Cárceles
César Manzanos: “A los presos solo se les saca cuando están gravemente enfermos, para morir fuera”

“No se han aplicado las medidas propuestas por los organismos internacionales y, paradójicamente, las cifras oficiales de personas presas contagiadas es residual. Entendemos que se están minimizando y ocultando los datos para evitar la alarma social”, señala César Manzanos, de Salhaketa Araba en una rueda de prensa celebrada junto a las organizaciones Etxerat y Red Sare para denunciar la situación que viven las personas presas en el marco de la crisis del coronavirus. 

A día de hoy, Instituciones Penitenciarias cuenta tres funcionarios de prisiones fallecidos por el coronavirus y dos internos en las cárceles de Alicante, Cuenca y Soria. Los positivos acumulados son ya 254 trabajadores repartidos por todas las comunidades —y de los que 106 ya han recibido el alta—, y 56 internos, que se concentran especialmente en las prisiones de Madrid VII —Estremera— y Madrid V —Soto del Real—. Uno de los presos enfermos de esta última cárcel es el único que actualmente se encuentra hospitalizado y otros 14 ya han recibido el alta. 

Ya ha pasado mes y medio desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa, ante quejas presentada por más de 50 organizaciones civiles entre las que se cuentan la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Irídia o Salhaketa Nafarroa, recomendó a los estados miembro que adoptaran medidas alternativas a la prisión para prevenir contagios y muertes por coronavirus. Desde entonces, según han confirmado a El Salto desde Instituciones Penitenciarias, más de 2.000 presos en tercer grado —régimen abierto— han sido enviados a sus casas a pasar el confinamiento. “Las juntas de tratamiento dicen, de forma individualizada, si a un preso de tercer grado se le puede poner un control telemático o de voz para que esas personas que están entrando y saliendo pasen el confinamiento en su casa, pero no se ha podido aplicar en todos los casos porque hay presos que no tienen domicilio donde puedan cumplir la cuarentena, o familia que les pueda acoger o recursos en las comunidades autónomas para acogerles”, explican desde Instituciones Penitenciarias. 

Sin embargo, no hay datos sobre posibles casos en los que se haya promovido el paso a tercer grado a internos enfermos, y, además, han continuado los ingresos en las cárceles, en muchos casos por el incumplimiento del estado de alarma. Fue el caso del interno encontrado sin vida en la cárcel de Logroño el pasado 3 de mayo; un hombre de 41 años y ganadero de profesión, según señala el diario La Rioja, que fue encarcelado tras violar reiteradamente el confinamiento y que se habría quitado la vida en su celda. 

“No se ha diseñado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, teniendo en cuenta que al igual que en las residencias de ancianos, el encierro puede ser una masacre”, señala Manzanos

Desde Salhaketa reclaman el acceso a los test de covid-19 para toda la población recluida y funcionarios de prisiones para evitar la propagación. “No se ha diseñado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, teniendo en cuenta que al igual que en las residencias de ancianos, el encierro puede ser una masacre”, señala Manzanos, quien recuerda que la población total encarcelada supera las 60.000 personas y que muchas de estas personas tienen patologías físicas y psíquicas. 

Manzanos también destaca que hasta ahora no se ha llevado a cabo de forma generalizada la excarcelación de los presos preventivos, de los presos en tercer grado y de los enfermos y mayores de 70 años, como se ha hecho en terceros países. “Solo se les saca cuando están gravemente enfermos, para morir fuera”, denuncia. 

“Desde el inicio del estado de alarma venimos denunciando la situación de vulnerabilidad que viven las presas y presos, y en particular los vascos, para los que esa vulnerabilidad se une el alejamiento y el que muchos están en un primer grado penitenciario que se les viene aplicando desde hace tres décadas”, afirma, por su parte, Joseba Azcarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno vasco y miembro de la Red Sare.

Muchos de ellos deberían estar en libertad condicional porque han cumplido tres cuartas partes de su condena”, subraya Azcarraga

Azcarraga recuerda que hay decenas de presas y presos vascos que tienen más de 60 años y algunos de ellos llevan cumplidos más de 20 años en la cárcel. “Muchos de ellos deberían estar en libertad condicional porque han cumplido tres cuartas partes de su condena”, subraya. Desde Sare reclaman que estos presos, al igual aquellos que sufren enfermedades graves, “sean enviados a su casa”. “Exigimos que se ponga fin al régimen de excepcionalidad, que se aplique la ley sin más”, concluye.

Desde Etxerat, su portavoz Urtzi Errazkin afirma que en las cárceles de los Estados español y francés “han conseguido que los presos y presas sean las personas más aisladas y, a la vez, más expuestas al covid-19”. Denuncia que la prioridad en estos dos países en cuanto a las personas encarceladas es “mantenerlas en prisión, al margen de las recomendaciones hechas desde Europa o por la OMS” y recuerda que, cuando el 13 de marzo el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el estado de alarma, ya estaban en ruta para ver a sus presas y presos vascos muchas de sus familias, que finalmente no pudieron verles a pesar de haber hecho, en muchos casos, varios centenares de kilómetros. 

Errazkin recuerda que de los 5.000 presos de las cárceles francesas liberados por el Gobierno a raíz de la crisis del coronavirus, ni uno solo era vasco —actualmente se cuentan 34 presos y presas vascos en las cárceles francesas—. Tampoco eran vascos ninguno de los más de 2.000 presos en tercer grado enviados a casa para pasar el confinamiento a finales de marzo en las cárceles españolas.