Pensiones dignas en Euskal Herria: trabajos de todas, derecho de todas

A comienzos de año el Gobierno Español ha anunciado el aumento de las pensiones en 2018. En concreto, el Gobierno de Madrid ha propuesto un aumento del 0,25% en las retribuciones de pensionistas y de viudedad, lo que ha creado removido a este sector social que es cada vez más grande. Sin embargo, la ira y la angustia no solo ha surgido en los y las pensionistas; las medidas del gobierno, además de la escasa subida de las pensiones, han sacado a la luz más problemas, y diferentes agentes sociales están poniendo en cuestión el mismo sistema de pensiones.

Según los datos de diciembre, 636.000 personas reciben su pensión en Hego Euskal Herria. De estas, casi el 70% recibe una pensión contributiva, 165.000 personas tienen una pensión por viudedad, y otras 54.000 por discapacidad. En total, una cuarta parte de la población de Hego Euskal Herria es pensionista.

El aumento de las pensiones anunciado por el gobierno de Mariano Rajoy es mínimo, de 0,25 puntos, un aumento que se da por quinto año consecutivo. Por lo tanto, la pensión promedio de Hegoalde, que es de 1.134 euros, aumentará en 2,83 euros en 2018. Como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ronda el 1,2%, las personas pensionistas perderán capacidad adquisitiva una vez más. En Ipar Euskal Herria las pensionistas están denunciando la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo, ya que también les han subido el Impuesto Social General (CSG) y, frente a las reformas que quiere el gobierno de Emmanuel Macron, han salido a la calle. Desde 2014 las pensiones en Francia están congeladas.

Pese a la crudeza de la situación en el Estado Español, las asociaciones a favor de los derechos de las pensionistas y jubiladas han logrado movilizarse conjuntamente. En las capitales las manifestaciones han sido masivas y las que hasta hace poco hacían los trabajos invisibles, las mujeres, han logrado llevar sus reivindicaciones al centro del debate, ya que ellas son las que tienen las peores condiciones.

José Luis Ruiz, de la Asociación de Jubilados y Pensionistas por la Democracia de Bizkaia (AJPD), afirma que entre la gente hay inquietud, pero que no imaginó el movimiento que se ha visto en la calle: "En mi opinión los jubilados han estado con miedo. Con la crisis la gente perdió sus trabajos y muchos tuvieron que ayudar financieramente a sus hijos e hijas. No debemos olvidar que los que hoy tenemos 70 años de jóvenes tuvimos que salir a la calle". Iñaki Elduaien, de la asociación Duintasuna, también opina lo mismo: "Nuestra generación ha luchado de diferentes modos y maneras, somos los mismos que estuvimos en la calle hace 40 años".

pensión mínima para las mayores de 65 años

La Carta Social Europea recomienda que la pensión mínima sea de 1.080 euros, una cifra que están exigiendo las pensionistas. Teniendo como base esa cantidad, la Plataforma Vasca de Pensionistas presentó una iniciativa legislativa en el Parlamento de Gasteiz en 2016. La iniciativa pedía que las pensiones más bajas fueran compensadas con otro tipo de ayudas, hasta llegar a 1.080 euros, pero con los votos en contra del PNV, PSE y PP no se aceptó la propuesta.

Según AJPD, pese a que esa cifra se haya convertido en una reivindicación, ven necesario tener un referente más justo. Joxe Agustín Arrieta, de la asociación de Pensionistas y Jubiladas de Gipuzkoa, habla de dignidad al tratar la pensión mínima: “No sé cuál debería ser, pero debe aumentar; lo que recibimos debe ser decente”. María Luisa Lizartza, de la asociación Duintasuna, tiene claro que las pensiones de menos de mil euros no garantizan la calidad de vida adecuada entre las pensionistas: "Una pensión menor de 1.000 € es pobreza, es necesario establecer un mínimo digno”.

En la actualidad, miles de pensionistas en la Comunidad Autónoma Vasca reciben la Renta de Garantía de Ingresos para mejorar su pensión. De hecho, según datos del Ministerio de Seguridad Social español, el 25% de los pensionistas de la CAV recibió una pensión mínima (637,7 euros) en 2017, el 28% en Navarra. Para completar su propia pensión, muchos de ellos deben usar la RGI. Un ejemplo de eso es que el mayor beneficiario por grupo de edad es el de los mayores de 65 años: son 10.000 personas.

