Reducción de jornada
El ‘obstáculo’ catalán a la jornada de 37,5 horas semanales

Mientras una gran parte de la sociedad celebra que el Consejo de Ministros aprobara por fin el anteproyecto de ley de la reducción de jornada semanal a 37,5 horas, los obstáculos para sacarlo adelante en el Congreso tienen acento catalán. En concreto, el reiterado rechazo de Junts per Catalunya a unirse a los votos a favor que se necesitan para que pase el trámite parlamentario. El argumento del partido, con Míriam Nogueras como portavoz en la Cámara Baja, asegura que es porque el cambio en la normativa supone “un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Catalunya”. También ha apelado a que se trata de una norma pactada con el “lobby sindical español” —en referencia a CCOO y UGT— algo que desde este último sindicato rebaten. 

“Más del 85% de los empleados catalanes con afiliación sindical están representados por los firmantes de este acuerdo”, asegura Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, que asegura que, antes la oposición “tan tajante” de Junts, “queremos pensar que es por cómo está el acuerdo y que, en el trámite parlamentario, se pueden añadir posiciones que no están contempladas ahora, como las ayudas económicas para adaptar el cambio”, comenta.

Por su parte, Sergi Perelló, secretario general de Intersindical, asegura que aunque reivindican un marco de relaciones laborales propio en Cataluña, la posición de Junts no les representa. “Nos parece muy mal el posicionamiento de partidos que se oponen a los derechos de los trabajadores”, en referencia al ‘no’ de Junts en este proyecto de ley y asegura que, en su opinión, “no nos vamos a encontrar” en el mismo camino con el partido de Carles Puigdemont. “Queremos capacidad de decisión”, reivindica Perelló, quien asegura a El Salto que no han recibido invitación de reunirse con este partido.

El 30% de los convenios firmados en 2025 (198) en Cataluña han pactado menos de 1.712 horas anuales, menos de 37,5 horas semanales

Quien sí coincide con los argumentos de Junts, además de los de la CEOE, es la principal patronal catalana, Foment del Treball, que en febrero ya dijo que se opondrían a esta ley porque sería una norma general de obligado cumplimiento y que no se quedaría en el ámbito de la negociación colectiva. “España ya cuenta con una jornada máxima dentro de los estándares europeos, y la experiencia de la negociación colectiva ha demostrado ser eficaz para ajustarla de manera flexible”, argumenta la patronal catalana. 

De hecho, al igual que confirmó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, son muchos los convenios en ese territorio que ya tienen una jornada tope de 37,5 horas semanales o incluso menor. Según los datos del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo, el 30% de los convenios firmados en 2025 (198) en Cataluña han pactado menos de 1.712 horas anuales, menos de 37,5 horas/semana. Esto deja ver que todavía el 70% de los convenios que se firman están por encima de esa jornada laboral que se propone.

La patronal de pequeñas y medianas empresas catalana Pimec rechaza el “endurecimiento del régimen sancionador y las nuevas exigencias en materia de desconexión digital”

Aunque los datos avalan de que cada vez más empresas y trabajadores quieren la reducción de plantilla, sigue habiendo argumentos en la patronal a nivel estatal para no aceptarlo de forma generalizada. Desde la agrupación de empresas medianas y pequeñas de Cataluña, Pimec, su presidente, Antoni Cañete, asegura que el cambio de legislación supondría “un incremento insostenible de los costes laborales para las pymes” y denuncian que supondrá un “endurecimiento del régimen sancionador y las nuevas exigencias en materia de desconexión digital”. Pimec exige “mecanismos esenciales para la gestión flexible de la jornada laboral”, como la distribución irregular o las horas extraordinarias. 

Los sindicatos mayoritarios que han firmado el acuerdo para lograr el proyecto de ley desmontan estos argumentos: la elevada implementación de los convenios que ya se sitúan por debajo de esas horas semanales demuestran su viabilidad y animan a los partidos contrarios a proponer medidas en el trámite que mejore la adaptación de la ley al tejido económico. No solo de Cataluña, advierten. “Lo que no entendemos es que los partidos que dicen que votarán ‘no’ —Partido Popular, Vox y Junts de momento— dicen que tiene que ser un acuerdo con el diálogo social tripartito, cuando después de 11 meses ha sido imposible por el enrocamiento de la patronal en no aceptar que el cambio fuera por ley”, dicen desde UGT. Para esta central sindical que la reducción de horas estuviera en el Estatuto de los Trabajadores y no por negociación colectiva era una línea roja. 

“Durante 40 años la jornada no ha avanzado prácticamente nada en muchos sectores”, explica Patricia Ruiz, de UGT

“Durante 40 años la jornada no ha avanzado prácticamente nada en muchos sectores”, explica Patricia Ruiz, que considera que sectores con poca representación sindical o sin fuerza de negociación seguirán con convenios sin reducir de horas como hasta ahora. “En el tema de la negociación colectiva las dificultades no son de territorios o de sectores, porque en todas las comunidades hay alguna provincia que lo tiene y hay empresa de todos los sectores que ya la han aplicado, es la voluntad política”, advierte.

