Crisis económica
Los servicios públicos y los más precarios son los grandes olvidados del plan de reactivación francés

Como por arte de magia, llueven miles de millones de euros sobre la economía francesa. “Ha llegado el tiempo del gasto público”, asegura el Ministerio de Economía desde su sede en el barrio de Bercy. Tras los planes de emergencia de la primavera, es el turno del “plan de reactivación”. Detallado el tres de septiembre por el primer ministro Jean Castex, su importe tiene como objetivo impresionar: 100.000 millones de euros están oficialmente sobre la mesa.

Sólo el 0,8% del plan de reactivación se destina a apoyar a precarias cuya situación se ha degradado aún más con la conjunción de los efectos sanitario, económico y social de la pandemia

Bautizado como “Francia se reactiva”, este plan incluye 70 medidas desglosadas en tres ejes: 36.000 millones de euros para “la competitividad de las empresas”, 34.000 millones de euros para “la cohesión social y territorial” y 30.000 millones de euros para “la ecología”. ¿Marcan estos nuevos gastos públicos el fin de la austeridad y del liberalismo, como afirman ciertos columnistas, o bien la voluntad de poner al Estado, y sus recursos, al servicio de los intereses únicamente del sector privado?

Reactivar el crecimiento a toda costa

Los miembros del Gobierno y de la mayoría parlamentaria han multiplicado los superlativos para alabar la justicia de este plan e instar “a los franceses a tener confianza”. Con estos 100.000 millones de euros, el Ejecutivo ambiciona recuperar desde 2022 el nivel de producto interior bruto (PIB) de antes de la crisis: cuando el PIB cayó un 13,8% en el segundo trimestre de 2020, el Ejecutivo insiste en la magnitud del plan ─cuatro puntos de PIB, es decir, cuatro veces más que su equivalente de 2008─ y espera así subsanar las pérdidas en apenas 24 meses.

No obstante, no hay nada menos seguro. En primer lugar, porque estos 100.000 millones se gastarán de hecho durante dos años. Lo que reduce el esfuerzo a dos puntos de PIB al año. Bercy indica también que no está seguro de poder comprometer más de 30.000 millones en 2021, es decir, poco más que en 2008. Constatando que más de la mitad del plan corresponde a medidas ya anunciadas ─por lo tanto ya tenidas en cuenta en gran parte por los actores económicos─, el gabinete Oxford Economics afirma también que este plan no es capaz de “estimular el crecimiento a corto plazo”.

Cientos de miles de empleos perdidos

Cuando el número de parados inscritos en la Oficina de Empleo llegó a cifras récord el pasado abril y ya que se esperan 800.000 parados suplementarios para este año 2020, el Gobierno no anuncia más que alrededor de 160.000 nuevos puestos de trabajo creados directamente por este plan de reactivación. Entre las ambiciones mostradas y la realidad de las consecuencias sociales de la pandemia, la diferencia es tan grande que cientos de miles de personas podrían quedarse al margen.

Las pérdidas de empleo no afectan sólo al sector privado. El sector público igualmente perdió 57.100 empleos en el segundo trimestre. Los contratos de duración determinada en la función pública no han sido renovados y muchos contratados y temporales se encuentran en búsqueda de trabajo. El plan de reactivación, sin embargo, está mudo sobre este tema.

Aparte de las 2.800 contrataciones prometidas en la Oficina de Empleo ─y las 15.000 previstas por Sanidad─, no supone ninguna reactivación del empleo en los sectores públicos (escuelas, universidades, vigilancia epidemiológica, residencias de mayores, etc.) y entidades territoriales que se enfrentan a crecientes necesidades.

Los precarios, pobres y parados son los grandes olvidados

Sólo el 0,8% del plan de reactivación se destina a apoyar a las personas precarias cuya situación se ha degradado aún más con la conjunción de los efectos sanitario, económico y social de la pandemia. Apenas 800 millones de euros se prevén para financiar el incremento del subsidio de inicio escolar (100 euros de más por niño para las familias modestas) y la bajada del precio de las comidas a un euro para los estudiantes becados. Estando ya comprometidos estos gastos, ni un euro de más se desbloquearía para venir en ayuda de las poblaciones con más dificultades.

