Cárceles
España hace oídos sordos a las recomendaciones de la OMS y del Consejo de Europa para frenar el covid19 en las cárceles

El número de personas presas contagiadas asciende a día de hoy a 21, mientras que ya se cuentan 181 trabajadores de las cárceles que han dado positivo. 

Cárcel de Soto del Real
Vista del Centro Penitenciario Madrid V, en Soto del Real, en la Comunidad de Madrid. David F. Sabadell
8 abr 2020 13:19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa han recomendado en las últimas semanas la reducción de la población reclusa y el respeto al derecho a la salud de las personas presas. Es lo que han hecho, por ejemplo, en Reino Unido, donde hace dos días se ordenó la salida de 4.000 presos para evitar la expansión del coronavirus en las cárceles, que ya contaban 90 enfermos entre sus internos. En España, por el contrario, según denuncian más de 20 organizaciones civiles, “la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de Instituciones Penitenciarias, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo”. 

Estas organizaciones, entre las que se cuentan la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Irídia, Red Jurídica, CNT Catalunya, Etxerat o Rights International Spain, alertan de que España es uno de los Estados europeos con mayor número de personas privadas de libertad de más de 50 años (20% de la población carcelaria) y de más de 65 años (2,5%), según datos del Consejo de Europa

La primera muerte de una persona presa por el coronavirus fue la de una reclusa de 78 años en la cárcel de Estremera (Madrid), el pasado 20 de marzo. Diez días después murió un trabajador de la cárcel de Fontcalent, en Alicante, también por esta enfermedad. Son los dos muertes que se han contado por covid19 en las prisiones, donde a día de hoy, según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias, la cifra de personas presas contagiadas asciende a 21 y la de trabajadores a 181.

Estas organizaciones recuerdan que hace ya una semana el Defensor del Pueblo Español emitió un comunicado en el que recomendaba al Ministerio de Interior “llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación” en cuanto a las recomendaciones emitidas por los organismo internacionales. Un comunicado que, según señalan, se emitió después de que estas organizaciones presentaran varias quejas pero con recomendaciones que siguen siendo “muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respeto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa”.

Por su parte, el Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) emitió una declaración pública en la que recomendaba a las instituciones penitenciarias catalanas “la agilización de las actuaciones para excarcelar [...] al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2”. Según las organizaciones que firman el comunicado, “de una declaración mucho más acorde con los estándares y recomendaciones realizadas por la OMS y el Consejo de Europa”.

Sin embargo, tal y como denuncian, “Instituciones Penitenciarias ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones”. Además del escaso uso que se ha realizado de los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario —en sus artículos 100.2 y 86.4—, denuncian que “apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Denuncian que la principal y única medida adoptada por la la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha sido repartir un total de 205 teléfonos móviles entre todas las personas presas. “En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”.

Estas organizaciones insisten en que es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, como reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión y activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria. También que se garanticen “de forma efectiva” canales alternativos de comunicación entre las personas presas y sus familias.

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