En respuesta a las presiones de la patronal del campo contra la subida del SMI

En los últimos días se han prodigado las declaraciones de los dirigentes de la CREEX, patronal extremeña, y de algunas organizaciones empresariales agrarias, como APAG Extremadura ASAJA, representativas de los grandes agricultores de Tierra de Barros, en las que de manera atrevida valoran políticamente que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) perjudicará al empleo y al conjunto de la sociedad extremeña con” despidos, ajustes, trabajos en negro, mecanización, etc.”.

En definitiva, la idea que transmiten es bien sencilla: como grupos sociales dominantes, sus intereses particulares son los intereses de toda la sociedad extremeña. La masa salarial que tienen para repartir es única e invariable, y si aumenta el valor de la fuerza de trabajo el reparto será menos extensivo, alcanzará a menos trabajadores/as.

Para nuestro directivos patronales y agrarios el encarecimiento de la mano de obra viene a ser un virus que solo trae consecuencias negativas y perjudiciales para la industria, los servicios y la agricultura; es la clave que envenena a los múltiples componentes que influyen en la producción y venta de bienes y servicios.

Para la CREEX y APAG nada puede compensar las subidas salariales a que dará lugar el incremento del SMI

Las valoraciones públicas que realizan son amenazantes para el conjunto de la sociedad, son conservadoras y egoístas considerando de manera muy explícita que las cosas deben hacerse al modo Rajoy: si hay que subir el SMI, que sea una subida ridícula, mínima, lo más pequeña posible. Así, no se toca el régimen de producción, ni el nivel de ganancias, y lo que es más importante, no se inducen expectativas reales de reivindicaciones en la población trabajadora.

Para la CREEX y APAG nada puede compensar las subidas salariales a que dará lugar el incremento del SMI, ni la posible mejora en la venta de bienes y servicios al aumentar la capacidad de compra de las familias trabajadoras, ni el recurso a la tecnología que mejore la productividad, ni las exenciones fiscales, ni los muchos millones que reciben de la Unión Europea, ni los muchos millones que la Junta de Extremadura dedica en sus presupuestos para ayudas y subvenciones con destino a la modernización agraria, a la mejora de las producciones, a las ayudas complementarias al pago de la seguridad social, a las subvenciones a las contrataciones indefinidas o las exenciones fiscales, a la internacionalización empresarial y a las exportaciones, etc.

Podemos entender que este espíritu de disconformidad y protesta que manifiestan públicamente es un aviso del posicionamiento que van a tener en las negociaciones de los convenios colectivos laborales, y sobre todo en la próxima negociación del convenio provincial del campo. Nos dan a entender que ni mucho menos renunciarán a una fracción de los beneficios empresariales y rentas de capital que atesoran sus bolsillos, y se negarán a contribuir a engordar la masa salarial con el fin de mejorar y ampliar el número de rentas del trabajo y, por ende, el bienestar social.

El paso de los años no consigue acabar con los muchos destellos de una memoria feudal-aristocrática arraigada en lo más profundo de la ideología de ciertos grupos sociales

En definitiva, el paso de los años no consigue acabar con los muchos destellos de una memoria feudal-aristocrática arraigada en lo más profundo de la ideología de ciertos grupos sociales que todavía consideran que el salario es una asistencia al necesitado, y que a los de “escalas sociales” más bajas se les puede satisfacer con un trozo de pan, tocino y morcilla.

El ideario político de la beneficencia sigue siendo un punto del programa estratégico que direcciona los comportamientos de algunos empresarios industriales y agrícolas, y con frecuencia, también se manifiesta en ciertos políticos de gobiernos municipales extremeños, que siguen manteniendo que con la división de un jornal, aunque sea en partes muy pequeñas, pueden comer dos o tres familias, y que de este modo todos pueden sobrevivir.

Los datos del estado de la pobreza en Extremadura nos indican que el 45 % de la población se encuentra en circunstancias próximas a la exclusión social, estado de cosas que básicamente se derivan del elevado paro y de la precariedad laboral. Sin duda, estos datos son un reflejo de las políticas que los gobiernos regionales y centrales han aplicado y aplican en nuestro territorio, pero también evidencian la escasa responsabilidad con la que los grandes patronos empresariales y agrícolas contribuyen al desarrollo económico y social de Extremadura.

¿Por qué opinan ahora que habrá menos creación de empleo que antes de la subida del SMI? ¿Por qué nos dicen que la sociedad extremeña saldrá perjudicada? Los directivos de la CREEX y de APAG conocían la situación de paro y exclusión social que existía antes del nuevo SMI y, que sepamos, aparte de la retórica propagandística en la firma de protocolos con la Junta de Extremadura y con CCOO y UGT, que entran al juego de estos grupos patronales, no tomaron medidas para combatir ese estado de cosas, por lo que poca influencia debe tener la subida del SMI en la modificación de los comportamientos inversores y de empleabilidad de nuestros patrones y empresas. A no ser que de repente a nuestros patrones les haya entrado una fiebre inversora que pueda ser entorpecida por el hecho que comentamos.