Por su parte, la Intersindical reclama “un marco catalán de relaciones sociales y laborales” para poder decidir no solo sobre acciones que afectan en las condiciones del trabajo si no más allá. Este sindicato recuerda que cuando se aprobó el Salario Mínimo Interprofesional no se tuvo en cuenta que el salario medio de Cataluña ni el elevado precio de la vivienda en la comunidad por lo que resultó una implementación insuficiente. Para UGT, la petición de Junts le recuerda a cuando la jornada en el Estatuto de los Trabajadores pasó de 44 a 40 horas semanales en 1983 y recuerda que que sería “inconstitucional legislar para unos y no para todas”. 

Patronales más enfrentadas o más receptiva con el cambio

Para el economista y profesor universitario Joan Sanchís, “en Cataluña se han hecho muchos estudios y políticas a nivel municipal y autonómico por la racionalización horaria, conciliación, reducción de jornada laboral”, por lo que se muestra sorprendido que el principal freno a este avance provenga de allí. “Se trata de algo que generaba mucho consenso”, explica y considera que, desde su perspectiva, “Cataluña estaba avanzada, con una visión más europeísta”. 

El ejemplo de este avance son organizaciones como Time Use Initiative que convirtió a Barcelona en el epicentro mundial de la racionalización de los horarios, tanto a nivel con mejora de la vida como de la situación laboral. Un avance a valorar pero que desde UGT no consideran que aplique en este momento. “Sí que hay voces sociales en Cataluña que están a la vanguardia, pero de forma empresarial está al mismo nivel que el resto de España”, comenta Ruiz, que pone de ejemplo Navarra, con salarios más altos, jornadas más cortas y con más productividad según el estudio del propio sindicato. “Además tiene empresas con estos datos con una o dos personas”, señala en relación a las pymes, afirmando que la comunidad navarra es perfecta para “desmontar todos los bulos” sobre la reducción de jornada laboral.

UGT pone de ejemplo Navarra, con salarios más altos, jornadas más cortas y con más productividad para “desmontar todos los bulos”

Desde Euskadi —donde el PNV se ha mostrado partidario de apoyar la reducción si se aumentan las ayudas y la flexibilidad para desarrollar sobre todo en empresas pequeñas—, el sindicato ELA también cree Díaz tendrá problemas para tener a la patronal de su lado. La ministra de Trabajo aseguró en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros que le “consta” que muchas patronales no se muestran directamente en contra porque “esta norma está ganada en la calle”. “Tenemos una patronal que cada vez que ha sido conminada a negociar mejoras sociales cierra cualquier opción a la negociación”, indica a El Salto Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de la central sindical que asegura que “no sabemos si las palabras de la vicepresidenta responden a un deseo o a la realidad, pero Confebask no será su aliada para reducir la jornada”. 

Se necesita innovación técnica y organizativa para la ley

Para Joan Sanchís, autor del libro Cuatro días. Trabajar menos para vivir en un mundo mejor, las reticencias pueden solventarse aún en la ley. “Hay que invertir en innovación  técnica y organizativa, algo importante en un país que aún tiene una productividad más baja que en otro países”, explica. En su experiencia y viendo de cerca pilotos en España, Portugal o Reino Unido, hay que acompañar a las empresas y sindicatos en el cambio y no solo con ayudas económicas. “El Estado debería poner recursos que enseñen a trabajar conjuntamente para mejorar los procesos productivos, porque no todo el mundo está preparado para esto”, indica. 

Además de las ayudas y recursos, que se espera que lleguen con las enmiendas al texto aprobado por el Consejo de Ministros y fruto de la negociación con CCOO y UGT, faltaría para muchos expertos resolver el cómo se hará para que su impacto sea positivo. Ya sea en la generación de empleo —con un cálculo de entre 122.000 y 198.000 nuevos empleos más—, en los costes laborales, en aliviar los costes que supondrá —entre 4.200 y 6.800 millones de euros— o en los debates organizativos. Verónica Castillón y Jon Bernat Zubiri enumeran todos ellos: revisión de los horarios de atención al público, limitación de la subcontratación a unidades auxiliares, recurso a la informalidad y empleo sin contrato, contrapartidas de flexibilización interna, riesgo de intensificación del trabajo por tareas y objetivos no ligados a la presencia concreta y, también, la modalidad de aplicación en los empleos de temporada, por señalar los más destacados.

Sea como sea, los sindicatos tienen claro que el avance en la reducción de jornada laboral no debe quedarse en las 37,5 horas semanales. “Entendemos que la negociación debe seguir avanzando hacia las 32 horas semanales y hacia el modelo de cuatro días a la semana, porque allí donde se prueba quieren continuar, tanto trabajadores como empresa”, indica Ruiz, que recuerda que “no hay que perder de vista que esta reducción a 37,5 horas ayudará a mejorar sus condiciones a quien ya tiene menos horas por convenio, igual que pasó con el salario mínimo, un efecto en cadena”, concluye la representante de UGT.