El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a indemnizar a Igor Portu y Mattin Sarasola con 20.000 y 30.000 euros respectivamente por el “tratamiento inhumano y degradante” que sufrieron durante su detención, en enero de 2008. La sentencia contempla también dos votos particulares en los que señalan que las agresiones sufridas por Portu y Sarasola fueron torturas.
Portu y Sarasola fueron detenidos el 6 de enero en Mondragón por actividades relacionadas con ETA, entre ellas el atentado en la Terminal 4 en Barajas, que supuso la muerte de dos personas.
Según explica la sentencia, Portu denunció cómo, tras su detención en Mondragón, le llevaron detenido, esposado a la espalda, por un camino hasta llegar a la orilla de un río, donde le patearon, le dieron un puñetazo en el estómago y le golpearon por debajo de la octava costilla. Tras eso, le metieron la cabeza en el agua varias veces. De vuelta en el coche le afirmaron que esto eran solo los primeros veinte minutos y que tenían cinco días más para hacer lo que quisieran con él, tras lo cual siguieron dándole patadas en piernas y costillas y puñetazos en la cara y el tronco.
A Sarasola le pusieron una pistola en la sien y le amenazaron con hacerle “lo mismo que a M.Z.”, en referencia a Mikel Zabalza, asesinado por la Guardia Civil en 1985. Las agresiones a ambos continuaron en el trayecto y tras su llegada a Madrid.
En diciembre de 2010, la Audiencia Nacional condenó a cuatro de los 15 guardias civiles imputados por las torturas a Portu y Sarasola a penas de entre dos y cuatro años y medio.
Sin embargo, un año después, en noviembre de 2011, el Tribunal Supremo rechazó la sentencia de la Audiencia Nacional y absolvió a los cuatro guardia civiles. La sentencia del Supremo no daba por válidos los hechos probados, afirmando que no se habían acreditado torturas lo suficiente para “desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia”. Portu y Sarasola recurrieron el Tribunal Constitucional, pero el alto tribunal rechazo el recurso, tras lo cual, en 2015, acudieron a la justicia europea.
Esta no es la primera sentencia europea que acusa a la justicia española por no investigar los casos de tortura. En 2014, el mismo tribunal condenó a España a indemnizar a Beatriz Etxebarría, también condenada por acciones relacionadas con ETA, con 29.000 euros por no investigar las torturas y agresiones sexuales que sufrió durante su detención. Ese mismo año, el Tribunal Europeo condenó hasta cuatro veces a España por violaciones de derechos humanos: dos casos relacionados con la no investigación de torturas, en otros por no cumplir la política de derecho al asilo y el último caso por las inmatriculaciones eclesiásticas.
En 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó la octava condena a España por la no investigación de torturas en el caso de Xabier Beortegi Martinez, vecino de Errotxapea (Pamplona) detenido por la Guardia Civil en enero de 2011 por su presunta vinculación con Ekin.
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