El nuevo SMI obligará a que en todos los sectores productivos suban los jornales de los trabajadores y trabajadoras, que desde el 1 de enero deberán adaptarse al SMI

Sin duda, el nuevo SMI obligará a que en todos los sectores productivos suban los jornales de los trabajadores y trabajadoras, que desde el 1 de enero deberán adaptarse al SMI. En el caso concreto del campo, el convenio agrícola debe negociarse de manera urgente. No obstante, los jornales de los trabajadores/as del campo, fijos y eventuales, deben modificarse y adaptarse de manera inmediata al incremento producido puesto que en la mayoría de las categorías profesionales están por debajo del SMI. En cuadro adjunto hacemos propuesta sobre salarios para el convenio agrícola que se han estado discutiendo en asambleas de trabajadores y trabajadoras en la zona de Tierra de Barros.

Los presupuestos regionales para el año 2019 destinan partidas importantes para financiar las actividades agrícolas, destacando sobre todas ellas las que van con los fondos procedentes de la Unión Europea, PAC, con casi 600 millones de euros. La distribución de la PAC debe centrarse en el desarrollo del mundo rural y en el apoyo a los productores agrícolas que realmente trabajan la tierra.

Desde diferentes movimientos sociales y partidos políticos se está trabajando para que la distribución de estos fondos procedentes de Europa responda con justicia a los intereses de la sociedad extremeña; es necesario un reparto más equitativo de esta partida para que los beneficios no vayan específicamente a los grandes productores agrícolas, dejando de lado a los pequeños agricultores y el desarrollo del mundo rural.

La política de la Unión Europea con la distribución de los fondos de la PAC tiene como objetivo acelerar la modernización y la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas agrícolas y expulsar de sus tierras a los pequeños agricultores. Resulta lamentable que las organizaciones agrarias asuman como preocupación central las subidas salariales que benefician a los jornaleros/as agrícolas, y no valoren el enorme despoblamiento y abandono del mundo rural.
No tengo dudas de que las declaraciones de los patronos de la CREEX y APAG Extremadura ASAJA lo que pretenden es recordar al gobierno regional la importancia y la influencia que tienen en la economía extremeña, y en la política regional.

Desde ciertos sectores sociales se echa en falta un debate serio sobre los regadíos en Tierra de Barros

En este orden de cosas, además del toque de atención que están haciendo para la negociación de los convenios colectivos, hay que considerar la cerrazón política del presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara y de su Consejera de Hacienda. La Consejera de Hacienda, como responsable de la elaboración de los presupuestos regionales, está muy equivocada o distraída en otras cuestiones si considera que destinando en los presupuestos regionales partidas de 500.000 euros para financiar las actividades sindicales de las organizaciones agrarias o entregando cientos de miles de euros a los patronos de la CREEX, va a garantizarse el apoyo político y a la vez frenar las presiones y comportamientos críticos para con el gobierno del PSOE.

Los dirigentes políticos regionales del PSOE aún no han tomado nota de lo que supuso la cesión a las presiones de los grandes agricultores cuando se cargaron el rebusco, perjudicando a miles de familias que encontraban en esta actividad un aliciente para aliviar sus escaseces y dificultades económicas. Además, desde ciertos sectores sociales se echa en falta un debate serio sobre los regadíos en Tierra de Barros.

En este sentido, próximamente se intensificará la discusión entre el PP y el PSOE, con tintes totalmente electoralistas; ambos querrán poner de manifiesto cuál de ellos está haciendo más porque los regadíos lleguen a Tierra de Barros. La polémica ocultará un debate y un análisis serio sobre la influencia que estas inversiones pueden tener en la realidad extremeña, ventajas, inconvenientes, costes económicos y sociales, etc.

En las próximas semanas las presiones políticas, desde sectores empresariales ligados al PP, crecerán exponencialmente para que se acelere la llegada de los regadíos en Tierra de Barros.
Los informes técnicos y financieros que se conocen ponen de relieve que dichos regadíos son una misión casi imposible por motivos derivados de las carencias de agua y el coste económico para superar las alturas naturales que impone el terreno, y además, según lo que conocemos, la distribución de estos cultivos beneficiará a un número muy pequeño de grandes agricultores a costa del dinero público, que una vez más servirá para provecho de una minoría privilegiada situada en el escalafón superior de la sociedad.