Acuerdos comerciales
El ‘no’ del Parlamento Europeo al acuerdo con Trump abre una fisura inédita en Europa

Los jefes de Estado europeos deben decidir si siguen adelante con el acuerdo comercial con Estados Unidos después de que el Parlamento rechazase aprobar un mandato para buscar dicho acuerdo.

Trump Tusk y Juncker
Trump con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el 25 de mayo de 2017. Foto: WhiteHouse
18 mar 2019 05:48

Nunca había pasado antes. El 14 de marzo, el pleno del Parlamento Europeo aprobaba por estrecho margen una enmienda que rechazaba las directrices para la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos. Aprobada la enmienda 27, los partidos mayoritarios en la Eurocámara tiraron por la borda el conjunto del acuerdo. El resultado final —223 votos en contra y 198 a favor— puso en evidencia el desbarajuste que este segundo TTIP —después de que encallase el segundo acuerdo comercial— está causando en el interior de los partidos mayoritarios en Europa, tanto los socialdemócratas, que votaron a favor de la enmienda 27, como algunos de los integrantes del PPE, en el caso de los Republicanos franceses.

En una semana plena de incertidumbres, coronada por las incógnitas cada vez mayores acerca del Brexit, el Consejo Europeo tiene en su mano decidir si acepta el mandato del Parlamento o si se salta a la cámara deliberativa —y electa— de la Unión para mantener la agenda y reabrir las negociaciones comerciales con el Gobierno Trump.

La votación del jueves pasado supone que no hay ni rechazo ni respaldo a estas negociaciones, que comenzaron por el empeño personal de la comisión, a través de su presidente, Jean Claude Juncker y de la comisaria Cecilia Mälmstron y por la presión del Gobierno y la industria alemana. Tampoco hay, y este es el elemento clave, un mandato parlamentario para iniciar las conversaciones. Esta semana, la reunión del jueves 21 y el viernes 22 de marzo del Consejo Europeo, puede suponer el cierre de las negociaciones, aunque la decisión puede tomarse en cualquier consejo de ministros de la UE.

El Consejo Europeo —integrado por los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 países de la UE— tiene capacidad para desoír al Parlamento, y a una sociedad que de forma multitudinaria se ha opuesto a los acuerdos comerciales desde el comienzo de las negociaciones del TTIP en 2003, ya que la decisión de la eurocámara no es vinculante.

A través de un tuit, después de la votación, Mälmstron abrió la puerta a nuevos intentos de reflotar el acuerdo: “Tomo nota de la votación en el Parlamento Europeo sobre el borrador. Trabajaremos con el Consejo en cuanto lleven esto adelante. Los eurodiputados plantearon importantes inquietudes en el debate. Continuaremos involucrando al PE durante todo el proceso”.

Límite 2019

La llegada de Trump a la Casa Blanca coincidió con el definitivo carpetazo del TTIP, rechazado de forma contundente por las sociedades europeas. El presidente estadounidense ha denunciado en varias ocasiones el desequilibrio de la balanza comercial hacia Europa —que exporta más al otro lado del Atlántico de lo que importa— y, asesorado por la nueva derecha de Steve Bannon y Peter Navarro —clave en este campo—, se estrenó una retórica nueva en la fluidísima relación entre su país y Europa occidental que se inició a partir del año 44. Aunque la salida de Bannon del círculo del presidente, y la realidad del escenario internacional, templó la eurofobia del presidente, la negociación de un nuevo acuerdo comenzó con “una pistola en la cabeza”, según la opinión de Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y de la bancada socialdemócrata.

La pistola son las dos principales amenazas sobre el sector automovilístico: el aumento de los aranceles y la imposición de “cuotas”. Desde el inicio de su campaña comercial, la Unión Europea y en concreto los grandes exportadores de automóviles —Alemania y a distancia sideral España y República Checa— temen que el Gobierno estadounidense imponga una tarifa del 25% sobre las exportaciones. También recelan que Trump quiera imponer las cuotas que Canadá y México ya aceptaron en el Nafta 2.0 —llamado oficialmente USMCA—, por la que una proporción del conjunto del automóvil tiene que haber sido producida en Estados Unidos, de forma que, según los expertos, se rompería la “cadena de valor” que convierte en más competitiva a la industria alemana.

Hay otros sectores muy preocupados por cómo las decisiones de Trump están afectando a su sector. Es el caso de las asociaciones españolas de aceitunas de mesa, en shock desde que sus productos afrontan unos aranceles del 34,75% en el mercado estadounidense, lo que, calculan, ha supuesto una pérdida de 70 millones en los primeros meses con la tarifa en vigor.

Con esas dos amenazas, y conscientes de que el caso “aceitunas negras” se puede extender a otros sectores, Mälmstom y Juncker optaron por acelerar el acuerdo comercial, abriendo el semáforo para el biodiésel de soja en las autopistas europeas, una medida necesaria para que EE UU absorbiese el golpe dado por China tras la imposición de aranceles al acero y el aluminio. Asegurando también que Europa puede adquirir todo el gas licuado extraído mediante técnicas de fracking en los campos estadounidenses. La Comisión es consciente de que es el momento de aumentar el volumen de ofertas, ya que los analistas descartan que el acuerdo se pueda aprobar en 2020, año electoral en Estados Unidos.

El acuerdo de París, clave

El interés de Juncker y Mälmstron por resucitar el acuerdo comercial ha chocado frontalmente con la publicidad política enarbolada solo un año antes por la Comisión. La comisaria aseguró entonces que la UE no firmará ningún acuerdo con países que no hayan ratificado el Acuerdo del Clima de París. Pese a que la UE está llegando tarde a la lucha contra el cambio climático, en el marco del nuevo acuerdo varios países se han mostrado preocupados por el impacto respecto al calentamiento global. La presión de la opinión pública llevó a principios de mes a las delegaciones de Francia, España y Luxemburgo a solicitar “coherencia” respecto a las obligaciones derivadas del acuerdo de la COP21 y a los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

“El Consejo Europeo debe tener la capacidad de suspender los acuerdos en caso de importantes y repetidas violaciones de estas obligaciones”, explican las delegaciones de estos tres países, en lo que parece un avance de la posición que sus Gobiernos tomarán en el Consejo de esta semana y en el desenlace del acuerdo. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya se ha mostrado reacio a avanzar en un acuerdo comercial antes de las elecciones europeas de mayo, temeroso del efecto que pueda tener en su electorado, en un país en el que el trabajo agrícola aun tiene un peso específico en la creación de opinión. Por su parte, Pedro Sánchez ha visto a su grupo votaba a favor de la enmienda que tumbó en el Parlamento el mandato comercial y cómo su ministra de Transición Ecológica apoyaba, mediante carta, las reivindicaciones ecologistas contra el tratado.

Macron y Sánchez apuntan como los dos principales defensores de la decisión del Parlamento de no autorizar el comienzo de negociaciones frente a una Merkel en su último año de Gobierno que defenderá, previsiblemente, los intereses de la automoción alemana. La presión sobre los mandatarios marca un giro en los acontecimientos dibujados en la sesión del pasado 14 de marzo en Bruselas. Hasta ahora, el Consejo se ha mostrado inflexible en la política de “negocios como siempre” y no ha habido fisuras respecto a las negociaciones comerciales. La novedad es que, hasta el jueves, tampoco en el Parlamento Europeo se había roto el entendimiento entre los principales partidos para seguir adelante con todos los controvertidos acuerdos comerciales.

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