La caza de disidentes turcos llega a España

La represión turca contra la libertad de expresión llegó este verano a España. El gobierno de Tayyip Erdogan, aprovechándose de una Interpol obsoleta y en proceso de reforma, consiguió que se emitieran órdenes de arresto contra disidentes turcos que residen en territorio europeo.

La policía española actuó con un celo exagerado y detuvo a dos personas, que todavía un mes después esperan a que el poder judicial decida sobre su extradición a Turquía, donde se les acusa de terrorismo.

El periodista turcosueco Hamza Yalçin vino a pasar sus vacaciones en un camping junto al mar en la costa de Girona. Durante algunas noches disfrutó del sonido de las olas y de la visión de las estrellas. Pero el día 3 de agosto, cuando se disponía a subir a un avión rumbo a Londres, fue detenido por la Policía Nacional, y al día siguiente el juez de la Audiencia Nacional Ismael Serrano lo enviaba a la prisión de Can Brians.

Lo mismo le sucedió al escritor germanoturco Dogan Akhanli dos semanas después en Granada. Con el atentado de Barcelona todavía impactando en la opinión pública española, la Policía Nacional se tomó la molestia de visitar a Akhanli en su hotel de Granada y arrestarlo.

Las circunstancias jugaron un poco más a favor de Akhanli: los medios llevaban dos semanas protestando por la actuación contra Hamza Yalçin, el juez de guardia en la Audiencia Nacional no era Ismael Moreno –célebre por dictar prisión provisional en el caso “titiriteros”– sino Fernando Andreu, conocido por investigar el genocidio de Rwanda o la muerte de palestinos durante bombardeos del ejército israelí.

Akhanli, además, fue muy hábil al enviar, en cuestión de segundos, varios sms. Los mensajes permitieron una ágil oleada de solidaridad, y la inmediata presencia de un perspicaz abogado. Éste dio al juez su propia dirección como lugar de residencia temporal del acusado en España. Así es que Akhanli no llegó a entrar en prisión y espera en libertad condicional la decisión sobre su extradición.

Hamza Yalçin no visita Turquía desde 1998. Actualmente es redactor, y uno de los fundadores, de la revista socialista Odak Derguisi. Se trata de un pequeño medio digital, con una edición en papel en Turquía. Es también una asociación de corte activista, que organiza acciones de protesta, activa por ejemplo durante las protestas en el parque Gezi, en 2013.

Odak está especialmente enfocada en actividades pedagógicas, organizadas a través de unos grupos llamados Educación y Solidaridad. El propio Yalçin ha trabajado como educador social en Suecia, y la revista está presente en diversas ciudades turcas. Como intelectual, Hamza Yalçin elabora su discurso con miras a la unión entre el socialismo turco a la antigua usanza, los movimientos kurdos y algunos sectores del kemalismo.

Por su parte, Dogan Akhanli lleva siete años sin pisar Turquía, y en sus libros ha tratado el tema de las matanzas de población armenia a manos del Imperio Otomano, que él considera lícito llamar “genocidio”. Puede parecer una mera cuestión de terminología, pero el calificativo de “genocidio” o no para estas matanzas es un tema de polémica nacional en Turquía, que condiciona su propia identidad como nación y su relación con otros países.

Tanto Hamza Yalçin como Dogan Akhanli pasaron a formar parte de la disidencia política tras el golpe de estado en Turquía de 1980, que puso el gobierno en manos de los militares. Ambos pasaron entonces varias temporadas en prisión, padeciendo torturas, lo que les llevó a buscar asilo político en Europa.

Las detenciones en España de Yalçin y Akhanli se enmarcan en uno de los momentos de mayor distanciamiento diplomático, que no comercial ni apenas militar, entre Turquía y la UE. Y llama la atención por ser un ejemplo de la intensa represión contra los medios de comunicación que lleva a cabo el gobierno turco, pero en este caso fuera de sus fronteras.

