El entorno de Puigdemont rechaza convocar elecciones y el Gobierno prepara el 155

La presión al PdCat para que retire la declaración de independencia suspendida y convoque elecciones autonómicas llega desde el Gobierno de Rajoy y desde los sectores económicos, que vaticinan una caída del 1% del PIB si continúa la crisis.

Carles Puigdemont Pleno 10 de octubre
Carles Puigdemont en su intervención en el Pleno del 10 de octubre, en una imagen difundida por el Govern.

publicado
2017-10-18 14:36:00

Elecciones autonómicas o declaración de la República. Si hay un Plan C a corto plazo sólo lo saben los estrategas del procesismo. El último día del requerimiento del Gobierno al Govern para aclarar si el día 10 se declaró la Independencia (para después dejarla en suspenso), ha dado la noticia de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a suspender la aplicación efectiva del artículo 155 si el de Carles Puigdemont se aviene a convocar elecciones autonómicas.

Pero en el propio Senado se ve como improbable que el Gobierno de Junts pel Sí recule y convoque elecciones autonómicas. La Cámara Alta, aseguran fuentes consultadas por El Salto, se prepara ya para la aplicación, la próxima semana del artículo 155. Una contingencia prevista desde hace semanas, indican, y sobre las que comienzan a conocerse detalles.

El entorno del president también ha declarado en varios medios que ve improbable que se convoquen elecciones. Raül Romeva, número uno de JxS en las elecciones de 2014 y actualmente conseller de asuntos exteriores ha asegurado en Bruselas que las elecciones no están sobre la mesa.

La suspensión de la Autonomía de Catalunya se hará a través de los Ministerios y no conllevará el nombramiento de otro president del Govern, aunque se despojará a Puigdemont y a todas las consellerias de sus atribuciones. En esas circunstancias, los 30.000 empleados públicos de las consejerías y organismos autónomos pasarían a depender del “Govern 155” salvo caso de desobediencia masiva.

La presión ejercida por el Gobierno no termina en el anuncio de que serán los Ministerios, a través de delegados, quienes intervendrán en los asuntos propios de las administraciones catalanas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido un informe en el que señala que el “shock de incertidumbre” de la situación de conflicto entre los Gobiernos español y catalán supondrá una reducción de entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB en 2018 hasta un máximo de 11.200 millones de euros.

Asimismo, el recuento de empresas que han anunciado el traslado de su sede social fuera de Catalunya sigue creciendo. Los más destacados casos de Planeta, los bancos Caixabank y Sabadell, la agencia de seguros Axa o Catalana Occident, las alimentarias Bimbo, Codorníu o San Miguel o las suministradoras energéticas Agbar o Gas Natural.

La presión se dirige, como ha reconocido el propio Gobierno, a los sectores del PdCat reticentes a la declaración de independencia. En el otro extremo de la cuerda, las Candidaturas d’Unitat Popular dan por hecha la proclamación de la República catalana en los próximos días tras la negativa del Gobierno de Rajoy a aceptar una mediación para el conflicto político.

Y el silencio de las instituciones europeas perdura. Las detenciones de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez ha sido recogida por la prensa pero ni los mandatarios de la UE, ni los presidentes de los Estados miembro, se han movido de la posición fijada por Angela Merkel de que el de Catalunya es un “problema interno” de España.

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