Energía nuclear
Y Chernóbil despejó todas las dudas: el peligro nuclear es inaceptable

El 26 de abril se cumplen 32 años del accidente de Chernóbil, que mostró a las claras el peligro de las centrales nucleares. El peligro inherente a la reacción nuclear en cadena, un mal diseño de la central, un experimento de seguridad motivado por las presiones políticas y económicas y una gestión del accidente envuelta en el secretismo dieron lugar al peor accidente nuclear de todos los tiempos, con unos efectos simplemente devastadores: 4,5 millones de personas afectadas, una extensión contaminada equivalente a la tercera parte de España, localizada sobre todo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, una nube radiactiva que viajó por toda Europa y dejó una fina capa de plutonio afectando intensamente a países tan lejanos como Austria, una zona de 30 km de radio inhabitables y decenas de miles de víctimas, cuyo número total aún no ha sido consensuado debido sobre todo al acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para evaluar conjuntamente los efectos de los accidentes nucleares. El OIEA tiene como fin defender el uso civil de la energía nuclear, por lo que se puede decir que la OMS no es un organismo independiente en materia nuclear.

Este accidente acabó definitivamente con la expansión nuclear en el mundo, que ya había sido frenada por el accidente de Harrisburg, y supuso que muchos grupos políticos y países del mundo se posicionaran en contra de esta fuente de energía. En el caso de Alemania, podemos decir que Chernóbil convirtió en antinuclear a la socialdemocracia, que llegó a una acuerdo antinuclear con Die Grünen, mientras que Fukushima lo hizo con la CDU. Italia cerró sus nucleares tras un referéndum celebrado en 1987 y Austria, que había decidido prescindir de las nucleares tras un referéndum celebrado en 1978, se volvió muy beligerante contra esta fuente de energía pues recibió en su territorio una buena dosis de contaminación radiactiva. Quizá por este motivo, el parlamento austriaco votó en contra de la energía nuclear por unanimidad el 9 de julio de 1997. En España, donde el Gobierno del PSOE ya había instaurado la moratoria nuclear, la opinión pública se volvió mucho más antinuclear pero el Gobierno socialista no se atrevió a ir más allá y mantuvo los planes que condujeron a la construcción y puesta en marcha de 10 centrales nucleares. En estos momentos todavía tenemos 7 centrales en operación, lo que supone un riesgo inaceptable.

Tras estos 32 años, seguimos con el debate sobre la energía nuclear abierto y con la industria nuclear languideciendo, resistiéndose a desaparecer. Esta resistencia conlleva el intento de mantener las nucleares en funcionamiento más tiempo del sensato y del que estaba previsto en sus diseños originales, lo que convierte a los reactores en más inseguros y aumenta la probabilidad de que se produzca un accidente. Sólo los intereses económico de las grandes empresas, en países como España firmantes del TNP y sin armas atómicas, y los intereses militares, en países como Francia que fabrican sus propias armas nucleares, explican la continuidad de esta fuente de energía. En España, el mercado eléctrico está hecho a la medida de los explotadores de las nucleares que reciben unos pingües ingresos en forma de “beneficios caídos del cielo” que salen en realidad de los bolsillos de los consumidores. En Francia, China, Reino Unido, Rusia o EEUU existe una cooperación entre las industrias civil y militar y una transferencia tecnológica de una a la otra.

Con la excusa de que el accidente ocurrió por una maniobra errónea, se minimizaba la importancia del accidente de Chernóbil para las nucleares actuales. También se asegura que se han aplicado las lecciones que se aprendieron en el accidente. Sin embargo, este aprendizaje no fue capaz de evitar el accidente de Fukushima, ni otros como el de Tokaimura o de Kasiwasaki-Kawira. ¿Hasta cuándo necesita aprender la industria nuclear para garantizar la seguridad? Señores, somos humanos, no somos ángeles, y es probable que se cometan nuevos errores que pueden dar lugar a accidentes tan terribles como los que hemos sufrido.

Para completar las críticas a la energía nuclear hay que hablar también del problema de la gestión de los residuos radiactivos, para los que no existe solución definitiva, y que genera conflictos sociales como el intento de construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) o los planes de ampliación de El Cabril (Córdoba). No se debe olvidar tampoco lo impactante que resulta la minería del uranio, que genera verdaderas heridas radiactivas en el territorio, que contamina la tierra, el agua y el aire y genera aumentos de cánceres en las poblaciones circundantes. En estos momentos continúa la amenaza de lo que sería una insensata apertura de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) a cargo de la empresa australiana Berkeley.

La Comisión creada por el Gobierno del PP para estudiar la transición energética en España acaba de emitir un informe en el que se dice que la energía nuclear debe seguir funcionando en nuestro país. Se trata de una conclusión decepcionante que se basa en las discutibles afirmaciones de que el cierre de las nucleares aumentaría aún más el precio de la electricidad y que la sustitución de esta fuente de energía aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero. Se insiste en que el precio de la electricidad aumentaría un 25% sin presentar ningún cálculo, mientras que no es probable que el precio subiera más allá del 5%, si no se tomaran otras medidas. Un despliegue de renovables compensaría sin problemas este hipotético aumento. En cuanto a las emisiones de GEI, se puede decir lo mismo: la aportación nuclear al mix se puede sustituir sin problemas por medidas de ahorro y eficiencia y por despliegue de renovables.

El informe defiende también el aumento de la potencia renovable y reconoce la necesidad de una potencia de respaldo en tanto se disponga de las tecnologías de almacenamiento necesarias. Sin embargo, defiende que esta potencia sea aportada por las nucleares en lugar del gas, cuando la primera fuente de energía carece de la flexibilidad necesaria que sí posee el gas. Llama la atención que este grupo de expertos casi al completo, el Gobierno del PP, y otros partidos como Ciudadanos o el PdeCat, y algunas grandes compañías sigan defendiendo la opción nuclear a pesar de sus desventajas. Sólo intereses espurios explican este estado de cosas.

Y llama también la atención que existiendo una tozuda mayoría social antinuclear en España, ésta no se vea reflejada en una correspondiente mayoría parlamentaria. El trabajo antinuclear debe ser dirigido a esa mayoría social para que haga valer sus preferencias energéticas. Se trataría de que el debate nuclear esté de actualidad y figure en las agendas políticas de tal forma que los partidos no tengan otro remedio que escuchar las demandas sociales y tenerlas en sus agendas. El trabajo antinuclear requiere, por tanto, de transversalidad política. Aunque obviamente los partidos más cercanos ya no necesitan ser convencidos y contamos con ellos.