En el marco de las lentas negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE, Turquía introdujo numerosas mejoras en pro de derechos civiles como la libertad de expresión. Sin embargo, ya fuese por la lentitud de estas negociaciones, ya porque Turquía se ha volcado en convertirse en una potencia regional de corte neotomano, esta libertad de expresión ha caído hasta convertirse en una de las peores del planeta.

Reporteros Sin Fronteras fija el deterioro de la libertad de expresión en Turquía desde 2007. En estos diez años, el país ha pasado a ser la mayor prisión para periodistas del mundo.

Los momentos más álgidos de esta represión se han dado en 2013, a raíz de las protestas en el parque Gezi; en 2015, debido a la ruptura del proceso de paz con el PKK y a unas convulsas elecciones generales; y a partir del intento de golpe militar en el 2016, y el estado de emergencia que se instauró posteriormente en todo el país, y que todavía está vigente.

Durante estos diez años de medidas contra la libertad de expresión se han clausurado infinidad de medios escritos, televisivos y digitales. Un incalculable número de periodistas ha perdido su trabajo y los procesos judiciales se suceden sin pausa, echando mano de un restrictivo Código Penal y de una ambigua Ley Antiterrorista. Particularmente enconadas han sido las actuaciones contra los medios que emitían en kurdo o cubrían detalladamente el sangriento conflicto kurdo.

Todo esto ha creado un panorama informativo alarmante, con un elevado grado de concentración en la propiedad de los medios y un alto grado de autocensura por parte de los propios profesionales. En este panorama informativo apenas existe la pluralidad de opiniones, y se ha conformado, a veces a base de actuaciones delictivas, un amplio espacio de medios conocidos como “piscina de medios”, que actúan como meros portavoces y aduladores del gobierno Erdogan. Las actuaciones contra periodistas extranjeros o contra disidentes turcos en territorio europeo, son solo una táctica más, Interpol mediante, dentro de este proceso.

Los ministerios de exteriores sueco y alemán remitieron recientemente a raíz de los casos de Yalçin y Akhanli una carta a Federica Mogherini, representante de la UE en política exterior y de seguridad. En ésta se le pedía que involucre a la UE en la reforma de la Interpol.

La reforma de la Interpol es un proceso al que Interpol se ha avenido desde hace poco, y que fue gestada por algunas asociaciones civiles como Open Dialog Foundation o FairTrials. Estas asociaciones hicieron campaña y consiguieron involucrar al Consejo de Europa, pero la UE no se ha involucrado todavía. El motivo de la reforma es que, a pesar de que el artículo 3 de la Interpol prohíbe la actuación en casos de persecución política, la forma en que está organizada Interpol hace posible esta caza. Entre los varios países que abusan regularmente de Interpol para cazar opositores políticos se encuentran Rusia, Ucrania o, como en los casos de Yalçin o Akhanli, Turquía.

Visitado en la prisión de Can Brians, Hamza Yalçin compartió su sorpresa porque España se haya metido a colaborar con toda esta estratagema turca. La acusación de que es objeto, la de pertenecer a una banda terrorista llamada THKP-C (que no DHKP-C), es un mero pretexto porque, según explicó a El Salto, esta organización dejó de existir en los años 70. Durante la visita, Yalçin subrayó que lo que Erdogan no tolera son las voces críticas contra su gobierno y sus políticas islamistas. Y se mostró especialmente apenado por llevar ya más de un mes perdiendo el tiempo en prisión y sin la posibilidad de trabajar. Su situación le preocupa, pero su ánimo es alto.

A finales de agosto llegó la documentación desde Turquía solicitando formalmente su extradición. El ministro de Justicia Rafael Català declaró que el caso se estudiaría con la mayor celeridad, pero el tiempo pasa.

Legalmente, el Ministerio de Justicia tiene de plazo hasta mediados de octubre para pronunciarse. Si no decide liberar a Hamza Yalçin, el caso volvería a pasar a manos del juez Ismael Moreno, cuya decisión, de ser la extradición, debería ser ratificada por el Consejo de Ministros. Mientras tanto, el tiempo pasa, con Yalçin en prisión y Akhanli sin poder regresar a su casa.