por parte de maras se deniegan de forma sistemática porque dicen que son delincuencia común y el asilo no es para este tipo de casos”, dice este abogado en Derechos Humanos experto en asilo. De hecho, según los datos del Ministerio del Interior, solo el 2,78% de las solicitudes procedente de esta zona en los últimos diez años han obtenido una respuesta positiva. 

Aunque la mayoría de las personas que huyen del Triángulo Norte lo hacen hacia México, generalmente rumbo a Estados Unidos, el número de personas que se refugian en el Estado español ha ido en aumento en los últimos años: desde 2008 hasta 2014, únicamente hubo 565 solicitudes de asilo de los cuatro países más representativos a estos efectos: Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Es a partir de 2015 cuando los dos primeros experimentan un aumento sustancial, subiendo a 148 y 136 respectivamente en 2015, a 399 y 444 en 2016 y a 980 y 1.150 en 2017. Del total, alrededor del 47% son mujeres y niñas. Sin embargo, el número de concesiones de protección internacional siempre ha sido muy bajo. Desde 2008, el total de resoluciones positivas ha sido tan solo de 49: 41 asilos (18 para mujeres y niñas) y ocho protecciones subsidiarias (siete para mujeres y niñas). El porcentaje total de la protección otorgada es del 2,78%.

Este porcentaje contrasta con el 35% del total de resoluciones favorables que da la OAR como cifra oficial. “A los números se les hace decir lo que se quiere”, dice el abogado de CEAR, que lleva 18 años trabajando con personas refugiadas. “Por ejemplo, en 2016 hubo un 60% de solicitudes favorables, pero nos encontramos con que detrás de ese dato está el hecho de que muchas eran de Siria, a quien se le concede protección casi en todos los casos”. Para este abogado, la interpretación que hace la OAR con respecto a la solicitudes es “contraria a derecho”. “Lo que hicieron con Nuria es lo habitual, para que se conceda asilo a una persona de algunos de estos países se tiene que alinear los astros", razona.

El problema de fondo para este abogado es que no se concibe el asilo como un derecho: “Llevo años trabajando con personas refugiadas y no puedo creer que esto sea una casualidad, hay una lógica de entender el asilo como caridad y como parte del control migratorio”, concluye.