Privatizaciones
Ayuntamiento de Mérida, S.A.

Desde que el 13 de junio de 2015 el socialista Antonio Rodríguez Osuna fue proclamado alcalde de Mérida, ha encomendado a manos privadas diferentes actividades de la ciudad. 

KIOSCOS DE LA PLAZA DE ESPAÑA

La renovación de la licencias de los tradicionales kioscos de la Plaza de España ha sido una de las actuaciones más polémicas. Esta licitación se realizó a través de un concurso en junio de 2016 para seleccionar una propuesta que pueda garantizar la viabilidad comercial de los futuros kioscos y al ganador del concurso se le encargará la redacción del proyecto de ejecución de la obra con un importe de 25.000 euros más 5.250 por IVA.

Y posteriormente, en octubre, se publicó la licitación para el uso privativo de los cuatro kioscos para la construcción por los adjudicatarios y su posterior explotación por un plazo de concesión de 20 años.

Esta obra, que no estaba recogida en el programa electoral del PSOE, se ha realizado sin ninguna consulta o participación ciudadana, tomándose la decisión de forma unilateral por el equipo de gobierno en la Junta de Gobierno Local, obviando toda posibilidad debate.

LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LOS KIOSCOS SE PAGAN CON DINERO PÚBLICO

Según el pliego que rige la licitación, el concesionario ha de asumir la obra de remodelación, que asciende a 181.500 euros por kiosco, y además han de pagar un canon mínimo anual individual por kiosco de 12.979,76 euros durante los 20 años que lo gestionan (canon que después fue mejorado en la concesión definitiva). Esta cuantía no incluye la concesión demanial de los 25 veladores y los toldos, los cuales deben pagar las tasas correspondientes, aparte de los impuestos que conlleva la actividad.

Sin embargo, en el mismo pliego se afirma que “el importe del proyecto de ejecución de las obras se amortizará linealmente durante el periodo de la concesión y se deducirá del canon anual a abonar por el concesionario”. Es decir, al final las obras de remodelación de los kioscos se pagan con dinero público al descontarse este coste del canon que han de pagar los adjudicatarios al ayuntamiento.

Por otro lado, la reforma de los kioscos y su nueva gestión generó una oposición de parte de la población y del resto de partidos políticos, se entregaron varios miles de firmas de rechazo y se convocó una concentración de protesta.

Según IU Mérida, era necesaria una reforma de los kioscos para mejorar la calidad del servicio que ofrecían, así como adecuar sus instalaciones a la legislación vigente, pero la remodelación integral era excesiva, desproporcionada y cara. A su vez, desde este partido consideran que el coste de la obra es tan elevado que excluye a personas interesadas en la gestión de los kioscos.

De hecho, las familias que gestionaban los kioscos no pudieron participar en esta licitación al no poder asumir la ingente inversión que se exigía y no se les facilitó ninguna fórmula para poder seguir con el negocio.

Por su parte, Podemos Mérida recalcó la ruptura de la estética de la plaza con los establecimientos o el incumplimiento de los plazos de la obra. El Partido Popular destacó que toda la oposición estaba en contra de la forma en la que el equipo de Gobierno ha tramitado esta reforma e incluso fue criticada esa remodelación por el socio de gobierno, SIEx.

Mercado municipal

Tras la última reforma del Mercado de Calatrava, realizada en 1983, el edificio entró en un estado de deterioro y abandono, que conllevó que la ocupación de los puestos apenas rondase el 30%. Entre las diferentes Administraciones Públicas existe consenso en la necesidad de una remodelación y revitalización de este espacio.

En este sentido, en la Junta de Gobierno Municipal celebrada el 23 de agosto de 2010 se aprobó el Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura para la financiación de la redacción del proyecto de reforma del Mercado de Abastos de Calatrava y se aceptó la subvención concedida por la Consejería por importe máximo de 154.047,35 euros (corresponde al 75% del coste total financiable), para la redacción del proyecto de reforma del Mercado de Calatrava.