Es muy magro cuando miles de trabajadores precarios, estudiantes y autónomos acaban de añadirse a los 5,5 millones de personas que ya reciben puntual o regularmente una ayuda alimentaria en Francia. Es muy magro también cuando los estudios muestran que habría bastado con movilizar apenas el 7% del plan de reactivación, es decir, aproximadamente 7.000 millones de euros, para erradicar la pobreza extrema.

Desbloquear el ahorro de los hogares más ricos

Para relanzar la economía y mejorar la situación de los más precarios, el Gobierno habría podido aumentar las prestaciones sociales mínimas, bajar el IVA de los bienes de primera necesidad, introducir un cheque verde condicionado a los recursos de los hogares o incluso apoyar la creación de empleos en la escuela, en las universidades, en los servicios públicos. No hay nada de eso, lo que ilustra una subestimación del sufrimiento social y la estricta negativa del Ejecutivo a mantener nuevos gastos sociales y públicos.

El Gobierno ha desbloqueado decenas de miles de millones de euros, sin condicionamiento sociales o ecológicos, para suplir las deficiencias del sector privado

La apuesta del Gobierno es totalmente diferente: que los hogares que han acumulado un ahorro sustancial desde el inicio de la pandemia decidan lo más rápidamente posible utilizar una parte significativa para consumir o invertir. El Banco de Francia evalúa este ahorro en 86.000 millones de euros. Teniendo en cuenta el recrudecimiento de casos de covid-19 y del clima general de incertidumbre, la apuesta parece arriesgada. Pero explica por qué el Ejecutivo no ha dejado de invitar a los hogares que tienen los medios a “tener confianza” y consumir. Las familias que no han podido acumular ahorro son las grandes olvidadas del plan de reactivación.

El Estado al servicio del sector privado

Mientras esta apuesta funciona, el Ejecutivo ha decidido poner el Estado, y sus recursos financieros, al servicio de las empresas privadas. Prolongando la orientación de los planes de emergencia de primavera, el Gobierno ha desbloqueado decenas de miles de millones de euros, sin ningún condicionamiento social o ecológico en la mayor parte de los casos, para suplir las deficiencias del sector privado, más inclinado a proteger el interés de los accionistas más que el de sus asalariados.

En primavera, fueron de este modo más de 12,7 millones de asalariados los que fueron cubiertos por el dispositivo de desempleo parcial, por alrededor de 40.000 millones de euros. Varias empresas multinacionales, con liquidez importante, siguieron abonando generosos dividendos a sus accionistas al mismo tiempo que se beneficiaban del dinero público. El grupo Veolia distribuyó de esta forma 284 millones de euros de dividendos y hoy está dispuesto a desembolsar 10.000 millones para comprar a su competidor Suez, cuando 20.000 de sus asalariados (sobre una plantilla en Francia de 50.000) fueron puestos a cargo del desempleo parcial.

¿Un “escudo” antidespidos o protección de las empresas?

No contentas con poder disponer del desempleo parcial que les permite transferir al Estado y Unedic lo esencial del peso de la remuneración de sus asalariados, las empresas han obtenido de igual forma la puesta en práctica de un nuevo dispositivo de actividad parcial de larga duración (APLD, por sus siglas en francés) dotado de 7.000 millones de euros. Les permite reducir el tiempo de trabajo de sus empleados hasta el 40%, en un período de seis a 24 meses, al mismo tiempo que se aprovechan del dinero público para cubrir del 85 al 100% de sus salarios.

Presentado como un “escudo antidespidos” por la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, el APLD se somete a un acuerdo de empresa o de ramo. Los sindicatos apuntan al riesgo de un chantaje al empleo: nada impide unir este “escudo” con un acuerdo de rendimiento colectivo que permita a las empresas imponer bajadas de salario y pérdidas de conquistas sociales encubiertas como negociación social.

Animadas por el Gobierno a firmar “masivamente” tales acuerdos, las empresas podrían obtener una importante flexibilización de la obligación de mantener el empleo de los asalariados asumidos: el empleador finalmente podría no estar obligado a reembolsar las ayudas obtenidas si suprime los puestos de trabajo. Para ello, le bastaría demostrar que sus perspectivas de actividad se han degradado.

He aquí un escudo que podría no proteger de los despidos. Los sindicatos apuntan con el dedo al eficaz trabajo de lobby de Medef [patronal]. Destacan que el Gobierno no siempre ha introducido la obligación de mantener el empleo en el marco del dispositivo de desempleo parcial de derecho común, cuando esta disposición había sido validada en la cumbre social del 24 de junio en el Elíseo.

