Independencia de Catalunya

Por su parte, el exdiputado de la CUP Pau Juvillà ha informado de que se opone a ser amnistiado y que ha demandado a España al considerar que el Estado vulneró su libertad ideológica y de expresión.

Las partes —fiscalías, acusaciones y defensas— deberán dar respuesta a la norma, valorando si el caso se ubica dentro o fuera. El primer meollo se ubica en los ministerios públicos, por lo que el fiscal general del Estado ha solicitado neutralidad.

El Congreso votará en la sesión de hoy la norma. Dos terceras partes de las causas penales que Alerta Solidària conoce ya han sido archivados o han obtenido sentencia absolutoria.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, les ha llamado a declarar desde Barcelona el 22 de mayo, antes de que se apruebe la ley. Les imputa terrorismo, un delito por el que no podrían ser amnistiados.

Dos días después del preacuerdo de la Ley de Amnistía entre PSOE y Junts, Rodríguez fue imputado por un presunto delito de terrorismo por cubrir una manifestación de 2019. Su abogado advierte de que su imputación vulnera al derecho a informar.

La justicia no encuentra probado que los acusados de un delito contra la autoridad tomaran parte de los disturbios que sacudieron el centro de Madrid en octubre de 2019.

Testimonios y vídeos publicados en redes sociales la noche en que Gallardo fue detenido desmontan la versión reflejada en la resolución condenatoria.

Si no hay más sorpresas, la semana que viene se aprobará una norma que pretende reencauzar a la vía del diálogo el problema político que dio lugar a los procesos judiciales contra el independentismo catalán.

Fue el agente que detuvo a las activistas Paula y Guillem Padilla durante las protestas contra la sentencia del ‘procés’ en vía Laietana.

El Congreso de los Diputados tendrá que volver a discutir la proposición de Ley de Amnistía. La derecha ha votado que no y Junts también la ha rechazado después de ver como caían sus enmiendas.

Los jueces García Castellón y Aguirre se sacan de la chistera dos prórrogas para mantener las diligencias abiertas en sendos casos que no contemplaría la Ley de Amnistía.

El dedo censor de la judicatura conservadora se entromete en el último sprint del trámite parlamentario. El equipo de Puigdemont advierte que todo puede caerse como un castillo de naipes si no se incorporan nuevas enmiendas por “terrorismo”.

Nuevas informaciones permiten conocer el modo de funcionamiento de la conexión político-policial puesta en marcha para desacreditar al independentismo a base de informaciones falsas.

El escenario probable cuando se apruebe la norma será una cascada de ‘cuestiones de inconstitucionalidad’ planteadas por los jueces que se ocupan de las causas, que dejarán en suspensión los procesos (y las amnistías) hasta que el TC las dirima.