Una vez realizado el concurso sobre el estudio de viabilidad para el contrato de obra pública, proyecto de ejecución, concesión y explotación de las obras de remodelación del mercado municipal de Calatrava, el proyecto ganador concluyó que el coste de la obra de rehabilitación asciende a 5.595.737 euros. No llegó a conseguirse financiación para asumir este coste, por lo que se abandonó la idea de rehabilitar el mercado.

Siete años después se retomó la cuestión y mediante una resolución del 26 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento aprobó el expediente de contratación para la concesión de obras públicas para la redacción del proyecto de reforma del Mercado de Calatrava y la explotación de la obra pública. Sin embargo, ahora la idea es distinta, se pretende que la obra se lleve a cabo con un particular y a cambio se le cede la gestión del mercado (posteriormente se volvió a sacar un nuevo anuncio de licitación debido al cambio del valor estimado del contrato). Y si en 2010 se valoró que la reforma de rehabilitación ascendía a cerca de seis millones de euros, ahora los técnicos municipales rebajan la cifra a 3.000.000 euros, con el objetivo de facilitar la gestión privada.

Por tanto, se abandona la vía de intentar obtener recursos públicos para la reforma del mercado tal y como se realizó con otros mercados municipales en Extremadura, por ejemplo el de Cáceres se rehabilitó con fondos de la Junta (965.250 euros) o el de Almendralejo (3,2 millones de euros de los fondos Feder).

LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL MERCADO SE PAGA CON DINERO PÚBLICO

Al igual que sucedió con las reformas de los Kioscos de la Plaza España, el concesionario ha de pagar la obra de rehabilitación, pero después se le descuenta del canon a pagar al ayuntamiento, con lo cual se abona con dinero público: el concesionario viene obligado a satisfacer al Ayuntamiento un canon anual a partir del cuarto año inclusive de concesión, siendo, por tanto, los tres primeros años de carencia. A partir del cuarto año el canon será de 84.552,01 euros y a partir del sexto, se actualizará conforme al IPC, pudiendo los licitadores ofertar un alza sobre el canon.

En el estudio de viabilidad, los técnicos municipales aconsejaban establecer una correlación entre el pago del canon con el beneficio que se obtiene por los adjudicatarios. Sin embargo, esta recomendación no se refleja en los pliegos.

La duración de la concesión es de 40 años y el concesionario se retribuirá de los ingresos procedente de la explotación. Se estima que el concurso se resolverá en este mes de febrero y el presidente de la mesa de contratación es Juan Espino.

A los costes citados hay que añadir las indemnizaciones a pagar a las personas titulares de los puestos que quedaban antes de clausurar el mercado; el alcalde señaló que ya se ha llegado a un acuerdo con 12 de los 14 tenderos que desarrollaban su actividad en el mercado (a los 11 primeros se les han abonado indemnizaciones por valor de 207.339 euros en total) y con el resto se está negociando.

Desde Izquierda Unida apuestan por acudir a la financiación de la remodelación del mercado por parte de otras administraciones y mantener la gestión municipal de ese espacio, como instrumento de fomento del pequeño comercio, y ordenación del sector comercial en el centro de la ciudad. Asimismo, consideran que la medida tomada por el equipo de gobierno presupone la viabilidad económica del mismo, por lo que su privatización implica la renuncia a que los beneficios que pudieran obtenerse tras su remodelación recaigan en las arcas municipales.

En Podemos Mérida también se oponen a su privatización y argumentan que las razones dada por el grupo socialista de infrautilización de los puestos, degradación de las instalaciones, condiciones higiénico-sanitarias deficientes, escasa venta al público y, sobretodo, deficitario para la hacienda local, se deben al abandono que ha tenido el mercado por parte de los diferentes gobiernos de la ciudad, y la falta de cuidado sobre su patrimonio. Sigue diciendo esta formación que además, si realmente es un servicio deficitario como anuncian, las empresas privadas que buscan su propio beneficio no se embarcarían en este proyecto.

Incluso el ex alcalde socialista, Antonio Vélez, opina que se pretende tomar el camino más fácil para la Administración, la privatización, ese modelo tan habitual, ahora, de solventar las incompetencias o la carencia de ideas para enriquecer, al final, a unos pocos a costa del patrimonio de todos.

