Laboral
Sindicatos piden la intervención pública en Alcoa ante el ERE que afectará alrededor de mil trabajadores

A grito de “Alcoa se salva luchando” y “Energía, solución”, más de 5.000 personas rechazaron en Ribadeo (Lugo) el pasado domingo 30 el cierre de la planta de aluminio de San Cibrao. La multinacional estadounidense ha convocado un ERE alegando el alto coste de la energía eléctrica en el Estado español y el bajo precio de venta del aluminio. Todo ello, a menos de dos años del cierre y venta posterior de las plantas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter Capital.

Pese a que, según los directivos de Alcoa, los despidos afectarán solo a 534 personas, “se debe añadir a unos 400 trabajadores directos auxiliares que entran todos los días en la fábrica”, apunta Xosé Paleo, presidente del comité de San Cibrao y delegado de la Confederación intersindical Galega (CiG) en Alcoa, quien añade: “Además, hay una serie de talleres alrededor en la zona que, aunque tampoco entren en sus datos oficiales, trabajan para la fábrica de un modo indirecto”,

En la fábrica, se realiza el proceso completo de la producción de aluminio desde que la bauxita (roca sedimentaria con alto contenido en aluminio) sale de la mina hasta que la alúmina se funde. La planta de aluminio pertenece en exclusiva a Alcoa, pero la de alúmina tiene un 40% de participación de una empresa australiana. De 1998 a 2011 la compañía facturó 1.500 millones de euros. En 2018, la empresa registró 200 millones de euros en beneficios y en 2019 quedó un balance positivo en millones de euros, pero con pérdidas en el apartado del aluminio. Para la elaboración del metal se realiza un proceso electrointensivo, que consume energía eléctrica, acarreando el 40% de los costes fijos del producto. 

El Estado español produce casi el triple de energía eléctrica de la que consume, pero las privatizaciones en la gran industria, impulsadas por el PSOE en los 80, complican su regulación en el mercado. En cuanto al precio del aluminio, se cotiza en el LME (Bolsa de Metales en Londres) y “es el mismo para todos”, señala Xosé Paleo.

“La intervención estatal aseguraría los empleos y la actividad productiva, preparar un plan industrial de futuro y que los beneficios del aluminio quedasen aquí”, señala el secretario general de la CiG.

La empresa, ha percibido un total de 38 millones de euros en ayudas públicas por el Gobierno de España para preservar el empleo durante los dos últimos años. Además, en las últimas dos décadas, desde la tarifa G4 hasta la interrumpibilidad, la empresa recibió una cuantía económica de casi 1.000 millones de euros desde que estos mecanismos se pusieron en marcha. La UE ya lo denunció en 2013, considerándolas “subvenciones estatales disimuladas”.

Este instrumento funciona de forma que, a cambio de ingresos millonarios, en tiempos de alto consumo eléctrico, las empresas electrointensivas —que consumen cerca de un 3% de la energía eléctrica estatal— reducirían o pararían su producción con el consecuente descenso en el consumo. 

En cuanto a la rentabilidad de la planta, “Alcoa dispone de una fábrica en Noruega más anticuada y considerada por ellos mismos como 'menos eficiente' que la de San Cibrao. Pero allí no tienen el problema del alto coste eléctrico”, subraya Paleo. Con todo, Alcoa está trasladando su producción a países como Arabia Saudí o Islandia, que ni siquiera tienen bauxita, pero sí unas condiciones económicas menos costosas para la fundición de aluminio.

LA NACIONALIZACIÓN COMO ALTERNATIVA

El Gobierno no aprobó el estatuto electrointensivo al que se había comprometido para regular los precios de la energía y desde la Xunta de Galicia se rechazó la posibilidad de una tarifa eléctrica gallega que rebajase su precio (Galiza exporta un 40% de la energía que produce al resto de España sin recibir beneficios con el coste social y ambiental que conlleva). Por ello, desde los diferentes sindicatos abogan por la intervención estatal en la industria, incluso por la nacionalización del sector. Según el mismo sindicalista de la CiG, “con este contexto de crisis económica acechando, es cuando mejor encajan las intervenciones públicas del Estado”, ya que para Paleo “en la sociedad capitalista en la que estamos nunca se abogaría por la nacionalización de una empresa excepto en situaciones límite como la actual”. 

Después del parón que han sufrido las industrias a causa de las medidas tomadas durante el estado de alarma, prevalece “la necesidad de preservar los puestos de trabajo”, señala Xosé Paleo. “El Estado debe intervernir y ayudar a reactivar la industria después de la pausa”, asegura. Siguiendo lo expuesto por el secretario general de la CiG, Paulo Carril, “la intervención no solo es legal, sino que tiene precedentes en otras fábricas similares en Europa. Permitiría asegurar los empleos y la actividad productiva, preparar un plan industrial de futuro y que los beneficios del aluminio quedasen aquí y no fuesen a engordar los bolsillos de los accionistas norteamericanos”.

Hace menos de dos años, durante las movilizaciones contra el cierre de la fábrica de Alcoa en A Coruña, Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo —entonces diputada en el Congreso por En Marea— denunciaba que en ese momento el deber del Gobierno de España era “ser valiente y enfrentarse a Alcoa, interviniendo desde la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)”, ya que “saben perfectamente que se puede hacer”.

Ante lo planteado por Díaz en el pasado reciente, Xosé Paleo demanda que “cumpla lo dicho”. La fábrica Alcoa ya fue de dominio público, por la Inespal (Industria Española del Aluminio), pero “Felipe González inició el proceso de venta y Aznar lo remató por 400 millones de dólares”, señala Paleo. Además, ante la necesidad del abaratamiento de la energía eléctrica, diversos sindicatos del conjunto del Estado abogan por la nacionalización y dominio público del sectores eléctrico.

Desde la CiG aseguran que “no pararemos de luchar hasta que se arregle la situación”

En cuanto a la importancia de la industria en España, el sindicalista asegura que “un país sin industria es un país sin futuro”. “No se puede vivir sólo del turismo. Para que este exista, tiene que haber poder adquisitivo. Debe que haber producción de riqueza para gastarla en el turismo. Los restaurantes y los hoteles no se mantienen por sí solos. El turismo distribuye la riqueza, no la produce”, argumenta Xosé Paleo.

Tras haber parado la circulación en la autovía del Cantábrico (A-8) y realizado barricadas con neumáticos ardiendo, en cuanto al futuro de las protestas sociales, desde la CiG instan a derrogar la Reforma Laboral de 2012 y aseguran que “no pararemos de luchar hasta que se arregle la situación”. “No nos dejan otro modo de hacerlo”, defiende Paleo.