Las comarcas granadinas que se interponen en los planes energéticos de la UE

La geopolítica energética de la Unión Europea estaba perfectamente planeada, pero sus impulsores no contaban con una aldea gala —es un decir, hablamos de tierras granadinas y, más que una aldea, son comarcas enteras— que se plantase y trastocase sus planes. 

El proyecto de la discordia se llama Eje Eléctrico Sur y pretende conectar mediante alta tensión Benahadoux (Almería) con El Fargue (en las afueras de Granada ciudad) bordeando Sierra Nevada por el sur y el oeste. Aunque, en realidad, hay que englobarlo en los planes de interconexión eléctrica europea y está recogido en Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 del Ministerio para la Transición Ecológica. Como remarca Alma Moreno, de la plataforma Alpujarra No a las Torres, “esto viene de un plan para transportar electricidad de Marruecos —país que importa el 17% de sus necesidades eléctricas de España— a Francia, y vicecersa”, no es una iniciativa para mejorar la infraestructura eléctrica de estos territorios, según denuncian los grupos opositores al proyecto. 

Hablamos de 182 kilómetros de línea eléctrica de 220 kilovoltios (kV) —“ampliable a 400 kV”, remarca Moreno, con lo que ya entra en la llamada Muy Alta Tensión (MAT)— que incluyen los tramos El Fargue-Saleres, la subestación de Saleres, dos conexiones de la misma con las líneas Gabias-Órgiva y Berja-Órgiva —todos ellos en la provincia de Granada— y un tramo de línea entre Saleres y Benahadux (Almería). Así lo especifica el promotor del proyecto, Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico responsable del suministro eléctrico en el país cuyo 80% del accionariado está en manos privadas. 

Tres meses en guerra

La resistencia comenzó hace tres meses en el Valle de Lecrín, una zona situada entre otras dos protegidas, el Parque Nacional de Sierra Nevada y el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. “El 11 de octubre Red Eléctrica firmó un acuerdo con la Diputación de Granada y los ocho ayuntamientos del valle, llamado Lecrín Nova, por el que REE se comprometía a entregar 700.000 euros para promover ‘desarrollo sostenible’, ‘empleo rural’ y cuestiones derivadas con la mujer rural. Como ya había en el valle rumores sobre este proyecto, esto vino a confirmarlo”, explica Rosemary Vargas, portavoz de la plataforma Di No a las Torres. “A partir de ese momento intentamos ver la manera de organizarnos, porque esto nadie en el valle lo sabía”.

Desde esta plataforma señalan que la zona “sigue siendo, a pesar de su intacta belleza natural, un corredor no protegido entre los dos parques naturales que sí lo están, y como tal se convierte en la ruta que necesita REE para transportar electricidad desde Almería”. Hablan de un tendido con torres de hasta 80 metros de altura, “por encima de los molinos de viento que alcanzan los 64 metros”, con bases de hasta 250 metros cuadrados, infraestructuras no permitidas en parque naturales.

“Los turistas vienen para experimentar la belleza de un espacio rural en equilibrio con la naturaleza, no un paisaje industrial de grandes líneas y torres eléctricas”

Los impactos de esta ‘autovía eléctrica’ están claros. El colectivo habla de que el proyecto “acabará con la belleza natural del valle, cortándolo por la mitad, con líneas eléctricas y torres de alta tensión que arruinarán su paisaje y afectarán a su flora y fauna para siempre”.

En unas comarcas que viven en gran parte del turismo, y que además optan a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco en la candidatura de los Paisajes del Olivar, este tema no es baladí. “Los turistas vienen para experimentar la belleza de un espacio rural en equilibrio con la naturaleza, no un paisaje industrial de grandes líneas y torres eléctricas”, señalan desde Di No a las Torres. Como remarca Vargas, “los efectos en esta industria serán devastadores”.

