Un impuesto a Garoña: movimientos en la sombra

En pleno debate sobre el cierre de Garoña, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, lanzaba una advertencia: si Garoña cierra, esta comunidad autónoma hará pagar un impuesto a las empresas titulares de la central. Un año después, con las instalaciones preparándose para su desmantelamiento, la Junta de ultima el gravamen, con la previsión de que en breve sea aprobado definitivamente en las Cortes regionales.

Garoña acción Greenpeace
Greenpeace ha realizado varias acciones reclamando el cierre de la central. En la imagen, protesta en noviembre de 2008. Pedro Armestre
Ecologistas en Acción

publicado
2018-10-15 06:44:00

El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) no sentó bien a todo el mundo. Y en la Junta de Castilla y León sentó como un tiro. Mejor dicho, en el Gobierno de la comunidad autónoma, que asistía al devenir de los acontecimientos sin poder meter baza, a pesar de que gobierno central y regional estaban ocupados por el mismo partido político, el PP.

Es bien sabido que el PP castellano-leonés es firme defensor de la energía nuclear y siempre apostó por no cerrar Garoña. Tirando de argumentos bastante usados y discutibles, se esforzaba por llamar la atención, a ver si en Madrid les hacían caso. En este contexto de vosotros veréis –por Endesa e Iberdrola– y nosotros también podemos ir por libre –por sus compañeros de partido en el Gobierno de M. Rajoy– lanzaron, como quien lanza un órdago, el anuncio de un impuesto a Nuclenor por el desmantelamiento de Garoña, con el objetivo reconocido por la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, de encarecer el cierre.

Aunque lo pinten de verde…

No es un impuesto ambiental. No lo fue en sus comienzos: se concibió como un intento desesperado de frenar el desmantelamiento de la central burgalesa incrementando su coste; no como un impuesto dirigido a corregir los impactos generados por la energía nuclear en Castilla y León. Pero es que además, el proyecto que se está debatiendo en las Cortes de Castilla y León tampoco cumple con los requisitos necesarios para poder ser considerado como un impuesto ambiental; otra cosa es que pretendan venderlo como tal.

Para poder hablar de fiscalidad verde el impuesto no solo debe fijarse sobre un hecho que provoque un determinado daño ambiental, sino que también debe destinarse a fines que compensen ese impacto. Por ejemplo, modificar las pautas de consumo o incentivar el uso de otras tecnologías. Así que este caso que nos ocupa, una opción sería destinar lo recaudado a influir en la decisión de las compañías eléctricas para no producir energía nuclear. Pero ya sabemos que el origen de este impuesto fue precisamente todo lo contrario.

¿A qué se destinará entonces el dinero recaudado? Según el proyecto “los ingresos procedentes del gravamen sobre las centrales nucleares” –Garoña, no hay más en Castilla y León– “se afectarán a la financiación de los programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de las centrales nucleares”. Es decir, estamos hablando de un plan de reindustrialización que, puede, aunque no necesariamente, cumplir con requisitos de sostenibilidad ambiental. Igual el impuesto ambiental por los daños provocados por el almacenamiento de residuos radioactivos sirve para subvencionar una cantera que arrase con parte del patrimonio natural de la zona o para otorgar contratos a empresas constructoras que poco interés tienen en la protección ambiental. El impuesto no limita de ninguna manera estas posibilidades y, conociendo nuestra región, no podemos descartarlas.

Echando cuentas

Los presupuestos aprobados para la comunidad autónoma calculan la recaudación anual en 10 millones de euros. Según el proyecto la cuota tributaria será de 4000 euros por cada elemento combustible gastado y depositado. Y efectivamente, la cantidad resultante de multiplicar la cuota por los 2505 elementos de combustible de Garoña es de poco más de los 10 millones presupuestados. El desmantelamiento puede costarle a Enresa 480 millones de euros .

Además, hay letra pequeña. Están exentas de pagar el impuesto las entidades públicas y Enresa, (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.) es una empresa pública. Nuclenor está al cargo de los residuos mientras se produce lo que se denomina el predesmantelamiento, que consiste en sacar de la piscina los elementos almacenados para depositarlos en un Almacén Temporal Individualizado (ATI), pero después debe transferir la central a Enresa para que se haga cargo de la gestión y custodia de los residuos radioactivos.

Nuclenor baraja 2019 para realizar las labores necesarias para transferir la central a Enresa. Es decir, que podríamos estar hablando de dos, tres años si hay retrasos, de cobro del impuesto; unos 30 millones de euros. Y esto contando con que no haya ninguna sentencia que anule el gravamen, otro aspecto que parece no estar del todo claro.

En la primera votación en las Cortes de Castilla y León se rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE. Es previsible que en el próximo pleno –a finales de mes– se discutan las enmiendas parciales y se vote definitivamente. Una vez aprobado habrá que ver si Nuclenor lo recurre en los tribunales. Existen muchas posibilidades de que sea así, pero también es cierto que no presentaron alegaciones al proyecto de modificación de la ley. Para el partido socialista puede deberse a la existencia de un motivo oculto que, en su opinión, podría ser convertir Garoña en un almacén permanente. Una amenaza que no suena a nueva en la zona.

Como se puede ver, hay muchos interrogantes sobre la mesa sobre el futuro de este impuesto. Pero también la certeza de que no servirá para garantizar la mejor gestión posible para los residuos almacenados en Garoña. De nuevo, el juego político hace que se lancen cortinas de humo en vez de promover un proceso de desmantelamiento transparente y seguro. Y de paso se utilizan instrumentos destinados a mejorar la sostenibilidad ambiental, para todo lo contrario para lo que fueron creados.

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