Marca España
A la sombra de la llama olímpica

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 2004 al Estado español por no investigar las denuncias de torturas a los detenidos en la Operación Garzón durante el régimen de aislamiento.

Barcelona 92 por José Hinojosa
Barcelona 92 por José Hinojosa

publicado
2017-11-22 15:29:00

lgunos sectores del independentismo catalán más combativo vieron en los Juegos Olimpicos un escaparate para hacer llegar al mundo su mensaje: “Catalonia is not Spain”. A las manifestaciones y acciones que se dieron durante el recorrido de la antorcha olímpica hasta Barcelona, se sumaba el temor, entre las autoridades del Estado, de que pudiera llevarse a cabo algún atentado terrorista durante las celebraciones. ETA estaba en un momento de actividad plena. Por otro lado, el grupo terrorista catalán Terra Lliure estaba en pleno proceso de descomposición. Una parte se había escindido en el año 1991, optando por la vía pacífica, integrándose en el entorno político de ERC. Otro sector permanecía en la banda, que se disolvería en el 1992 a raíz de la llamada “Operación Garzón”.

La operación policial, dirigida por Baltasar Garzón, se llevó a cabo en las semanas previas a los Juegos Olímpicos, desde el 26 de junio al 14 de julio de 1992, aunque hubo algunas detenciones posteriores. Fueron detenidas cerca de 50 personas vinculadas al independentismo combativo de izquierdas. Si bien algunos miembros formaban parte de Terra Lliure, los menos, la mayoría pertenecían a organizaciones políticas como el Moviment de Defensa de la Terra (MDLT), los Comités en Defensa amb els Patriotes Catalans (CDPC), ERC, Ómnium e incluso periodistas de diarios como El Temps y El Punt. Fue detenida una cantidad de personas que oscila entre 45 y 48 según las fuentes. De ellas, 25 serían juzgadas en el año 1995 por asociación a banda armada, tenencia de armas y explosivos y de munición de armas de guerra, así como de terrorismo. 18 de ellos fueron condenados y, en 1996, tras un indulto promovido por el Gobierno de José María Aznar, quedaron en libertad los últimos.

“Todo el mundo tenía claro que no iba a haber ningún atentado terrorista”, explica a El Salto Pep Musté, uno de los condenados, que pertenecía a Terra Lliure. Sin embargo, la operación se llevó a cabo en aquellas fechas tan señaladas. “Fue una forma de intentar silenciar al movimiento independentista, de generar temor, involucraron a gente que nada tenía que ver con ningún grupo armado”, señala Ramón López, otro de los detenidos en esta operación, integrante del MDLT. “Era una operación que se les fue de las manos, en un primer momento silenciaron lo sucedido y después rectificaron”, comenta Ramón Piqué, quien ahora es presidente de la Asociación Memoria contra la Tortura.

"Fue una forma de silenciar al movimiento independentista involucrando a gente que nada tenía que ver con ningún grupo armado"

Después de las detenciones, familiares, amigos y activistas independentistas se organizaron para denunciar la situación. Los detenidos seguían, en gran medida, en prisión. Habían sido tratados bajo el régimen de aislamiento, por terrorismo. Desde fuera, sus compañeros pedían en diversos actos que acercaran a los presos a las cárceles catalanas. Durante el régimen de aislamiento, que llegó a durar cinco días, los detenidos sufrieron torturas por parte de la Guardia Civil, según denunciaron más adelante. “Me pusieron una bolsa en la cabeza, me golpeaban, me amenazaban con que a mi compañera sentimental le harían lo mismo”, recuerda Ramón López, otro de los detenidos, entonces redactor de El Punt y hoy dirigente de ERC. “Es imposible que, habiendo estado aislados, nuestros testimonios en la declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Garzón fueran idénticos”, relata Piqué.

Las denuncias contra el Estado español por torturas siguieron adelante y, tras ser archivadas por la Justicia española, los independentistas llegaron hasta Estrasburgo. En el año 2004 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por no investigar las denuncias de torturas. El Estado tendría que pagar 8.000 euros a cada uno de los denunciantes y los costes. “Fue una victoria muy emocionante”, dice Eduardo López. “La adaptación al mundo real fue dura, pero eso nos fortaleció para seguir en la lucha”, asegura Ramón López. “Desde la Asociación Memoria contra la Tortura publicamos un manual para denunciar casos de tortura, el Estado no sólo ha practicado torturas contra independentistas, hoy vemos que casos similares ocurren con migrantes en los CIE, por ejemplo”, explica Piqué.

El pasado 18 de julio Garzón visitaba el Parlament, donde algunos de los detenidos en esta operación le entregaron las actas de los juicios con la firma del juez, en las que denunciaban las torturas. “Entonces no se investigaba suficientemente”, se limitó a asegurar Garzón, añadiendo que no tenía competencia para investigarlas. Una página sucia en la historia de la democracia española. Otra más.

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