Recogida de ropa usada

En junio de 2016, el Ayuntamiento de Mérida convocó la licitación para instalar en la ciudad 40 contenedores para la recogida selectiva de ropa usada así como la retirada y gestión del material recogido, por un periodo de cuatro años y un canon a satisfacer de una cantidad mínima de 500 euros por contenedor y año. Tras la tramitación y resolución del correspondiente procedimiento se adjudicó a la empresa East West Productos Textiles S.L. por un canon de 917 euros más 192,57 de IVA por contenedor y año.

Contrasta la opción del ayuntamiento de Mérida con la gestión de otros municipios que han optado por no derivar la gestión de la ropa usada hacia empresas que hacen negocio con la ropa sino apostar por la rentabilidad social y económica en el propio municipio, bien a través de convenios con organizaciones sociales (Cáritas, Cruz Roja o similares) o bien mediante empresas de economía social que generen puestos de trabajo en el municipio, y en ambos casos con posibilidad de vender la ropa a precios simbólicos o muy asequibles a las personas que lo necesitan del municipio.

Consorcio Monumental

El Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, integrado entre otros por el Ayuntamiento de Mérida, fue criticado tanto por los representantes sindicales de CSIF y CC OO como por IU Mérida por privatizar los programas Mecenas y Eméritos del Patrimonio, de los servicios de limpieza, vigilancia y taquilla, así como las visitas a los monumentos, además por la falta de transparencia y opacidad del proceso de algunas de estas adjudicaciones.

En octubre de 2017 se hizo pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del “Servicio de vigilancia, taquilla y limpieza de centros gestionados por el Consorcio de la Ciudad Monumental, años 2018 y 2019”, por un plazo de duración de dos años con un presupuesto de licitación de 217.800 euros.

Programa de Rehabilitación Laboral

El Programa de Rehabilitación Laboral (PRL) es un recurso destinado a ofrecer apoyo a las personas con enfermedad mental a lo largo de todo el proceso de la inserción sociolaboral. Financiado por el SEPAD, pertenece a la Red de Recursos de Salud Mental y es un programa de día que funciona de forma gratuita.

En abril de 2017 se publicó la licitación de la externalización para realizar el servicio de dirección y coordinación del programa de rehabilitación laboral del Ayuntamiento de Mérida, que ascendiende al importe a 60.000 euros.

El grupo municipal del PP de Mérida manifestó que el PSOE utiliza las privatizaciones cuando gobierna, y las ataca cuando está en la oposición. Además, según el PP, el PRL se ha venido gestionando desde su puesta en marcha en el año 2008 por personal del Ayuntamiento.

Al final, se declaró desierto este concurso porque la única oferta que se presentó no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

Piscinas municipales

Durante el anterior gobierno municipal popular, en mayo de 2012, el grupo local del PSOE afirmaba: “Queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a las últimas informaciones aparecidas en donde se informa de la privatización de todas las piscinas municipales públicas de la ciudad de Mérida”. “Así mismo, desde el Grupo Municipal Socialista queremos denunciar que el gobierno de Pedro Acedo vuelve a favorecer el negocio redondo para las empresas ‘amigas’, ya que no debemos olvidar que será el propio Ayuntamiento, es decir, todos los emeritenses, quién se hará cargo de los suministros energéticos y otros necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, y también será el Ayuntamiento quién aportará el personal de mantenimiento, así como trabajadores de limpieza y otros servicios”.

Sin embargo, en el primer año de legislatura que el gobierno de Osuna ha de hacer frente a la gestión de las piscinas municipales, concretamente el 11 de mayo de 2016, el ayuntamiento optó por la privatización de la gestión de las piscinas municipales, por un importe de 53.000 euros. Tras la tramitación del correspondiente expediente, se declaró desierto el concurso por falta de licitadores, con lo que se vio obligado el Ayuntamiento a gestionarlo de manera directa, excepto la explotación de los bares y barras de las piscinas.

