Acuerdos de Paz de La Habana
“El presidente colombiano no tiene voluntad política de cumplir los Acuerdos de Paz”

Gladys Rojas, secretaria de la corporación Sembrar, y Pablo de Jesús Santiago, síndico de la Federación Agrominera del sur de Bolívar, denuncian el incumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana.

Gladys Rojas y Pablo Santiago Quintana
Gladys Rojas y Pablo Santiago Quintana, activistas colombianos Álvaro Minguito

Paz con Dignidad


publicado
2019-06-17 06:11

En estos días están de gira por Europa Gladys Rojas, secretaria de la corporación Sembrar, y Pablo de Jesús Santiago, síndico de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar —Fedeagromisbol—. Su objetivo es dar a conocer las causas que están impidiendo la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y la grave crisis de vulneración de los derechos humanos que vive el país.

Aprovechando su paso por Madrid, compartieron un tiempo con Paz con Dignidad, donde aprovechamos para hacerles una entrevista.

La Comunidad internacional y los movimientos sociales de solidaridad están preocupados por la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Gladys Rojas: Colombia vive en los últimos años una carrera de obstáculos. Se dio el proceso de Paz en la Habana y desde las comunidades se vio de forma dispar. En aquellas con más presencia de las FARC-EP fue más intenso que en el resto, pero fue un momento muy importante para todas las comunidades del país.
Desde dichas comunidades veíamos con esperanza, tanto la implementación de los acuerdos, como las negociaciones con el ELN, porque se creaba una oportunidad para solucionar el conflicto político, social y armado que se vive en Colombia. Pero hay dos momentos en los que se visualiza la precariedad de la situación: en 2016 con la pérdida del Plebiscito que refrendaría el acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP y cuando se rompe el diálogo con el ELN.

Con posterioridad hemos podido constatar cómo el presidente colombiano, Iván Duque, no tiene voluntad política de cumplir los Acuerdos. Ejemplo de ello son las dificultades para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, la falta de recursos para atajar los cultivos ilícitos y la falta de apoyo a la Unidad de Búsqueda o a la Comisión de la Verdad. Todas estas decisiones dejan a las organizaciones sociales en un punto cero para solucionar el problema que se vive en Colombia.

Pablo de Jesús Santiago: Los sectores campesinos ven el conflicto de cerca. El acuerdo con las FARC-EP fue muy importante, pero siguen teniendo muchas dudas, pues la historia nos recuerda que el gobierno no cumple y, si eso sigue así, puede incrementarse el conflicto. Los guerrilleros desmovilizados están acostumbrados a la guerra y fue duro prepararse para la vida civil y si no les cumplen pueden verse tentados a volver a las armas. El asesinato y la impunidad son cosa diaria en el país y así, desde 2012 hasta la fecha, llevamos 732 muertos de líderes y lideresas sociales y a otros se les persigue y criminaliza. Así mismo, 103 desmovilizados han sido asesinados y se estigmatiza a los movimientos sociales. Esta situación pone en crisis el Acuerdo de Paz y lo encamina a su defunción.

Para nosotros Iván Duque es un juguete del expresidente Álvaro Uribe y al romper las negociaciones con el ELN e intensificar el enfrentamiento, pone en peligro al movimiento campesino pues éste está en el medio de ambos bandos.

¿Ha habido algún tipo de avances en la implementación de los Acuerdos de Paz?
G.R.:
No, los sectores populares de Colombia vemos estancado el proceso. Los excombatientes están abandonados en las zonas donde están concentrados, varios han sido asesinados y otros salen de las áreas para buscarse la vida. No hay una política clara y alternativa para erradicar los cultivos ilícitos y sólo se ofrecen fumigaciones, erradicación forzada y represión.

Todo ello está llevando a una gran preocupación en la comunidad internacional y ya se han sucedido encuentros entre la Unión Europea y los movimientos sociales. En ellos, los responsables de la UE nos transmiten que el gobierno no atiende sus recomendaciones. Por otra parte, EE UU exige resultados frente a los cultivos ilícitos y pide aumentar la represión y militarización.

