400 jornaleras de Huelva y Almería denuncian que se incumplen las medidas frente al covid19

El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha trasladado a la Inspección de Trabajo numerosas denuncias a empresas agrícolas que no respetan las medidas de seguridad impuestas por la epidemia de coronavirus.

Temporeras contra la esclavitud
Las condiciones de precariedad y hacinamiento que sufren las jornaleras en Huelva y Almería se han agravado con la crisis del covid19. Foto: temporeras contra la esclavitud.
21 mar 2020 06:00

Desde la entrada en vigor del Estado de Alarma muchas sectores de la economía se han visto afectados por las nuevas medidas impuestas. Las empresas se han visto obligadas a adoptar una serie de medidas de protección que no siempre se cumplen. Es lo que denuncia el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que, a lo largo de esta semana, ha registrado hasta 400 llamadas de trabajadores y trabajadoras del campo que aseguran que en sus puestos de trabajo no se cumplen con las medidas de seguridad mínimas. En total, el sindicato ha trasladado más de 40 de estas denuncias a la Inspección de Trabajo y durante los próximos días continuará con esta labor.

“Nos estamos encontrando una oleada de llamadas telefónicas de jornaleras de Huelva con la problemática de que no les están dando mascarillas y guantes y no se guardan las medidas de seguridad”, explica Óscar Reina, secretario general del SAT. “Lo hemos denunciado a la Inspección de Trabajo y se lo comunicamos a la Guardia Civil, pero se está tardando muchísimo en actuar”, lamenta Reina. Además, “en los pocos casos en los que la Guardia Civil va al centro de trabajo, al poco, continúan con su actividad laboral y no se soluciona esta flagrante vulneración de la responsabilidad colectiva”.

A esta situación que viven todas las trabajadoras y trabajadores del sector, se suma el problema de hacinamiento que una parte lleva soportando desde hace tiempo y que se agrava ante la situación actual. “Los asentamientos chabolistas y los hacinamientos forzosos en containers siguen existiendo”, denuncia Reina. “Si antes no había unos mínimos higiénicos y sanitarios para la habitabilidad humana estamos en las mismas, más ahora con el riesgo de contagio por el covid19”, asegura.

Recientemente, la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha llevado a cabo labores de limpieza y desinfección en algunos municipios de la provincia de Huelva, “pero se ha quedado a las puertas de los asentamientos. Allí malviven miles de personas, que no son números, y nadie está mirando por su salud”, indica el secretario general del SAT. “Hay que ir a esos asentamientos, proporcionarles mascarillas, guantes y agua potable, que no tienen”, reclama.

Una situación similar se vive en Almería. Allí “hay 4.000 trabajadores en la zona de Níjar que viven en asentamientos en la mitad del campo que carecen de agua potable. La situación de los asentamientos era de escándalo desde hace mucho tiempo. Con esta situación una de las cuestiones centrales tendría que haber sido acercar el agua a estos asentamientos”, explica el portavoz del SAT/SOC en la provincia, José García.

José García: “Si históricamente no se han respetado las medidas de seguridad e higiene, ahora no ha mejorado”

La llegada de la UME a Almería se espera para las próxima horas pero se prevé una actuación similar a la que se ha llevado a cabo en Huelva. “Parece que hay unos kits de higiene que van a repartir, pero no van a facilitar agua potable”, adelanta García. “La UME estuvo en Huelva y una de las prioridades era que la gente no saliese del asentamiento sin aportar más soluciones al respecto. Tiene que ir acompañado de una serie de medidas: garantizar la alimentación, la higiene, el agua y los productos desinfectantes”, reclama.

El sindicato también ha registrado una “avalancha de denuncias”, en palabras de su portavoz, que reconoce que “debido a la presión, en algunas empresas están corrigiendo la situación”. Aunque, en general, “si históricamente no se han respetado las medidas de seguridad e higiene, ahora no ha mejorado”.

Para García, “una de las cuestiones más graves es el tema del transporte. Se está obligando a los trabajadores y las trabajadoras a exponerse al ir a trabajar. Además, con la restricción para ir en un vehículo nos estamos encontrando multas importantes a muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen otra opción, porque si dejan de ir a trabajar se van a encontrar con un despido”, cuenta.

Nadia Azougagh: “Hay mucha gente que está trabajando en el campo sin contrato y, como no tienen contrato, no pueden justificar que van a trabajar. Esto puede repercutir en la situación de residencia de las personas migrantes”

Esta situación se agrava aún más porque “hay un número importante de trabajadores sin contrato en la zona, que se sabe que están trabajando en esa situación y por parte de los poderes públicos se está tolerando”, asegura García. Reconoce que es “algo que se ya venían haciendo pero que se mantenga con estas condiciones de excepcionalidad resulta muy curioso”.

En una situación especialmente vulnerable se encuentran muchas personas migrantes, como advierte la activista Nadia Azougagh. “Hay mucha gente que está trabajando en el campo sin contrato y, como no tienen contrato, no pueden justificar que van a trabajar. Esto puede repercutir en la situación de residencia de las personas migrantes”. Además, advierte que “están militarizando todo el campo de Almería y eso está conllevando un montón de conflictos”.

También llama la atención sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) andaluces. A diferencia de las medidas tomadas en otros centros como el de Aluche (Madrid), no hay constancia de que se vaya a liberar a las personas internas en Algeciras y Tarifa. “Los CIE de Algeciras y Tarifa son los que peor están”, asegura la activista. “El de Algeciras era una antigua cárcel que se cerró porque era inhabitable y la convirtieron en CIE. Ya había problemas de humedad y con una enfermedad que afecta al sistema respiratorio como el Coronavirus son los que peor están”, insiste Azougagh.

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