Ya para el verano siguiente (junio de 2017), tras el fracaso del concurso desierto anterior, se licitó esta vez la vigilancia y seguridad de las piscinas municipales mediante el procedimiento negociado sin publicidad, por un presupuesto total de 33.105,60 euros, siendo adjudicada finalmente por un total de 32.774,55 euros a la única empresa que presentó oferta de las tres invitadas a participar en el procedimiento de licitación.

Izquierda Unida-Mérida mostró ya en 2016 su rechazo a la decisión del gobierno de Osuna de privatizar la gestión de las piscinas municipales

Plaza de toros

El 16 de febrero de 2016, IU Mérida presentó alegaciones al convenio urbanístico celebrado entre el Ayuntamiento y los propietarios de la plaza de toros, por incluir según esa fuerza política prestaciones ajenas a la regulación legal y favorecer injustificadamente a sus propietarios. A juicio de esta formación política, se trata de un convenio que no era oportuno ni necesario, que solo servía para dar cobertura a la necesidad de un empresario privado de llevar a cabo una obra con el objeto de mejorar las oportunidades de negocio de la plaza de toros y, por tanto, de sus propietarios.

En cambio, desde el Ayuntamiento de Mérida respondieron que el convenio respetaba la legalidad vigente y los informes técnicos, y negaron que se favoreciese al empresario.

Stone Music

En el año 2016 se celebró en Mérida la primera edición del Stone Music, cuyo organizador y promotor es la mercantil “Progevents”. Aunque es un evento y un negocio privado, en los presupuestos generales de Extremadura de 2017 aparecía una partida de 100.000 euros destinada a este festival, y posteriormente en octubre del mismo año, se llevó a cabo una modificación presupuestaria de 40.000 euros para la divulgación de dicho festival, justificándolo en la necesidad de un acontecimiento de tan alto nivel que lo hace un referente cultural europeo, que repercute de forma muy importante en Extremadura.

En la ley de presupuestos de 2018 vuelve a aparecer una partida, en el apartado Secretaria General de Cultura, de 100.000 euros destinada a “Ayuntamiento de Mérida, festival de Música”, que para hacerse una idea de la cantidad equivale a la mitad de las ayudas destinadas a todas la compañías profesionales de teatro, música y danza para la realización de actuaciones (200.000 euros) o más del doble de lo destinado a las escuelas municipales de música de nuestra Comunidad Autónoma (44.000 euros).

Por otro lado, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida anunció recientemente la intención de rebajar un 25% las tasas de uso del teatro romano para conciertos y espectáculos (gran parte de estos conciertos se celebran en dicho teatro) y también ha sido polémico el tema de la autorización de conciertos en un monumento patrimonio de la Humanidad.

La empresa que gestiona el Stone & Music Festival de Mérida, Progevents, es la misma que durante el año 2017 resultó adjudicataria mediante contratos menores de 'La gran orquesta' para la caseta municipal de la feria, el concierto del día del orgullo LGTBI o del alquiler, montaje y desmontaje de las casetas de la XXXVI Feria del Libro. Asimismo, es la que se va a encargar de gestionar el próximo festival Extremúsika en la ciudad de Cáceres.

Para Izquierda Unida la dotación de dinero público a favor de la empresa que organiza el Stone Music Festival carece de sentido, ya que se trata de una iniciativa privada que resulta rentable por sí misma y beneficia directamente a una única empresa, además del pago por parte del Ayuntamiento de Mérida de gastos asociados a la organización de estos conciertos. Por otro lado, a juicio de este partido, la propuesta del alcalde para la disminución de las tarifas a pagar por la utilización del Teatro Romano tiene como propósito poner a disposición de los promotores del citado festival los recursos públicos, esta vez a través de la disminución en su recaudación.

Silo

En el año 2014, el Gobierno central a través del Fondo Español de Garantía Agraria recuperó la titularidad de 17 silos en Extremadura que desde hace 15 años estaban en propiedad del Gobierno autonómico, pero que en su mayoría habían ido perdiendo progresivamente su actividad.