Gladys Rojas Secretaria General de la Corporación Sembrar Colombia
Gladys Rojas es parte del equipo de la Corporación Sembrar, una agrupación de Derechos Humanos con un cuarto de siglo de trayectoria en Colombia. Álvaro Minguito

P.J.S: El expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, tuvo voluntad de negociación, pero Iván Duque no.
Por otra parte, hay ejes del Acuerdo que no se negociaron bien. Por ejemplo, con los cultivos ilícitos: se dan algunas ayudas a comunidades que eran base de apoyo a las FARC-EP y se dejan fuera a otras, con lo que se generan suspicacias y tensiones y conlleva que en algunas zonas se vuelva a la siembra de coca para ser susceptible de recibir ayudas. La falta de voluntad política con el Acuerdo lleva a casos como el de Jesús Santrich, excomandante guerrillero y persona clave en la firma de los Acuerdos de Paz, al que el Gobierno colombiano, bajo presiones de EE UU, pretendía no acatar la orden de liberarlo emitida por la JEP. Situaciones como esta interpelan a las bases de la guerrilla para volver a la montaña.

¿Qué pasó para que se perdiera el plebiscito?
P.J.S:
Creemos que Santos no calibró bien y se confió. Uribe hizo una gran campaña en contra y muchas comunidades estaban desorientadas. No se socializó lo que se estaba jugando el país en La Habana. Muchas comunidades no tuvieron información y quedaron a merced de la propaganda uribista. Jugaron con la mentira y el miedo. A muchas comunidades se les bombardeó con la idea de que el Acuerdo llevaba a que Colombia se convertiría en otra Venezuela y que se iba a entregar mucho dinero a la guerrilla.

G.R.: Hasta hay quien dice que el expresidente Santos no fue honesto con las FARC-EP y que ayudó a debilitar los acuerdos. Todo el mundo pensaba que el plebiscito no era necesario, entonces, ¿por qué se hizo? A Juan Manuel Santos le costó la Presidencia y constituyó un golpe muy fuerte para el movimiento social.

“A las organizaciones sociales en Colombia se nos judicializa y se nos empuja a salir del territorio”

Mucha gente pensaba que con la firma del Acuerdo de Paz se iba a normalizar la vida de las organizaciones sociales. Sin embargo, desde 2016 hemos visto un repunte de la criminalización y una limitación de las libertades. Iván Duque dice que esto es mentira, ¿qué opináis?
G.R.: Se esperaba que se rebajara el conflicto y ello iba a permitir construir los Planes de Vida en las comunidades. El exterminio de líderes es histórico en Colombia, pero creíamos que se iba a generar un espacio más tranquilo con la firma de los Acuerdos de Paz y sin embargo se ha disparado el asesinato y la criminalización de las luchas sociales. Quien se atreve a decir la verdad en Colombia es asesinado o judicializado. Pareciera que la situación en Colombia sigue igual.

Se ha hablado mucho en estos meses del aumento de la tensión entre dos países hermanos como Colombia y Venezuela a raíz de la situación interna en este último. ¿Cómo lo viven los sectores populares colombianos?
P.J.S.:
Los campesinos tienen poco acceso a la comunicación y en amplias zonas rurales esta tiene poco impacto, pero es verdad que esto salía todos los días en los medios de comunicación y, sobre todo en las ciudades, estaba en la agenda diaria. Se transmitía miedo y personas con gran arrastre público, tanto nacional como internacional, llamaban a movilizarse contra el “diablo” venezolano. Al pueblo colombiano se le hizo creer que si no se paraba al gobierno de Venezuela nos venía la guerra, la devastación y que la salida de venezolanos era síntoma de ello y que nosotros no podíamos convertirnos en una segunda Venezuela o Cuba.

G.R.: Quedó clara la incoherencia del Gobierno: por una parte, practica la falta de derechos en Colombia, pero exige que se cumplan en Venezuela. Se apunta hacia Venezuela lo que no se está cumpliendo en Colombia. La situación de Venezuela ayudó y mucho para tapar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia. Las mismas organizaciones internacionales que señalaban a Venezuela, cerraban los ojos con lo que ocurría en Colombia.

