Vivienda, pobreza y burocracia

El objetivo de Stop Desahucios al nacer era hacer frente a las estafas hipotecarias, pero desde 2015 empezaron a llegar casos —hasta entonces en manos de los servicios sociales— de personas en riesgo de exclusión o en proceso de marginalización que tenían viviendas en alquiler social que pertenecían a la Junta. Cuando en mayo de 2012 se produjo el pacto de Gobierno autonómico entre PSOE e IU, las competencias de vivienda recayeron en el segundo. En ese momento había muchas viviendas de protección oficial vacías así que, desde la Consejería de Vivienda, IU optó por destinar muchas de ellas al alquiler social.

Con esa práctica se creó una dinámica de desigualdad. En el bloque Casería de Aguirre 36, en el barrio de Almanjáyar, en Granada, convivían familias que pagaban entre 300 y 400 euros por un piso de protección oficial y otras familias que desembolsaban cerca de 50 euros en régimen de alquiler social, una diferencia muy grande entre pisos similares.

La protección oficial era para quienes podían pagar una vivienda y que, al mismo tiempo, no podían acceder a los precios del mercado inmobiliario. Pero, al agudizarse la crisis, quienes pagaban 400 euros por su vivienda dejaron de poder permitírselo. Si bien al principio partían de situaciones distintas, después de años de crisis casi todos estaban en la misma situación. De esta forma, muchos solicitaron entrar también en un régimen de alquiler social, un cambio que no se llegó a producir.

En Casería de Aguirre se produjo un pacto implícito: no pagar hasta que se renovaran los contratos a su favor. Y fue entonces cuando empezaron a llegar las notificaciones de desahucio. En ese momento, muchas de estas personas acudieron a Stop Desahu­cios pensando que se podría estar produciendo algún tipo de fraude: de repente, a algunas familias que tenían alquiler social las estaban pasando ahora a protección oficial. La Junta estaba haciendo el camino a la inversa para igualarlos al alza.

En Casería de Aguirre se produjo un pacto implícito: no pagar hasta que se renueven los contratos a su favor

En este bloque de Granada con 138 viviendas de protección oficial y alquiler social todos tienen el mismo problema. Las primeras personas que se vieron en situación de desahucio fueron las de protección oficial que no podían hacer frente a los pagos, pero luego también hubo problemas con las que tenían alquiler social. Estas últimas no llegaban a ver el dinero de las subvenciones porque, al ser ingresado, automáticamente se lo retiraban como pago por el alquiler. Sin embargo, se les acusaba de no pagar el alquiler social, justificando así el de­sahucio, pese a que el pago ya no dependía de ellas y Hacienda confirmaba que el dinero de las subvenciones entraba y al momento se retiraba.

trabas y papeleo. Desde Stop De­sahucios denuncian que las familias con más dificultades para acceder a una vivienda son las que deben enfrentarse a mayores trabas burocráticas. Estas familias deben ir de institución en institución para recabar papeles y, si caducan, tienen que empezar desde el principio.

Es el caso de Nati, vecina de Casería de Aguirre, a la que intentaron desahuciar de su casa el 21 de junio. Se encontró con su desahucio suspendido, pero el caso no está archivado ni regularizada su situación. El alquiler estaba a nombre de su pareja, pero estuvo viviendo allí todo el tiempo y figura en los papeles de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por participar en los trabajos de pintura del edificio dentro de un programa que permitía conmutar el pago del alquiler por trabajos comunitarios. Sin embargo, AVRA asegura que Nati no figura formalmente en el contrato y no reconoce que haya vivido en la vivienda durante el tiempo previo, sino desde que su expareja cambió de domicilio.

Todas las familias de este bloque tienen problemas, pero muchos no actúan hasta que les llega la notificación de desahucio. Stop Desahucios organizó una asamblea en el patio trasero del bloque. Allí comprobaron las dificultades para generar solidaridad entre los vecinos. Según explican, a quienes tienen alquiler social con dos años por delante y una situación tan precaria no se les puede decir que renuncien a algunos años de alquiler social para ponerse a luchar con los demás.