Posteriormente, en noviembre de 2016, el mencionado fondo convocó una subasta pública para enajenar el silo de Mérida, con un valor de tasación 1.029.449,00 euros, pero que al quedar las sucesivas subastas desiertas se bajó hasta el valor de 708.775,64 euros y aún así de momento no hay nadie interesado en adquirir el silo.

Ante esta venta de patrimonio público se han realizado diferentes propuestas o ideas por parte de colectivos emeritenses, como por ejemplo destinar el edificio al prometido Museo Visigodo. En otros municipios los silos no se han vendido y se han destinado a usos públicos, como por ejemplo a Espacios de Creación Joven (Coria, Jerez), Contenedor de Arte (Olivenza)...

En ese sentido, en los Presupuestos Generales del Estado se prevé una partida destinada a la nueva sede del Museo Visigodo de Mérida por un importe total de 601.000 euros. Es decir, si se cediese el silo de Mérida como sede del Museo, aparte de por la extensión del silo puede albergar la sede de otros organismos públicos que ahora están en alquiler, se produciría un ahorro para las arcas públicas y se podría tener con mayor celeridad Mérida un museo visigodo en condiciones.

Retransmisión por televisión de plenos y eventos del Ayuntamiento

Recientemente, se acaba de convocar la licitación de la realización del servicio de captación, realización audiovisual, grabación, emisión y retransmisión por televisión de los plenos ordinarios y extraordinarios que se celebren anualmente, así como mínimo de cinco eventos organizados por el Ayuntamiento. Este servicio pasaría a gestionarse de forma privada, con un contrato de 47.590 euros euros (IVA excluido) mediante el procedimiento negociado sin publicidad, con una duración de dos años.

Carnavales

Tanto en 2016 como en 2017 y 2018, el Ayuntamiento privatizó la gestión del concurso de chirigotas y comparsas de los carnavales de Mérida. Los ingresos que obtiene el organizador adjudicatario según los pliegos administrativos corresponde a la venta de las entradas que se estima en el año 2016 en 28.000 euros y en el año 2017 en 29.752,07 euros.

Azucarera

Por la importancia de este proyecto y sus repercusiones, lo trataremos en este medio con más profundidad en otro artículo.

Remunicipalización

Aparte de las licitaciones efectuadas en lo que se lleva de legislatura, también va finalizando algunas de las concesiones. Ante esto, los grupos municipales de IU y Podemos han apostado por la recuperación de los servicios privatizados. Sin embargo, esta posibilidad se vio cercenada con motivo de la renovación por un año del contrato del servicio de limpieza de los edificios municipales.

IU presentó una moción instando al Ayuntamiento a no renovar el contrato suscrito con el Grupo Abeto, empresa que gestiona dicho servicio de limpieza. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local rechazó esta posibilidad en abril de 2016 alegando que el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria y del plan de ajuste aprobado en 2014 impedía al consistorio recuperar su gestión.

A este respecto, en un ayuntamiento en situación similar al de Mérida en cuanto sometimiento al plan de ajuste, como es el de Zaragoza, el informe del departamento jurídico municipal avaló que el Ayuntamiento recuperase sus servicios privatizados, aparte del ahorro económico que suponía para las arcas municipales.

Y, por otro lado, dos recientes sentencias, la del TSJ de Castilla-León (01241/2017) y la del TSJ de la Comunidad Valenciana (pieza de medidas cautelares 320/17, Auto nº 431/17) acaban de avalar, respectivamente, la remunicipalización del ciclo integral del agua y la gestión directa de tres hospitales.

Programa marco municipal

En esta cuestión, el programa marco municipal electoral municipal del PSOE para las elecciones de 24 de mayo de 2015 establecía que la gestión pública girará en torno “a la defensa de un sistema de servicios públicos de calidad, que basado en la búsqueda de la justicia social, evite además políticas privatizadoras en aquellos servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, y apueste por la protección de los derechos humanos”. Asimismo, se mencionaba también en este programa: “Se garantizará la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento político de la candidatura sobre temas estratégicos y proyectos de impacto social, ambiental o urbanístico en la ciudad, distritos o barrios, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y solidaridad”.