Ayudas para emplear y precarizar a los jóvenes

La ola de planes de despidos está sin embargo lejos de calmarse: el Ministerio de Trabajo contabiliza 345 planes de salvaguarda del empleo (PSE) firmados desde marzo. Espera un número creciente en las próximas semanas: otros tantos parados suplementarios a los cuales se van a añadir los 750.000 jóvenes llegados al mercado de trabajo en 2020. Si algunos de ellos han decidido prolongar sus estudios, muchos son los que tienen pocas perspectivas.

También en ese aspecto, el Ejecutivo ha decidido hacer de la ayuda a las empresas la piedra angular de su respuesta, sea cual sea el impacto social: apoyo a los contratos a tiempo parcial, ayuda de 4.000 euros para la contratación de un joven, aumento del voluntariado (100.000 suplementarios que se añaden a los 140.000 existentes). En total, 6.700 millones de euros se dedican a apoyar la contratación de jóvenes, sin que las condiciones y remuneraciones a menudo precarias de esos contratos específicos sean mejoradas.

20.000 millones de euros de regalo al sector privado

Además de captar lo principal de las ayudas públicas directas, incluidas las de materia medioambiental (hidrógeno, aéreo, automóvil, etc.), el sector privado obtiene 20.000 millones de euros de exoneraciones fiscales con la supresión de una parte de los impuestos llamados de “producción”. Estos impuestos se aplican directamente al lugar de producción, a la producción misma, a la importación de mercancías y servicios o incluso al empleo de mano de obra. Reportan 77.000 millones de euros de los que casi 50 están afectados a las entidades territoriales y el resto a la seguridad social.

Tras haber bajado de forma significativa el impuesto de sociedades (que debería alcanzar el 25% en 2022), el Gobierno ha elegido así satisfacer otra antigua exigencia de ciertos patrones: bajar de 10.000 millones de euros al año estos impuestos, sin condición y sean cuales sean las empresas. Un regalo que en primer lugar va a beneficiar al sector de las energías fósiles y de las finanzas, y al tejido económico de las regiones Île-de-France y Auvergne-Rhône-Alpes antes que al de las regiones con más dificultades.

Bridgestone acaba de anunciar el cierre de su fábrica de Béthune, es decir, 823 empleos eliminados, cuando la multinacional ha recibido 1,8 millones de euros en deducciones fiscales

El Gobierno defiende proceder a un regalo sin contrapartida: reducir estos impuestos reforzaría el atractivo fiscal del país y la competitividad de las empresas, y conduciría así a relocalizar actividades y crear puestos de trabajo en el territorio. Variante de la teoría del rebalse, este enfoque sin embargo se contradice con un informe del Consejo de Análisis Económico, instancia asesora del primer ministro, que muestra que estos impuestos no tienen gran efecto sobre la competitividad de las empresas.

Debilitar estructuralmente el Estado y el poder público

Poco importa, para el Medef y los lobbies económicos, que sus argumentos estén poco fundados. Aquellos que están satisfechos con los 150.000 millones de euros dirigidos cada año a las empresas, se felicitan de esta bajada de impuestos masiva, perenne y sin condición. Como con el CICE [deducción fiscal para la competitividad y el empleo] en su momento, y con los mismos argumentos, el Gobierno pone una confianza ciega en el sector privado para crear actividad y puestos de trabajo, sin ningún medio de asegurarse de ello.

La reciente decisión de Bridgestone atestigua la impotencia de una política de este tipo: acaba de anunciar el cierre de su fábrica de Béthune, es decir, 823 empleos eliminados, cuando la multinacional ha recibido 1,8 millones de euros de CICE en 2018 sólo para este centro, sin ninguna condición. Lejos de querer organizar la mutación de la economía, el Gobierno da las llaves de nuestro futuro económico al sector privado mientras se niega a hacer contribuir a las grandes empresas que se aprovechan de la crisis.

Detrás del intervencionismo mostrado por el Estado, nos podemos preguntar legítimamente si no está sobre todo la voluntad de ver el mercado y el aparato productivo funcionar como antes, sobre la base de los mismos principios de rentabilidad financiera y de remuneración de los accionistas. Finalmente, Emmanuel Macron y su Gobierno ¿no están perpetuando, tras estos miles de millones de euros de dinero público, un debilitamiento estructural del Estado a beneficio de los grandes intereses privados?