Tribuna
Un tratado para globalizar la justicia

“Sólo pedimos justicia” es una de las frases que se repite en las manifestaciones en solidaridad con las comunidades afectadas por el crimen cometido en la Amazonía Ecuatoriana por la empresa Chevron-Texaco.
Los hechos son ya bien conocidos. La transnacional dejó unas 500.000 hectáreas contaminadas por la actividad que desarrolló en el Ecuador entre 1964 y 1992. Las prácticas utilizadas para la extracción de petróleo provocaron la deforestación y la contaminación masiva de las aguas con sustancias tóxicas y metales pesados.

Este ecocidio perpetrado durante décadas de manera deliberada tuvo como consecuencia, además de la destrucción de la selva, el aumento exponencial de los casos de cáncer y enfermedades relacionadas con la contaminación, malnutrición, desplazamientos forzosos y otras muchas. Ni la vida de la selva ni la vida de las comunidades podrá nunca ser la misma. Chevron-Texaco acabó con ella.

Las comunidades afectadas no se rindieron y plantaron batalla jurídica para defender su vida y para defender la selva. Una lucha jurídica que llevan sosteniendo desde hace más de 25 años. En 1993 más de 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana presentaron una demanda contra la empresa en el Estado de Nueva York; es decir, ante el sistema judicial norteamericano. Y desde entonces se han enfrentado a innumerables obstáculos para acceder a la justicia.

Con sus enormes recursos económicos, el equipo de abogados de Chevron ha utilizado estrategias de litigio para impedir el acceso a la justicia, que fueron dilatando y dificultando el proceso. Por otro lado, durante muchos años existió una clara connivencia entre la petrolera y los gobiernos ecuatorianos del momento, que firmaron diversos acuerdos para descargar de responsabilidades a la empresa. Además, la complicidad de estos gobiernos se plasmó en la firma en 1993 y la ratificación en 1997 del acuerdo sobre Promoción y Protección Reciproca de Inversiones, que ha permitido a la transnacional demandar al Estado ante un tribunal de arbitraje de inversiones y obtener un laudo favorable, lo cual constituye el ejemplo perfecto de asalto a la democracia e impunidad corporativa.

Entrevista al abogado ecuatoriano Pablo Fajardo

Yago A.

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Multinacionales

Entrevista al abogado ecuatoriano Pablo Fajardo

Yago A.

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Durante los últimos 23 años, el abogado ha encabezado la lucha jurídica contra la multinacional norteamericana Chevron, causante de un desastre ecológico que sigue cobrándose vidas hoy en día en Ecuador. 

Pero no adelantemos acontecimientos. Es importante resaltar que desde que decidieron demandar a la empresa, las organizaciones de afectados no han dejado de luchar, tanto por la vía jurídica como a través de una incansable batalla mediática, de movilización, de sensibilización y de creación de redes transnacionales de solidaridad.

En el plano jurídico, tras nueve años de litigios ante el sistema judicial de Estados Unidos, sede de la matriz, finalmente el caso se radicó en Ecuador y, en el año 2011, la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) logró que Chevron fuera condenada a pagar una enorme cantidad que acabó concretándose, a lo largo del proceso judicial, en 9.500 millones de dólares. Sin embargo, para entonces Chevron ya había repatriado todos los bienes y activos que tenía en Ecuador, imposibilitando su ejecución y, por tanto, la reparación del daño que había causado.

La batalla jurídica para conseguir la ejecución de la sentencia se redobló y paso a librarse no solo en Ecuador, sino también en los tribunales de Estados Unidos, Canadá, Brasil o Argentina. Inasequibles al desaliento, los abogados de la UDAPT, como Pablo Fajardo, saben que se enfrentan a un gigante económico que ha gastado más de 2.000 millones de dólares en su defensa, con 60 bufetes de abogados en distintos países.

Pero no han sido todo derrotas, al contrario. El proceso ante la justicia ecuatoriana ha demostrado que es posible condenar a una transnacional tan poderosa como Chevron por la violación de los derechos humanos y de la naturaleza. El punto final al proceso comenzado en 2011 llegó cuando en julio de 2018 la UDAPT obtuvo una nueva victoria contra el instrumental jurídico desplegado por Chevron-Texaco. Al fin, la Corte Constitucional de  Ecuador rechazó la acción de protección interpuesta por la transnacional, ratificando las sentencias dictadas en su contra por las distintas instancias del poder judicial ecuatoriano y afirmando así la culpabilidad de Chevron.

Sin embargo, la venganza de Chevron no se ha hecho esperar: mientras las afectadas se esforzaban en demandar a la empresa utilizando los recursos disponibles para el acceso a la justicia (el poder judicial), la transnacional ha hecho uso de los privilegios que le concede el acuerdo de inversiones que ya hemos mencionado.

Tras tres demandas de Chevron al amparo de este tratado, el 30 de agosto de 2018 un tribunal internacional de arbitraje dictó un laudo a favor de la empresa transnacional. En un fallo que representa un ataque directo al estado de derecho, los árbitros afirman que Ecuador, en concreto su poder judicial, violó diversas obligaciones derivadas del acuerdo de inversión. En opinión de los árbitros, la sentencia dictada contra la petrolera en 2011, que la condenó a indemnizar a las comunidades afectadas por los crímenes cometidos contra los derechos humanos y de la naturaleza, fue obtenida a través del fraude, el soborno y la corrupción de los jueces ecuatorianos. Con este argumento, que pasa por alto la realidad del crimen corporativo cuyas consecuencias aún sufren las comunidades de la Amazonía, los árbitros han tejido un manto de impunidad a la medida de la petrolera. Han permitido, no sólo que la transnacional incumpla la sentencia y no indemnice a las miles de víctimas sino que, además, obtenga previsiblemente una enorme cantidad de los fondos públicos ecuatorianos en concepto de compensación.