Entre las personas beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de más de 65 años, la mayoría son mujeres, ocho de cada diez. Aquí, las mujeres son las más desfavorecidas también. El número de mujeres que reciben la pensión mínima en el País Vasco es el triple que el de los hombres, y un estudio de UGT de 2017 reveló que la diferencia media de pensiones entre mujeres y hombres en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es de casi el 45%: mientras que los hombres obtuvieron una pensión promedio de 1.518,85 euros, las mujeres recibieron 837,84 euros. Estas remuneraciones, por supuesto, no tienen en cuenta los trabajos realizados dentro de la economía sumergida, el trabajo doméstico y de cuidados, son un reflejo de los problemas que estas han tenido para cotizar en el pasado.

Al hablar de la brecha entre mujeres y hombres, Armando Aulestiarte, de Pentsionistak Lanean (Araba), recuerda la grave situación de las viudas: "La mayoría de las 20.000 pensionistas que reciben RGI son viudas, son las que reciben pensiones más bajas". Nekane Berriotxoa es miembro de Duintasuna y está preocupada por la situación de las viudas, que considera “muy mala”: “Solo le queda el 52% de la pensión de la pareja y la persona que trabajó en el hogar recibe una pensión muy baja. Hay muchas viudas en situación de pobreza”.

Un conflicto ligado a la política

La asociación AJPD considera que, en este momento, el mayor reto del sistema de pensiones es el de ser más justo y sostenible. José Luis Ruiz dice que el problema de las pensiones debe analizarse en un sentido político, no económico: "Dicen que el problema es que el fondo de las pensiones está pagando más de lo que recibe, pero este no es el problema, sino que hay que mirarlo al revés. En primer lugar, debemos establecer qué necesitan las personas mayores para tener una vida decente y después, decidir cómo se debería financiar".

La experta economista Miren Etxezarreta también ubica el problema en términos políticos. Hasta 1995, la caja de pensiones era parte del presupuesto del Estado Español y cambiar eso también fue una decisión política: "Durante varios años también hubo superávits en el fondo de pensiones y con él se financiaron otras áreas. Ahora, cuando la caja tiene un déficit, solo es necesario conciliar las pensiones con los presupuestos del estado; al final, las pensiones es un gasto social". De hecho, todas las inversiones sociales se financian mediante impuestos en el Estado Español, excepto las pensiones.

Frente a esto, en enero el PSOE ha propuesto dos nuevos impuestos. Los socialistas han planteado crear dos impuestos dirigidos a los bancos y las transacciones financieras con el objetivo de financiar las pensiones. Según Miren Etxezarreta, el sistema de pensiones no necesita un nuevo impuesto, bastaría con repartir el dinero de otra forma: "Las pensiones se financian sólo con la contribución de las trabajadoras activas. Esto significa que el resto de las riquezas del Estado, especialmente los beneficios del capital, no ayudan en nada al mantenimiento de las personas mayores. No igualar mediante impuestos lo que falta para pagar las pensiones es una decisión política”. Hay que tener también en cuenta que en el Estado Español lo que más se puede cotizar por salario son 3.751 euros; en el sistema actual quien cobre por encima de esta cifra sólo va a cotizar por esa cantidad.

¿Y si gestionáramos las pensiones en Euskal Herria?

La proclamación a favor del un sistema propio de pensiones en Euskal Herria tiene cada vez más calado entre las pensionistas. "Si esta es la forma de trabajar del gobierno central, Navarra quiere administrar sus pensiones", afirmó la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra Uxue Barkos. También se ha iniciado el debate en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El Estatuto de Gernika de 1979 abarca la competencia de Seguridad Social, pero casi 40 años después, este poder sigue sin transferirse al Gobierno Vasco. Lakua ha declarado múltiples veces la importancia del pleno cumplimiento del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y la transferencia de la Seguridad Social está entre sus prioridades. Aún así, la idea del Gobierno Vasco no es desarrollar un sistema de pensiones propias una vez obtenida la competencia. La Consejera de Empleo María Jesús San José, del PSE, no ha expresado ninguna intención de dividir la caja única de las pensiones. La intención del gobierno de Iñigo Urkullu es lograr esta competencia y “fortalecer” el sistema de España.

El Consejero de Economía y Finanzas, Pedro Azpiazu, considera que si el Estatuto de Gernika establece que la gestión de la Seguridad Social corresponde al Gobierno de Gasteiz, debe cumplirse la transferencia de esta competencia. En su opinión, si el Gobierno pudiera cobrar y pagar pensiones, facilitaría la coordinación con el resto de políticas sociales. "La gestión de la Seguridad Social por nosotros haría que se hicieran mejor las cosas", asegura Azpiazu.

Joxe Agustin Arrieta, de la asociación Gipuzkoako Pentsionistak, sigue la misma línea. Subraya la importancia de una Seguridad gestionada por el Gobierno Vasco y lo compara con la gestión de otras competencias: "Durante los últimos 35 años, en mi opinión el Gobierno Vasco ha gestionado bien las competencias que tiene, mejorando el bienestar de nuestra sociedad. En vez de Madrid, es importante que administremos nuestro dinero a través de nuestros impuestos".

Más allá de eso, hay pocos agentes políticos y sociales que estén a favor del control total de las pensiones. La asociación Duintasuna reclama, por ejemplo, la creación de un sistema propio de pensiones vasco. A la hora de gestionar un sistema de pensiones en Euskal Herria, el objetivo según Iñaki Elduaien es lograr una relación de tú a tú: "El Estatuto de Gernika no garantiza la posibilidad de un fondo de pensiones propio. Es interesante obtener la competencia reconocida por el Estatuto, pero el objetivo final del Gobierno Vasco debería ser obtener la competencia completa".

De hecho, si el control de la caja de cotizaciones y pensiones siguiera en manos del Estado, para muchas la Seguridad Social sería sólo una “ventanilla sin más” –utilizando las palabras del sindicato ELA–. Según una encuesta realizada por el Colegio Vasco de Economistas en 2017, la mayoría de economistas ven “viable” la creación de un sistema propio de pensiones. Eso sí, las organizaciones sindicales han relacionado el sistema propio con el fin de la brecha salarial y el empleo de calidad, que proporcionarían unas pensiones decentes. Mientras no sea así, LAB ha propuesto al Gobierno Vasco la creación de un fondo para compensar las pensiones mínimas.

La AJPD, por su parte, no trabaja por una Seguridad Social en Euskadi que sea independiente de la del Estado Español, sin embargo, sí creen que la gestión económica del estatuto debe transferirse. Según José Luis Ruiz, están a favor de un sistema en el que "contribuyan más personas": "Cuanta más gente participe, estos sistemas de redistribución son más fuertes. Nos gustaría tener un sistema a nivel de Europa, lo que daría la posibilidad de hacer frente mejor a las diferentes situaciones demográficas”.

El mismo sistema, en disputa

El discurso del gobierno de Madrid sitúa el conflicto de las pensiones en el campo económico. Mientras Mariano Rajoy confirma que las pensiones públicas están garantizadas en el Estado español, ha expresado su actitud de fomentar los planes de pensiones privados a la hora de analizar la situación.

Maria Luisa Lizartza, de la asociación Duitasuna, no ve viable la apuesta a favor de los planes privados de pensiones, ya que los salarios de los y las trabajadoras no permiten esto: "¿Cómo van a ahorrar parte de su salario para un plan de pensiones personas si justo llegan a fin de mes? Eso es lo que quieren los bancos, es su negocio". José Luis Ruiz, de la AJPD, reflexiona sobre la naturaleza que deben tener las pensiones privadas: "Lo que reciben las personas deben ser de origen público, digno. En contra de lo que quiere el Gobierno, las pensiones privadas deberían ser un producto marginal entre nosotras".

Según la economista Miren Etxezarreta, la razón para separar las pensiones de otros costes del Estado, es que las entidades financieras tienen interés en los planes de pensiones privados. En el Estado Español se pagan en pensiones alrededor de 110.000 millones euros y según intuye la economista las entidades financieras quieren utilizar esa enorme cantidad de dinero. Aún así, identifica esta estrategia a favor de la privatización de las pensiones más allá de España: "Antes de que llegara la crisis financiera, desde 1994, el Banco Mundial ha estado elaborando documentos en los que recomienda que las pensiones públicas sean menores y la que pueda, que la compense con un plan privado”.

Mientras tanto, las plataformas de jubilados y jubiladas han dicho que seguirán llenando las calles hasta lograr transformar el sistema de pensiones actual. Tienen claro cuál es el objetivo de la lucha: un nuevo sistema de pensiones público, digno y más justo.

Publicado en Argia el 1 de abril de 2018