Energía nuclear
Retortillo: matrimonio entre especulación y nuclear

En Salamanca llevamos una década sufriendo las consecuencias de la situación creada por una empresa sin escrúpulos que pretende explotar mineral de uranio al oeste de la provincia. La pérdida de masa forestal (1.800 encinas taladas) o el deterioro de la convivencia en Campo Charro se deben a la actuación de Berkeley Minera, filial de una multinacional australiana, que ha puesto sus ojos en esta zona despoblada de la península Ibérica.

Cuando Berkeley comenzó a ver la posibilidad de reabrir la minería de uranio en nuestro país, a mediados de la década pasada, la energía nuclear aún no había sufrido las consecuencias que supuso para esa fuente de energía el desastre de Fukusima. Parecía que el mundo se había olvidado pronto del accidente de Chernóbil y el poder que ejercen los favorables a esa opción energética había conseguido que muchos países decidieran abrir centrales nucleares para el suministro eléctrico.

El precio del uranio en 2007 llegó a su techo alcanzado hasta la fecha, 136 dólares la libra de peso de óxido de uranio. A ese precio sí resultaba rentable explotar minas con escasa riqueza de uranio como ocurre en Salamanca, más de cien veces inferior a otras minas existentes en Canadá o Kazajstán.

Berkeley solicita los permisos pertinentes y la Junta de Castilla y León aprueba en 2013 la Declaración de Impacto Ambiental favorable y en 2014 otorga la Concesión minera del yacimiento de Retortillo-Santidad. Además se pretende tratar el mineral de uranio en una planta de beneficio que se construirá en Retortillo para lo que se necesita el permiso del Ministerio de Industria, ahora de Energía, que lo concede mediante la denominada Autorización previa en 2015. Sólo les faltaba obtener los permisos locales, Autorización de uso excepcional en suelo rústico obtenida en 2017 y Licencia Urbanística del Ayuntamiento de Retortillo de la que aún carece.

La pérdida de 1.800 encinas o el deterioro de la convivencia en Campo Charro se deben a la actuación de Berkeley Minera.

Pero tras Fukusima la situación cambia drásticamente. Las renovables se imponen en todo el mundo y muchos países deciden abandonar la energía nuclear preocupados por la posibilidad real de que ocurran desastres nucleares. 

Los que no quieren enterarse del cambio de rumbo del modelo energético mundial son los directivos de la empresa minera. Al no conseguir "colocar" la mina de Retortillo a ninguna empresa con más experiencia en ese sector, deciden "echarse al monte" y dar la imagen de que Berkeley Minera España S.L. va a explotar los distintos yacimientos mineros sobre los que tienen derechos en el oeste de Salamanca: Retortillo, Zona 7 y Alameda de Gardón. 

Para intentar comprender lo que tiene de especulación o capitalismo de casino el proyecto de Berkeley es indispensable leer el excelente artículo de Irene Martínez y Martin Cúneo publicado en este diario.

Alguien podría pensar que si Berkeley no va abrir la mina de Retortillo, y menos la de Alameda de Gardón (municipio fronterizo con Portugal) o Zona 7 al lado de la población de Villavieja de Yeltes, ¿por qué gastamos tantas fuerzas en luchar contra una empresa que lo único que pretende es enriquecer a los directivos que la manejan?

La respuesta está en el daño que están ocasionando entre la población y el medio ambiente de la zona. Necesitamos urgentemente recuperar la convivencia y el equilibrio natural entre los habitantes del Campo Charro, y para ello es fundamental que Berkeley Minera se vaya cuanto antes de nuestra tierra.

Berkeley ha conseguido dividir a la población mediante la contratación de trabajadores de los pueblos afectados, que además le sirven de escudo frente a la oposición, cada vez más numerosa, a estos proyectos que suponen un peligro real para la salud de los pobladores de la comarca.

Es fundamental que Berkeley Minera se vaya cuanto antes de nuestra tierra.

También se ha dedicado a hostigar a los que nos oponemos a sus pretensiones. Así, en 2016 nos planteó un acto de conciliación al compañero Jesús Cruz y a mí porque decía que les estábamos haciendo perder dinero por nuestra labor en contra de la mina. Nos pidieron medio millón de euros, y en caso de no pagar, nos pondrían una demanda, amenaza que no se cumplió porque sabían que no iba a tener recorrido en sede judicial. Al año siguiente, Berkeley demandó al bloguero Jesús Cruz ante el Juzgado de Ciudad Rodrigo bajo el argumento de que en su blog se vertían infundios y calumnias contra la empresa. El Juzgado de Ciudad Rodrigo archivó esa causa ante la ausencia de fundamento en la demanda presentada. Finalmente este año, tres compañeros de la Asamblea Salamanca Antinuclear han tenido que ir al Juzgado de Ciudad Rodrigo por la rotura de un candado de una finca de la empresa valorado en 45€.

Muchas personas en Salamanca tenemos la determinación de continuar luchando contra la multinacional australiana en defensa de un espacio natural único y de unas gentes comprometidas con su tierra. No vamos a permitir que se abran minas de uranio en Salamanca, ni que se siga deteriorando la convivencia en el Campo Charro. La lucha continuará hasta que Berkeley Minera se vaya de una vez por todas al otro lado del planeta.