Lo mismo ocurre en la Alpujarra, donde la plataforma que representa Vargas tiene apenas tres semanas de vida, aunque ya está coordinada con su hermana de Lecrín. “El turismo es la mayor fuente de riqueza de la zona”, señala Moreno, “imagínate que el turismo rural tiene en su vista una torre de 60 metros de altura”.

Las organizaciones contrarias apuntan, además, otros impactos. “Afecta gravemente a la flora, la fauna (como los rapaces de la zona), salud (contaminación electromagnética), agricultura y economía. Va a depreciar significativamente el patrimonio de los vecinos del Valle”, remarcan desde el colectivo lecrinense.

Paquete de alegaciones

La oposición no ha quedado en pancartas. El 5 de febrero la llamada Coordinadora, que aglutina toda la oposición en la zona de Lecrín, a la que se han sumado empresarios, organizaciones y la propia plataforma, presentaba en la delegación de Granada de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía un paquete de alegaciones contra el proyecto de REE.

Braulio Estévez, técnico medioambiental de la Cooperativa Agroecológica Hortigas, integrada en la plataforma Di No a las Torres, señalaba a los medios en la puerta de la Delegación: “Alegamos porque creemos que el proceso es nulo de pleno derecho, porque no ha habido un acceso en materia de medio ambiente de participación ciudadana, con lo cual conculca el convenio de Aarhus y su transposición a las leyes tanto españolas como europeas”. Asimismo, Estévez recalcaba que, en la alegaciones “se vinculan los catálogos españoles y andaluces de especies amenazadas, el convenio Ramsar, los distintos programas de Medio Ambiente, los planes directores de la Comunidad Europea, de la propia Junta de Andalucía y de la Diputación de Granada, además de distintas leyes y decretos estatales y europeos de Medio Ambiente”.

Los empresarios también se han plantado. “El objetivo es parar esta barbaridad de proyecto que nos quieren hacer, porque no tiene sentido que llevamos años recibiendo ayudas de la Comunidad Europea para promocionar el turismo y promocionar a los empresarios de la zona, a través de los grupos de desarrollo, y ahora llegue un proyecto de este tipo que se lo va a cargar todo”, indicaba en la Delegación Roque López, de la asociación de empresarios de turismo del Valle de Lecrín, otro de los grupos que ha presentado alegaciones.

Seis de los ocho ayuntamiento del valle —Padul, Dúrcal, Albuñuelas, El Pinar, Lecrín y Villamena— también se han adherido a las alegaciones, plante que han cerrado otras organizaciones que también han firmado los escritos. Es el caso de la Comunidad de Regantes de Monteverde, Ecologistas en Acción, la Hermandad de las Ánimas de Cónchar o los hoteles Señorío de Nevada y Juan Valiente Hoteles.

“El turismo es la mayor fuente de riqueza de la zona, imagínate que el turismo rural tiene en su vista una torre de 60 metros de altura”

Por su parte, Red Eléctrica, que podría recibir aún más alegaciones al proyecto, ya que el plazo para realizarlas finaliza el 7 de marzo, se defiende. “El trazado actual es la mejor propuesta desde el punto de vista ambiental y social, después de haber estudiado hasta 60 alternativas diferentes”, apuntaban el 31 de enero mediante un comunicado, añadiendo que “la experiencia de Red Eléctrica constata que el refuerzo de las redes eléctricas y de telecomunicaciones supone un impulso al progreso de este territorio”.

Habrá que esperar al dictamen de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para ver si la Autorización Ambiental Unificada de la ‘autopista eléctrica’ pasa el corte. Independientemente de ello, los grupos contrarios al proyecto no cierran puertas al diálogo. “Estamos dispuestos a trabajar con los ayuntamientos y las partes implicadas para buscar soluciones alternativas en línea con las necesidades nacionales y europeas”, expone Vargas. “No tratamos de negar el progreso”, añade Moreno desde las Alpujarras, aunque, a título personal, señala: “Son ellos los que tienen que dar alternativas, pero entre Granada y Almería hay una autovía abierta. La alternativa que veo es que hay una A-92 donde ya está todo roto, ahí se soterra y ya está”.