Sanidad pública
Los hospitales extremeños cuentan con 276 camas menos desde 2010

Las personas afectadas por el COVID-19 no paran de crecer. Paralelamente a ello, la Sanidad Pública española -y, por ende, el Servicio Extremeño de Salud- se resiente. La escasez de materiales, herramientas, personal y recursos, parecen ser denuncias generalizadas por parte de los y las profesionales sanitarias. La realidad es que, desde 2011, el porcentaje de inversión en la Sanidad Pública ha ido disminuyendo año a año, mientras que la sanidad privada -desde 2007 hasta 2014- ha visto incrementado desde entonces el gasto sanitario prácticamente sin interrupción, según los informes del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. El propio Ministerio de Sanidad reconoció, en 2018, que en el período 2010-2014 el gasto público se redujo en 8.161 millones de euros mientras que, paralelamente, la sanidad privada creció en casi 4000 millones de euros. El gasto en personal sanitario sufrió un recorte de 3.450 millones desde 2009.

Esta precarización del sector se hace extensiva a nuestra región, donde hace escasos días conocíamos la protesta por parte del personal del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia por la falta de los equipos de protección individual en medio de la pandemia del Coronavirus, así como de sus homólogos del Hospital de Mérida, quienes preparaban mascarillas caseras con sets de quirófanos reutilizados debido a la escasez de las mismas.

El propio Ministerio de Sanidad reconoció, en 2018, que en el período 2010-2014 el gasto público se redujo en 8.161 millones de euros mientras que, paralelamente, la sanidad privada creció en casi 4000 millones de euros

Quejas acuciadas por la crisis sanitaria que asola medio mundo, pero en absoluto demandas novedosas. Hace un año, la Plataforma Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva anunció movilizaciones ante la Presidencia de la Junta de Extremadura para exigir que se pusiera fin a “la lamentable situación de nuestros pacientes por falta de medios humanos y materiales”, tal y como alegaban en un comunicado fechado en julio de 2019. FACUA Extremadura criticó, en octubre del mismo año, que la Consejería de Sanidad no diera respuesta a la problemática de la falta de médicos y médicas en las distintas especialidades del hospital.

Trabajadores y trabajadoras sanitarios y personal de administración y servicios del Complejo Hospitalario de Cáceres, en noviembre de ese mismo año, se concentraron a las puertas del Hospital Universitario y del San Pedro de Alcántara para protestar, de nuevo, por sus duras condiciones laborales y por la escasez de personal para cubrir las diferentes especialidades profesionales. En enero de 2020, el personal sanitario del hospital de Zafra se manifestó a las puertas del centro para denunciar el desmantelamiento de los servicios de cirugía y traumatología y el traslado de otros servicios de salud. Hace menos de un mes, frente a la gerencia del área de salud de Cáceres, medio millar de personas convocadas por agrupaciones vecinales de la ciudad, pero también de Plasencia y Talayuela, clamaban por una sanidad digna y pedían que se adoptaran “todas las medidas necesarias para poner fin a la cascada de deficiencias”, según su propio manifiesto. Disconformidades, en suma, que ponen de manifiesto la sangría de lo público en tiempos de crisis gestionadas desde prismas neoliberales.

Desde 2009 hasta a 2014 la Junta de Extremadura redujo las partidas a la sanidad hasta en casi 400 millones de euros. 2019 terminó en cifras similares a las de los presupuestos de hace una década.

Y es que la evolución anual del presupuesto inicial para la sanidad de Extremadura en los últimos diez años ha sufrido muchos altibajos. Desde 2009 hasta a 2014 la Junta de Extremadura redujo las partidas a la sanidad hasta en casi 400 millones de euros. 2019 terminó en cifras similares a las de los presupuestos de hace una década. Si lo cuantificamos en camas, ahora que la emergencia sanitaria por el Coronavirus pone de relieve su necesidad, en 2010 la región contaba con 4.147 camas disponibles en los hospitales extremeños. Ocho años después, las camas se reducían casi tres centenares.

Aunque Extremadura tenga un sistema sanitario complejo -al contrario que en otros lugares, nuestra región no cuenta con grandes hospitales sino que distribuye los servicios de salud en pequeños complejos hospitalarios dispersos geográficamente para atender al mayor número de personas en los territorios- las quejas fundamentales coinciden con las del resto del Estado: cierre de servicios por falta de especialistas, reducción de las percepciones de los y las profesionales sanitarios, saturación de unidades, listas de espera, inversiones insuficientes, falta de personal, carencias de recursos materiales, etc. Puestas todas, de relieve, en plena crisis por el COVID-19.