 Pablo Santiago Quintana, de Fedeagromisbol, Colombia
Pablo Santiago Quintana, lider comunitario de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, en Colombia. Álvaro Minguito

Ustedes trabajan en el sur de Bolívar, ¿qué características tiene esta zona?:
P.J.S.:
El Sur de Bolívar queda en el corazón de la Costa, límite entre los departamentos de Magdalena y Cesar y bañado por los ríos Cesar y Cauca. Es un pulmón, rico en biodiversidad, agua y minería. Hay una disputa entre las multinacionales que han entrado o quieren entrar, como la AngloGold Ashanti o las que implementan las plantaciones de palma africana, y los campesinos que luchan por quedarse en el territorio. Las grandes corporaciones presionan porque se expropie al campesinado y se acorrale al ganadero para que esas tierras se dediquen a la plantación de la palma africana. Frente a ellos el movimiento social defiende la vida en su territorio.

¿Cuál es la situación en el sur de Bolívar?
P.J.S.:
Hay un conflicto intenso: Por una parte, está la guerrilla del ELN y, por otra, los grupos paramilitares y el ejército. Unos nos acusan de trabajar para la guerrilla y los otros de colaborar con el ejército. En estos momentos hay un gran incremento de efectivos de la Fuerza pública. Es una disputa por el control del territorio donde el campesinado se encuentra en medio. El Estado está ausente en cuanto a servicios y solo ofrece control y represión.

¿Cómo les afecta el incremento de la violencia sobre los defensores y las defensoras de derechos humanos?
P.J.S.:
La Fuerza pública acusa a los movimientos sociales de ser base social del ELN y les judicializa. Si bien el nivel de asesinatos es inferior a otras zonas del país, sí se han intensificado los niveles de persecución y estigmatización de las organizaciones sociales y el presidente, Iván Duque, ha informado de la próxima construcción de una base permanente de 4.000 hombres en Micoahumado, según él para “controlar al ELN”, pero nosotros nos tememos que aumentarán las violaciones a los derechos humanos y se incrementará la inseguridad del campesinado al verse en medio de la confrontación. El Gobierno solo llega con soluciones militares.

G.R.: Las políticas del presidente, Iván Duque, son continuidad de las del Gobierno de Álvaro Uribe y así ha diseñado zonas especiales en diferentes zonas del país, entre ellas el sur de Bolívar, en las cuales el control es militar y las autoridades civiles están supeditadas al escalafón militar. Son los soldados los que realizan labores civiles con el ánimo de congraciarse con la población, generar temor y buscar información. Los soldados pasan a hacer las carreteras. Hay menos actuaciones de las autoridades civiles y más actividades llevadas a cabo por militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, al mando del Brigadier Jairo Leguizamón.

P.J.S: Para el ejército las organizaciones sociales constituimos redes de apoyo al terrorismo y así estamos estigmatizados y cada poblador es sospechoso y puede ser detenido en cualquier momento. A las organizaciones sociales se nos judicializa y se nos empuja a salir del territorio y para ello no se tramitan los expedientes para legalizar la pequeña minería de oro y no se implementan las medidas adecuadas para dar una alternativa a los cultivos ilícitos. Le pedimos al Gobierno garantías para permanecer en el territorio pero ignora nuestras solicitudes.

En este contexto desarrollamos nuestro trabajo la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, creada en 1995 y compuesta por pequeños mineros, campesinos y pescadores. Nuestro eje central es el derecho al territorio y el derecho a la vida. Extraemos el oro en pequeña cantidad, producimos ganadería y agricultura. Hacemos una labor política y social y pertenecemos al Coordinador Nacional Agrario y al Congreso de los Pueblos.

Por último, ¿qué le piden al Gobierno español, a los partidos políticos, a la Unión Europea y a la ciudadanía en general?
P.J.S.:
Valoramos mucho el acompañamiento físico, económico y social a los campesinos. Recibimos poco apoyo por parte de nuestro gobierno y agradecemos el de la Cooperación Internacional. Es un llamado a no bajar la guardia y no pensar como dice el gobierno que estamos en el posconflicto.

G.R.: Se necesita mucha presión internacional para salvaguardar los Acuerdos de Paz y abrir la Mesa de negociación con el ELN. Hay que restablecer la confianza entre las partes para volver a negociar y ello será en beneficio de las comunidades. No podremos avanzar en la Paz si la Comunidad Internacional no presiona al gobierno de Iván Duque para que respete los Acuerdos y los derechos humanos. Hay que darle una esperanza a la paz.

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