Chevron-Texaco no sólo se enriqueció con la violación consciente de los derechos humanos, sino que permanece impune por los crímenes cometidos

Lo ha expuesto convincentemente el profesor Antonio Pigrau: "Estamos ante un caso que caracteriza el modo de operar de las empresas transnacionales y, muy particularmente, de las extractivas". Con un capital superior al PIB del Ecuador, Chevron-Texaco no sólo se enriqueció con la violación consciente de los derechos humanos, sino que permanece impune por los crímenes cometidos. La estrategia de la empresa ya no consiste únicamente en intentar influir en el poder judicial sino, por si esto fallara, en estar preparada para saltar por encima de los jueces. Para ello puede recurrir a los tratados bilaterales de protección de inversiones y a los tribunales de resolución de controversias inversor-estado.

Además, el caso de la transnacional petrolera demuestra como el velo corporativo logra mantener la responsabilidad jurídica alejada del lugar donde está el capital. En efecto, en este caso uno de los grandes obstáculos ha sido la incapacidad para ejecutar la sentencia de manera efectiva, es decir, conseguir que la compañía pague la indemnización impuesta. De hecho, cuando los demandantes consiguieron una serie de pronunciamientos favorables en Argentina contra Chevron para proceder a esta incautación, la Corte Suprema de este país revocó las sentencias afirmando que Chevron Corporation es una persona jurídica diferente de Chevron Argentina por lo que esta última no tenía la obligación de efectuar el pago.

Los abogados de Chevron ya habían amenazado con un litigio eterno que acabase la esperanza y con los recursos de las comunidades “vamos a pelear hasta que el infierno se enfríe” advertía uno de ellos durante el juicio en Canadá. Sin embargo, las comunidades no se han rendido, al contrario. Han tomado conciencia de que no sólo está en juego la reparación del crimen del que ellos han sido víctimas, sino que se han convertido en el reflejo de una lucha global. Una pugna por acabar con la arquitectura de la impunidad que se extiende hasta el punto de hacer peligrar los derechos humanos en el conjunto del planeta.

En los últimos años hemos presenciado como las décadas de lucha desde las comunidades y la sociedad civil han calado en instituciones como las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Derechos Humanos aprobó en 2014 la Resolución 26/9, a través de la cual se creó un grupo de trabajo con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. Aunque los países que son sede de empresas transnacionales -con Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea (UE) a la cabeza- intentaron, e intentan, bloquear el proceso, la resolución fue aprobada con el apoyo de los países en desarrollo que sufren principalmente las consecuencias de la arquitectura de la impunidad.

El tratado contra la impunidad de las multinacionales avanza

Erika González Gorka Martija

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El tratado contra la impunidad de las multinacionales avanza

Erika González ,  Gorka Martija

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Representantes de decenas de países y organizaciones sociales se han reunido en Ginebra para avanzar en la elaboración de un tratado vinculante para las multinacionales y la violación de derechos humanos. Las grandes potencias siguen poniendo trabas a este tratado

A lo largo de los últimos años, en las cuatro sesiones de negociación del conocido ya como Binding Treaty en Naciones Unidas, la representación del Consejo de la Unión Europea no ha escondido su rechazo frontal al instrumento vinculante. Sin embargo, mientras la UE daba la espalda a la elaboración de una norma fundamental para la protección de los derechos humanos, el Parlamento Europeo se ha posicionado a favor de este instrumento. En efecto, el pasado 4 de octubre el pleno del Parlamento aprobó una resolución que apoya rotundamente el proceso y que exige que la representación enviada a la negociación por la EU (que depende del Servicio de Acción Exterior) respalde el proceso y aporte elementos para aumentar el alcance y ambición del Binding Treaty. Una vez más, la compleja arquitectura jurídico-institucional de la UE permite que en las decisiones fundamentales la voz del Parlamento sea ignorada. Así, en una exhibición de disfunción de la democracia, sólo dos semanas después de la aprobación de esa resolución, la representación enviada desde Bruselas volvió a presentarse en la sesión anual del grupo de trabajo, hablando en boca del conjunto de Estados miembros, con la clara intención de obstaculizar el proceso. Frente a esta realidad, la representación del Estado español mantuvo un silencio vergonzante.

La exigencia de justicia que gritan las comunidades afectadas por el crimen de Chevron-Texaco resuena en las voces de los pueblos de todo el mundo

La exigencia de justicia que gritan las comunidades afectadas por el crimen de Chevron-Texaco resuena en las voces de los pueblos de todo el mundo. Los crímenes corporativos, la impunidad, el sufrimiento de las víctimas es bien conocido pero los gobiernos, particularmente los de la UE, siguen contribuyendo a afianzar el sistema que permite que las transnacionales utilicen las violaciones de derechos humanos para aumentar su tasa de beneficio, de manera impune y con un traje de derechos hecho a medida a través de los tratados de comercio e inversión.

El Binding Treaty no es solo posible, es necesario y cada uno de los gobiernos de la UE debe explicar por qué sitúan los derechos de las transnacionales por encima de los derechos humanos oponiéndose a un proceso como el que se lleva a cabo en Ginebra, que está respaldado por miles de organizaciones sociales. En concreto, el Gobierno español del Partido Socialista nos debería explicar por qué mantuvo una postura idéntica al Gobierno de Rajoy, a pesar de los reiterados llamamientos pidiéndole un giro. El cambio se demuestra andando y de momento parecen ir en sentido contrario al de la defensa de los derechos humanos.

Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales

Yago A.

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Multinacionales

Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales

Yago A.

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Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos.