Catalunya
El juzgado rechaza investigar el caso de la infiltrada policial en Girona

El juzgado de instrucción número tres de Girona ha tardado un año y medio en resolver la querella criminal que el activista Òscar Campos y cinco entidades presentaron por el caso de la infiltrada policial de Girona. En tan solo cuatro páginas, la jueza sustituta Maria Teresa Ferrer Costa desestima la querella. La resolución concluye que no hay elementos para entender que la infiltrada inició “forzosamente y en plan de desigualdad” la relación con Campos y que no se aprecia “extralimitación” en las tareas encargadas por sus superiores. Alineada con la Fiscalía, que se opuso a la querella una semana después de la emisión de “Infiltrats” en TV3, la juez no ve indicios de los delitos de tortura y contra la integridad moral, lesiones y revelación de secretos.

Para el abogado Benet Salellas, una de las decepciones más importantes es “la superficialidad” de la resolución ante una querella de cuarenta páginas, que no solo acusa a la infiltrada sino también lo hace a sus superiores. La jueza valida la versión del Ministerio del Interior de que se trata de una “agente de inteligencia” adscrita a la Comisaría General de Información de acuerdo con la “legalidad vigente”, cuando precisamente Salellas denuncia que esta figura no encaja con las actuaciones que representan “una intrusión en derechos fundamentales”.

María, la cuarta policía infiltrada en los movimientos sociales catalanes que destapa la Directa

Redacción El Salto

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Espionaje

Espionaje María, la cuarta policía infiltrada en los movimientos sociales catalanes que destapa la Directa

Redacción El Salto

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La agente de la Policía Nacional, María IT, es la cuarta espía descubierta por el diario. Según revela su investigación, su objetivo habría sido espiar a activistas independentistas, antirracistas y pertenecientes al movimiento por la vivienda.

El escrito reconoce que la infiltrada estableció la relación con Òscar Campos bajo las órdenes de los mandos, pero no entiende que “se iniciara y mantuviera en desigualdad de condiciones” ni que la pretensión fuera “lesionarlo psicológicamente”. Dejando de banda la “pretensión” que interpreta la juez, la querella acredita, a través de un informe pericial, las “secuelas psicológicas en forma de trastorno depresivo y síntomas de estrés postraumático”. A la vez, subraya que las conductas del agente del Cuerpo Nacional de Policía consistieron en “la cosificación” de Òscar Campos a través del “establecimiento de una falaz, engañosa y espuria relación sentimental” e “invaden derechos fundamentales”.

Incluso, durante la infiltración, la agente implicó en la operación a su madre real, dando cobertura a la misión que le habían asignado a su hija. El activista gerundense se alojó en la casa familiar de Palma, donde madre e hija mintieron sobre la actividad laboral de la infiltrada. A partir de entonces, la madre estableció una relación telefónica estrecha con el espiado y su entorno en Girona, con quien compartió momentos íntimos.

El argumento viciado del “consentimiento”

A pesar de que la resolución judicial reconoce que la relación sentimental facilitó a la agente el acceso al ámbito privado de Òscar Campos y a actividades no abiertas, asevera que no hay elementos en la querella para considerar que no había consentimiento. Precisamente, Martí Majoral, portavoz de la organización antirrepresiva Alerta Solidèria, denuncia que la juez lo justifica todo a través de un “consentimiento viciado”, porque la infiltrada consiguió vincularse a colectivos y establecer relaciones personales mediante “el engaño”. Majoral añade que la resolución transmite “que la figura del agente de inteligencia se escapa a todo control judicial y disfruta de facto de impunidad” y que “el amparo global de la infiltración es la persecución del independentismo”.

Uno de los episodios que expone la querella es la participación de la infiltrada en dos reuniones de Òscar Campos con los abogados Benet Salellas y Montserrat Vinyets, el 7 y el 28 de marzo de 2022. En estos encuentros se habló de la estrategia del juicio oral por las movilizaciones del 2018, con motivo del aniversario del 1 de octubre, donde incluso, la policía, bajo identidad falsa, tomó notas de las intervenciones.

Sergio, seis años infiltrado en los movimientos sociales madrileños

Pablo Elorduy

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Policía

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Un agente de policía ha estado desde 2015 infiltrado en movimientos como Distrito 14 y el Movimiento Antirrepresivo de Madrid.

Infiltrados Infiltrados en los movimientos sociales, ¿bajo qué marco legal?

Mientras que la querella lo considera una “intromisión del derecho a la defensa” y apunta a una posible vulneración del secreto profesional y confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, la juez vuelve a utilizar la carta del consentimiento para concluir que no hay indicios de delito: “no contamos con elementos para entender que la mencionada participación en reuniones o actividades no fueran consentidas” y “fue en el marco de la relación de confianza entre la pareja”.

La obtención de información reservada

La jueza no argumenta nada sobre la obtención de información reservada de varias entidades que expone la querella. La policía infiltrada hizo los primeras pasos de su infiltración en La tancada per drets (Encierro por derechos), una movilización que reivindicaba “pan, techo, papeles y trabajo” para los migrantes menores no acompañados. Durante los meses que duró la campaña de la Asociación No Al Racismo de Girona y Salt, la querellada coordinó actividades, se introdujo en los dos grupos de whatsapp de coordinación y tuvo acceso a la documentación compartida, incluida información personal de los jóvenes.

Además, bajo la identidad falsa de Maria Perelló Amengual, participó y obtuvo información reservada de Òmnium Cultural, a través del usuario y la contraseña de Campos como trabajador de la entidad en el proyecto nacional Revoltes. El presidente de la entidad, Xavier Antich, denuncia que esto supone “un delito flagrante de revelación de secretos y contra los deberes cívicos que no podemos permitir”. Antich insiste que estas infiltraciones policiales “vulneran derechos fundamentales” y son “más propias de un estado policial que de un estado de derecho”. Por eso, asegura que “no permitiremos que queden impunes”.

La querella especifica que tuvo acceso a aposentos cerrados con llave, donde hay “documentos políticos de todas las organizaciones que forman parte del ateneo”, “libros de actas” o “listas de socios”

Durante la operación de espionaje, la agente también fue una de las fundadoras del Sindicato de Vivienda Girona y Salt en junio de 2021 y a la vez participó y extrajo información reservada del Ateneo Popular de Girona. La querella especifica que tuvo acceso a aposentos cerrados con llave, donde hay “documentos políticos de todas las organizaciones que forman parte del ateneo”, “libros de actas” o “listas de socios”.

La de Girona era la última querella interpuesta de los cuatro primeros casos destapados por La Directa que estaba pendiente de resolución. Para Silvia Rispau, en nombre del colectivo Girona Infiltrada, “el hecho que la respuesta judicial fuera previsible, no la hace menos mala, sino que pone de manifiesto la absoluta connivencia entre los diferentes poderes del estado para cubrir estos casos que son manifiestamente ilegales aparte de ser inmorales”. Afectadas y entorno continúan exigiendo verdad, esclarecer responsabilidades, reparación y garantías de no repetición. “La cadena de mando no puede quedar impune, con el ministro Marlaska arriba de todo que carga también con la responsabiltiat de asesinatos racistas a la frontera sur y los contratos de armas que permiten el genocidio en Gaza”, añade Rispau.

Ante lo que considera un “cheque en blanco al ministerio”, Benet Salellas asegura que interpondrán un recurso de apelación en la Audiencia de Girona. El caso de infiltración de Ramon Martínez Hernàndez también está pendiente de resolución en la Audiencia de València y el del infiltrado Daniel Hernàndez Pons en Barcelona espera el posicionamiento del Tribunal Constitucional. Así mismo, la demanda por el primer caso destapado por la Directa, el infiltrado Marc Hernàndez Pons, se encuentra también pendiente de resolución en el Constitucional. Todavía se tienen que interponer las querellas por los casos de Belén Hammad Gómez y Joan Llobet Garcia.